La calle en Baleares: la histórica agitación que la izquierda sólo activa cuando gobierna el PP

La plataforma Menys Turisme Més Vida logró reunir ayer alrededor de 25.000 personas, que se manifestaron por las calles de Palma para protestar por la carestía de la vivienda y en contra de la masificación turística. La del pasado domingo ha sido la última de una larga lista de movilizaciones masivas que siempre han coincidido con gobiernos del Partido Popular. Los gobiernos de los pactos de izquierda, a pesar de sufrir derrotas electorales clamorosas en 2003, 2011 y 2019, nunca tuvieron que escuchar en las calles eslóganes contra su gestión.

En 1983, los ciudadanos de Baleares eligieron su primer gobierno autonómico al amparo de la Constitución del 78. Gabriel Cañellas ganó aquellos comicios bajo las siglas de Alianza Popular, y se mantuvo en la Presidencia de la Comunidad hasta 1995. Las últimas elecciones a las que se presentó las ganó por mayoría absoluta, pero hubo de dimitir dos meses más tarde por el caso del Túnel de Sóller, un asunto de corrupción que afectaba a la financiación ilegal de su partido. A finales de los ochenta, las organizaciones ecologistas GOB y Greenpeace se movilizaron en favor de la protección del archipiélago de Cabrera y en contra de la base militar allí ubicada. En 1991, Cabrera fue declarada Parque Nacional, el Partido Popular ganó las elecciones por mayoría absoluta y los militares siguieron instalados en el islote como hasta entonces, sin hacer ruido ni molestar demasiado.

Aquellas acciones de protesta fueron el germen de las movilizaciones contra el Govern de Cañellas durante la legislatura que transcurrió entre 1991 y 1995. El ecologismo y la izquierda nacionalista se olvidaron entonces de un antimilitarismo radical que había perdido apoyos entre la opinión pública (el Sí a la permanencia en la OTAN había ganado con holgura en el referéndum de 1986) y centraron su estrategia en la defensa del territorio y de la lengua catalana. Eran dos asuntos, a priori, de naturaleza muy distinta. Sin embargo, esa divergencia no ha impedido que, durante las últimas tres décadas, hayan sido hábilmente mezclados a la hora de movilizar a una parte de la sociedad civil. En 1995, el PP volvió a ganar las elecciones autonómicas, pero perdió la mayoría absoluta.

En la primera legislatura con Jaume Matas al frente del Govern, la olla de las protestas en la calle ya comenzó a bullir con más fuerza. Los partidos de la oposición subieron varios grados la temperatura de sus fogones políticos, y en noviembre de 1998 lograron por primera vez sacar a 25.000 personas contra un modelo de desarrollo urbanístico, y también contra los proyectos de construcción de grandes infraestructuras públicas, precisamente las que hoy se encuentran colapsadas. Unos meses más tarde, Matas se quedó a dos escaños de la mayoría absoluta, se firmó el primer Pacto de Progreso, y la izquierda, por fin, alcanzó el poder en Baleares.

Entre 1999 y 2003 se registró en Baleares una gran paz social, sólo interrumpida por algunas manifestaciones contra la ecotasa convocadas por el sector turístico y empresarial. Esas protestas ni siquiera contaron con el apoyo de los principales medios de comunicación locales. Se consideraron muy minoritarias en comparación con las movilizaciones anteriores en contra de las decisiones adoptadas por los gobiernos autonómicos del centro derecha. La calle estaba controlada. No así las urnas, que al cabo de cuatro años con Francesc Antich presidiendo aquel Govern, volvieron a otorgar la mayoría absoluta al Partido Popular. Algunos vieron en aquel comportamiento electoral un caso paranormal, digno de estudio en Cuarto Milenio.

En la siguiente legislatura, la izquierda volvió a demostrar que se le dan mejor las pancartas que escribir en el BOIB. El 17 de marzo de 2007, alrededor de 50.000 personas salieron a la calle bajo el lema Salvem Mallorca. Se manifestaron en contra de la política territorial y de los desdoblamientos de carreteras. Sólo dos meses más tarde, la izquierda recuperaba el poder en Baleares.

El segundo Pacto de Progreso, liderado de nuevo por Antich, dispuso de otros cuatro años para salvar Mallorca y el resto de islas del archipiélago balear. Fue otra legislatura de paz, concordia y armonía social. Un periodo de tranquilidad y calma chicha en las calles, que culminó en 2011 con una mayoría absoluta aplastante para el Partido Popular, inédita hasta la fecha con semejantes dígitos. La candidatura encabezaba por José Ramón Bauzá batió todos los récords y obtuvo 35 diputados de un total de 59. Casi 200.000 votos, 50.000 más que la suma de todos los sufragios que recogió la izquierda. Aún hoy, nadie se explica dónde se mantuvo entonces escondida esa mayoría silente de ciudadanos que en cuatro años no protestó en las calles, ni hizo pintadas, ni reventó cerraduras.

De la marea verde al sosiego

Bauzá confundió los 35 escaños del PP con un aval para conducirse en el Parlament como si fuera Nerón en el Senado de Roma. Sus decisiones, algunas mal planificadas y otras sencillamente delirantes, le hicieron perder a su partido 80.000 en las siguientes elecciones. Entre medias, sirvió en bandeja a la oposición una excusa para sacar a la calle a 100.000 personas vestidas con camisetas verdes. Las encuestas demoscópicas serias demostraron que muchas de ellas estaban a favor de que sus hijos aprendieran inglés en los colegios públicos, pero en contra de un modo de gobernar que parecía diseñado por los adversarios del PP.

Y así llegaron otros ocho años de sosiego en las calles. Se guardaron en un armario las pancartas, los megáfonos y los botes de espray, para dar paso a una larga tregua social. Se presuponía que, ahora sí, la izquierda había aprendido de los errores del pasado y el Govern estaba en manos de personas dedicadas a salvar Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera. Sin embargo, a pesar de que la ciudadanía, apenas movilizada, parecía estar encantada con la gestión de los gobiernos de Francina Armengol, de nuevo un suceso paranormal hizo temblar las urnas en Baleares. En 2023, el Partido Popular de Marga Prohens volvió a obtener más escaños que toda la izquierda junta. ¿Dónde estaba otra vez toda esa gente descontenta con la gestión del pacto de izquierdas?

Este domingo, 26 de julio, la izquierda ha vuelto a la carga en las calles para tratar de rentabilizar el malestar ciudadano que provocan dos problemas distintos. Por un lado, la dificultad de acceso a la vivienda y, por otro, la masificación turística. Son dos asuntos de naturaleza distinta, aunque conectados por la proliferación del alquiler turístico (curiosamente, un negocio defendido hasta no hace mucho con vehemencia por algunos de los convocantes de la manifestación y del que seguramente se lucran algunos de los asistentes). Como antaño hizo con la defensa del territorio y de la lengua catalana, la izquierda trata de conectarlos para alcanzar masa crítica. O, lo que es lo mismo, lograr suficiente combustible social en plena temporada turística para provocar un vuelco electoral en mayo de 2026.

En esta ocasión, el reto para la izquierda y sus organizaciones satélites es convencer a las 25.000 personas que ayer desfilaron por las calles de Palma, y a otras tantas que se quedaron en sus casas, de que hace tres años, cuando ellos gobernaban, los turistas no eran tantos, ni molestaban, y cualquier trabajador podía acceder a la compra de una vivienda. No parece un objetivo sencillo, porque pasaría por someter a su potencial electorado a un ejercicio de amnesia colectiva. Se trataría de generar un vacío en el tiempo, un paréntesis político, como si los ocho años de Armengol en el Consolat de Mar no hubiesen existido, ni tampoco las 115.000 nuevas plazas turísticas que sus gobiernos autorizaron. En el asunto de la vivienda lo tendrán más fácil. No tendrán que hacer desaparecer las VPO que anunciaron hace once años porque, simplemente, no las llegaron a construir.