Un ayuntamiento de Ibiza se embolsa la cifra récord de 1,78 millones por una reforma ilegal en una casa protegida

Un municipio de Ibiza acaba de ingresar 1,78 millones de euros de una sola tacada por una infracción urbanística. Se trata de Santa Eulària des Riu, cuyo Ayuntamiento ha conseguido cobrar íntegramente la mayor sanción de este tipo de su historia después de que el propietario de una vivienda acometiera una reforma integral sin la correspondiente licencia y continuara con los trabajos pese a las órdenes municipales de paralización.

Santa Eulària se encuentra en la parte oriental de Ibiza y su término municipal comprende algunos de los enclaves residenciales más cotizados de una isla caracterizada por los elevados precios de la vivienda. El mercado inmobiliario da una idea del contexto: el precio de oferta de la vivienda en el municipio alcanzaba en julio de 2026 los 8.045 euros por metro cuadrado, según Idealista. En Santa Gertrudis, una de las zonas pertenecientes al municipio, la cifra ascendía a 11.148 euros por metro cuadrado.

Es precisamente en este municipio ibicenco donde el Consistorio ha conseguido cerrar ahora un expediente urbanístico sin precedentes en sus arcas.

Una reforma de más de 400 metros cuadrados

El origen de la sanción está en una vivienda situada en las inmediaciones del polígono de Ca na Palava. Los servicios municipales detectaron que se había ejecutado una reforma integral sin disponer de la correspondiente licencia.

No se trataba de unos pequeños retoques. Las actuaciones afectaron a más de 400 metros cuadrados de superficie construida distribuidos en dos plantas e incluyeron la renovación de la cubierta y de las instalaciones, así como el cambio de uso de un garaje de 54,68 metros cuadrados para convertirlo en sala de instalaciones. También se reformó y amplió un anexo de la vivienda principal. El Ayuntamiento estima que el valor conjunto de los trabajos realizados superaba los 544.000 euros.

Las inspecciones municipales descubrieron, además, que la verdadera dimensión de las obras era muy superior a lo que se había comunicado inicialmente. Según la información municipal, bajo la apariencia de actuaciones menores se estaba llevando a cabo en realidad una reforma integral que quedaba fuera de las licencias y comunicaciones previas presentadas.

Una vivienda protegida por tener más de 70 años

Había otro elemento que agravaba considerablemente el expediente. La vivienda es anterior a 1956 y, por ello, está sometida a protección patrimonial de acuerdo con el Plan Territorial Insular (PTI).

Esta circunstancia tuvo un peso determinante en la cuantificación de la multa, puesto que se habían realizado obras no permitidas sobre un inmueble protegido.

A ello se añadió que el propietario no detuvo los trabajos cuando se lo ordenó el Ayuntamiento. Durante la tramitación del procedimiento, los técnicos comprobaron en varias ocasiones que las obras continuaban pese a haberse decretado su paralización provisional.

El expediente acabó así con tres infracciones urbanísticas: una muy grave y dos graves. La combinación de la gravedad de los hechos, el valor económico de la reforma y la protección patrimonial del inmueble disparó la cuantía de la sanción.

De 1,3 a 1,78 millones por no pagar a tiempo

La factura final resulta todavía más llamativa porque los 1,78 millones de euros que acaba de ingresar el Ayuntamiento no corresponden únicamente al importe principal.

De esa cantidad, 1,3 millones de euros son el principal de la deuda. A ellos se han añadido 275.707 euros de recargo de apremio, otros 120.727 euros en intereses de demora y 3.560 euros en costas del procedimiento.

Es decir, el impago en periodo voluntario y el posterior procedimiento de cobro ejecutivo terminaron añadiendo cerca de 400.000 euros a la deuda principal.

El Ayuntamiento ha logrado finalmente cobrarla por completo y cerrar el expediente en vía de apremio, el procedimiento administrativo de cobro forzoso de las deudas que no se satisfacen voluntariamente.