Multazo estratosférico: casi 800.000 euros por alquilar ilegalmente una vivienda turística en Ibiza

El Ayuntamiento de Eivissa ha asestado un nuevo golpe contra el alquiler turístico ilegal con la imposición de una sanción de 793.443 euros a la promotora de una vivienda que operaba como alojamiento turístico sin la correspondiente autorización. La Junta de Gobierno Local ha aprobado la desestimación íntegra de las alegaciones presentadas por la propietaria y ha confirmado el expediente sancionador iniciado tras una inspección urbanística.

La actuación se remonta a las inspecciones conjuntas realizadas durante 2024 por agentes de la Policía Local y técnicos municipales de Urbanismo. Durante estos controles, los inspectores comprobaron que la vivienda estaba siendo destinada a uso turístico de forma contraria a la normativa urbanística vigente, una práctica que el Consistorio considera especialmente perjudicial en un contexto marcado por la crisis de acceso a la vivienda.

Tras la apertura del expediente, la promotora presentó un escrito de alegaciones con el objetivo de evitar la sanción propuesta por la administración municipal. Sin embargo, la Junta de Gobierno Local ha acordado rechazar todos los argumentos esgrimidos y mantener la multa en los términos inicialmente planteados.

La decisión supone uno de los castigos económicos más contundentes impuestos por el Ayuntamiento de Eivissa en materia de disciplina urbanística y refuerza la línea de actuación emprendida por el Consistorio para combatir la oferta turística clandestina.

Desde el Ayuntamiento han defendido la firmeza de estas medidas y han advertido de que continuarán intensificando los controles para detectar actividades irregulares. «Quien destina vivienda a uso turístico sin la correspondiente autorización debe tener claro que el Ayuntamiento actuará con firmeza», han señalado fuentes municipales.

El Consistorio considera que el alquiler turístico ilegal tiene consecuencias directas sobre el mercado residencial, ya que reduce la oferta disponible para los residentes y contribuye al encarecimiento de los precios. Además, sostiene que este tipo de actividades genera conflictos de convivencia en las comunidades vecinales y supone una competencia desleal para los establecimientos y viviendas turísticas que sí cumplen con todos los requisitos legales.

La confirmación de esta multa llega en un momento en el que las administraciones de Baleares han intensificado la vigilancia sobre el alquiler vacacional irregular ante la creciente presión sobre el mercado de la vivienda. Tanto el Govern balear como los ayuntamientos de las Islas han reiterado en numerosas ocasiones su intención de perseguir con mayor contundencia las actividades que operan al margen de la normativa.

Llegado a este punto, conviene destacar el mensaje que Ibiza dirige al sector: la explotación turística de viviendas sin licencia puede acarrear sanciones millonarias. La multa de 793.443 euros se convierte así en un nuevo ejemplo de la estrategia municipal para frenar las prácticas ilegales y proteger tanto el acceso a la vivienda como la convivencia ciudadana.