Mallorca muestra su apoyo a Ceuta pero avisa a Sánchez que no acogerá menores inmigrantes

La invasión de Ceuta proyecta consecuencias sobre los territorios que ya soportan una fuerte presión migratoria. Baleares conoce especialmente esa realidad. El archipiélago afronta un flujo sostenido y creciente de pateras desde Argelia y sus sistemas de protección de menores extranjeros no acompañados se encuentran sometidos a una tensión inédita, particularmente en Mallorca y, con mayor intensidad proporcional, en Ibiza y Formentera.

El Govern balear ya expresó la semana pasada su oposición al reparto de menores procedentes de Ceuta. Este miércoles ha sido el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, quien ha rechazado que la isla tenga que asumir nuevas derivaciones. «Nos oponemos al reparto de menores de Ceuta, porque no tenemos recursos. No es una cuestión de solidaridad, sino de capacidad», ha afirmado durante la rueda de prensa posterior a la reunión de su equipo de gobierno, con la que ha abierto el nuevo curso político. En Baleares son los consejos insulares -es decir, los goboernos de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera- los que tienen las competencias sobre la tutela de los menores extranjeros no acompañados. Las cuatro instituciones atendían este verano a cerca de 900 menores, con los centros saturados y recursos de emergencia habilitados para responder al aumento de las llegadas.

Rechazo unánime en el archipiélago

Mallorca se suma así al rechazo que ya había expresado el Ejecutivo de Marga Prohens, pero lo hace desde la institución encargada de buscar las plazas y asumir la atención de los menores que le correspondan. La situación viene condicionada por el crecimiento de la ruta argelina. Hasta mediados de agosto habían llegado de forma irregular a Baleares más de 4.400 personas en más de 230 pateras y embarcaciones semirrígidas. Aunque la Península acumulaba entonces un volumen ligeramente superior de llegadas por mar —5.152 personas—, esa cifra se repartía entre miles de kilómetros de costa de varias comunidades. Baleares contabilizaba 4.433 llegadas en un territorio insular con unos recursos asistenciales mucho más reducidos.

La presión es todavía mayor cuando entre los ocupantes de las embarcaciones hay personas que declaran ser menores de edad y pasan a depender de los sistemas insulares de protección. Las cifras más extremas se registran en las Pitiusas. Formentera, con apenas 12.000 residentes censados, asumía este verano la tutela de más de 200 menores extranjeros, mientras que Ibiza tenía a más de 300 jóvenes bajo protección institucional. El coste conjunto de la red de atención a menores se acercaba además a los 38 millones de euros para los Consells, mientras que las aportaciones estatales cubrían únicamente una parte de ese desembolso.

Es en ese contexto en el que Galmés ha fijado este miércoles la posición de Mallorca ante la crisis abierta en Ceuta. El presidente insular ha asegurado que los centros de la isla están sobresaturados y ha descartado recibir menores procedentes de otras comunidades. Al mismo tiempo, ha querido expresar el respaldo de la institución a la ciudad autónoma. «Ceuta no está sola, Mallorca está con Ceuta», ha afirmado. Galmés participará en la concentración convocada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) frente a los ayuntamientos de todo el país y el Consell iluminará de azul la fachada del Palau del Consell como muestra de solidaridad.

Críticas a Pedro Sánchez

El presidente de Mallorca ha reivindicado además que es «imprescindible» defender las fronteras y la unidad de España y ha responsabilizado al Gobierno central de lo sucedido. A su juicio, la entrada masiva registrada el pasado 31 de julio demuestra el «fracaso» de la política migratoria del Ejecutivo. También ha cargado directamente contra Pedro Sánchez por «irse de vacaciones ante la peor crisis e invasión migratoria» de España.

Las críticas coinciden con las que el Govern balear mantiene desde hace meses ante el aumento de las llegadas desde el norte de África. El Ejecutivo autonómico sostiene que las islas se han convertido en una de las puertas de entrada de la frontera sur europea sin contar con medios suficientes y ha reclamado al Gobierno central la activación de Frontex para reforzar la vigilancia marítima en el canal de Mallorca y en las proximidades de las aguas territoriales argelinas. Ese despliegue requiere una petición del Ejecutivo español que, hasta ahora, no se ha producido.

La ruta desde Argelia tampoco responde ya únicamente a los picos de llegadas asociados al verano. Las organizaciones que operan desde la costa argelina utilizan cada vez con mayor frecuencia embarcaciones neumáticas y semirrígidas de gran tamaño, equipadas con motores de elevada potencia y capaces de trasladar a más de 30 personas por travesía. Esa continuidad explica que el reparto planteado tras los acontecimientos de Ceuta encuentre a las instituciones insulares con sus redes de acogida ya tensionadas por las llegadas que recibe directamente Baleares.