El 'rodillo Sánchez' que Baleares también sufre con la ley de memoria: cuando la voluntad del Parlament estorba
El choque enfrenta la voluntad expresada por el Parlament balear con la intervención del Gobierno central para recuperar una norma (armengolista) derogada este mes de marzo
Sánchez y Prohens, en uno de sus encuentros en el Consolat
La izquierda balear juró revancha política. «Volveremos y la recuperaremos», venían a decir tras la derogación de la Ley de Memoria Democrática el pasado mes de marzo. Pero, ¿para qué esperar cuatro, ocho años, si el Gobierno Sánchez podía pasar el rodillo? Y así ocurrió. Primero anunció que recurriría la derogación ante el Tribunal Constitucional, y después, que solicitaría la suspensión cautelar de una decisión aprobada por mayoría absoluta en el Parlament balear. Es ahí, en la Cámara de las Islas, donde este martes la consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, reveló cómo se las gasta el Ejecutivo central cuando algo no les gusta: «El Estado planteó recuperar la ley por la vía del decreto ley», explicó. Baleares tumbando la ley y Madrid imponiendo una resurrección exprés.
La respuesta del Govern fue inmediata. No. «No había margen para la negociación ni respetaba la voluntad del Parlament», vino a resumir Estarellas. Porque, recordó, la derogación fue el resultado de una decisión adoptada por la mayoría de la Cámara autonómica. Un acto democrático, insistió, y no un «asalto», como había sugerido desde la bancada socialista la diputada ibicenca Pilar Costa.
Precisamente fue Costa quien protagonizó uno de los momentos más llamativos del debate. Su pregunta de control al Govern no se centró en si el Tribunal Constitucional suspenderá cautelarmente la derogación, sino en qué hará el Ejecutivo autonómico cuando eso ocurra. Un matiz relevante, teniendo en cuenta que el recurso todavía ni siquiera ha sido presentado formalmente.
Autonomistas... para lo que les interesa
La respuesta de Estarellas fue institucional. El Govern, dijo, acatará cualquier decisión del Tribunal Constitucional porque respeta la autonomía judicial, aunque pueda discrepar políticamente de ella. A partir de ahí comenzó el choque político.
La consellera reprochó a la izquierda que reivindique constantemente el autogobierno balear, pero celebre sin reservas la intervención de Madrid cuando esta sirve para corregir decisiones adoptadas por el Parlament. Una crítica que posteriormente amplificó el diputado de Vox Sergio Rodríguez. «¿Dónde está la izquierda nacionalista cuando se intenta usurpar los derechos de este Parlament? Aplauden con las orejas», lanzó desde la tribuna.
Rodríguez fue incluso más allá al afirmar que no existe un precedente equiparable en la historia democrática reciente. Recordó que Aragón también derogó su ley de memoria y que el Gobierno recurrió aquella decisión, pero subrayó que el caso balear incorpora un elemento diferencial: la pretensión de recuperar una norma autonómica utilizando mecanismos extraordinarios mientras se cuestiona una decisión adoptada por la mayoría parlamentaria de las Islas.
Al final, la discusión ya no gira únicamente sobre fosas, memoria histórica o reparación de víctimas. El verdadero debate es quién manda cuando una mayoría autonómica toma una decisión que disgusta en La Moncloa.