La comprensión del PSIB-PSOE con la violencia de la extrema izquierda

Los extremos se tocan. Sin embargo, no siempre llegan al punto de contacto por el mismo camino. La atracción por la violencia que experimentan la extrema derecha y la extrema izquierda se manifiesta de modos diferentes. Según estadísticas e informes oficiales del Ministerio del Interior y de la fiscalía general del Estado, en términos generales, los salvajes que simpatizan con el fascismo suelen operar cometiendo agresiones físicas individualizadas. Organizan ataques selectivos contra personas por su condición sexual, el color de su piel o, simplemente, porque se ven obligadas a vivir en la indigencia. Hablamos de «cacerías urbanas» que se producen en forma de goteo continuo sin un motivo concreto que las provoque. Aunque hay excepciones. En noviembre de 2023, las manifestaciones en la calle Ferraz frente a la sede del PSOE en protesta por la Ley de Amnistía, fueron aprovechadas por facciones de ultraderecha para sembrar el caos durante varias noches seguidas. Y hace ahora un año, en julio de 2025, los graves disturbios racistas de Torre Pacheco repitieron esa forma de comportamiento violento, colectivo y organizado contra migrantes magrebíes.

En el caso de la extrema izquierda y del independentismo radical en España, esa manera de aprovechar violentamente una agitación masiva en las calles no es la excepción, sino el patrón habitual de actuación en estos colectivos. Los ejemplos más claros fueron las dos décadas de kale borroka en el País Vasco, o la violencia vinculada al Procés independentista en Cataluña. Pero ni de lejos la «construcción nacional» ha sido la única excusa de la extrema izquierda para reventar las calles. La hemeroteca demuestra como una protesta pacífica contra la globalización, los desahucios, Palestina, la política agraria de Bruselas, el precio de la vivienda o la masificación turística, también pueden servir como excusa para provocar disturbios en la vía pública.

Esto sucede porque el objetivo último de esas minorías violentas no es el que se describe en la pancarta que encabeza la manifestación, sino atacar un sistema democrático (el que precisamente garantiza el derecho a manifestarse de manera pacífica) porque lo consideran, no sólo un fraude, sino un obstáculo para alcanzar sus fines. Esta es la contradicción que impide al PSOE, un partido con vocación de gobierno, estar en misa y repicando campanas, sorber y soplar al mismo tiempo, cuando 100, 200 o 500 manifestantes (da igual el número) intentan romper un cordón policial y lanzan objetos contra los agentes.

La cifra de violentos es irrelevante porque nadie duda de que la inmensa mayoría de personas que se manifestaron el pasado domingo por las calles de Palma lo hicieron de forma pacífica. El delegado del Gobierno en Baleares, el socialista Alfonso Rodríguez Badal, lleva suficiente tiempo en el cargo como para saber que treinta energúmenos pueden ser suficientes para provocar el caos en una concentración multitudinaria. Si no lo sabe, alguien debería explicárselo. Mismamente Aina Calvo, militante de su mismo partido, que también fue delegada del Gobierno en Baleares y ahora es secretaria de Estado de Seguridad, es decir, la número dos del Ministerio del Interior.

Tampoco parece necesario ser un experto en seguridad para saber que el recinto de Ses Voltes, junto a la catedral de Palma, es un espacio cerrado que, en caso de estampida, se convertiría en una ratonera mortal, con dos rampas anchas por las que intentar correr cuesta arriba, y dos minúsculos túneles, de poco más de tres metros de ancho, en los que no resultaría improbable que alguien pereciera asfixiado. Conociendo esto, apelar a que el recinto no se veía «lleno» cuando los policías recibieron la orden de impedir que entrara más gente, suena a temeridad. Un aforo de seguridad nunca se establece en función de cuántas personas caben físicamente en un lugar, sino de cómo se puede gestionar su evacuación en caso de emergencia. Este es un principio tan obvio que hasta los propios organizadores de la manifestación se dieron cuenta de su error y trataron de enmendarlo. Pero era tarde. Los alborotadores ya habían tratado de romper por la fuerza el cordón policial. Tampoco nadie le debió de explicar esto a Alfonso Rodríguez.

A partir de ahí, los antecedentes y el contexto resultan importantes a la hora de valorar una carga policial. Cuando cientos de manifestantes gritan en la cara de los policías «fuera las fuerzas de ocupación» (un hecho que ha pasado desapercibido en la mayoría de los medios de comunicación, pero no en El Debate), parece evidente que el principal motivo de su protesta deja de ser el precio de la vivienda, o el exceso de turistas, incluso la actuación policial concreta que se está produciendo. «Policía nacional, organismo criminal» o «la policía tortura y asesina» no son eslóganes que se hayan escuchado a menudo en Baleares. Son más bien importados, y el historial de los que corean estas consignas no es precisamente pacífico. Esos son los antecedentes que el delegado del Gobierno y la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, no parecen tener en cuenta a la hora de criticar con dureza la labor de todos los agentes antidisturbios que intervinieron el domingo.

Si hubo policías que se emplearon con una fuerza desproporcionada deberán ser sancionados después de una investigación. Afortunadamente, hay imágenes que recogen los disturbios y que pueden servir de prueba. Leo con satisfacción que Baleares no es el País Vasco, ni Cataluña. Sin embargo, negar que hubo una minoría de desaprensivos que aprovecharon la tensión para unos fines que no tenían nada que ver con los de la protesta, y seguidamente afirmar que el único objetivo de la policía era reventar a porrazos una manifestación pacífica, sitúa a ciertos políticos y periodistas de nuestra tierra en la mejor estela batasuna y de los CDR.