Vox quiere blindar el castellano en el Ayuntamiento de Palma

Vox quiere blindar la libertad lingüística de los ciudadanos en sus relaciones con el Ayuntamiento de Palma y garantizar que puedan utilizar indistintamente el castellano o el catalán cuando se dirijan a la Administración municipal.

Esta es una de las ocho enmiendas que la formación ha registrado a la propuesta de modificación de la Ley de Capitalidad de Palma. Vox plantea que los ciudadanos tengan derecho a ser atendidos y a recibir comunicaciones y respuestas municipales en cualquiera de las dos lenguas oficiales y según su libre elección.

La propuesta obligaría además a todo el personal de Cort a disponer de la capacitación lingüística necesaria para atender a los ciudadanos tanto en castellano como en catalán. El objetivo, según la formación, es que ningún palmesano tenga que cambiar de idioma ni pueda sufrir retrasos o discriminaciones como consecuencia de la lengua que haya elegido.

«Ningún palmesano debe verse obligado a cambiar de lengua para relacionarse con su Ayuntamiento. El castellano y el catalán son oficiales y la Administración tiene la obligación de garantizar que todos puedan utilizar libremente cualquiera de los dos», ha defendido la portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas.

Prioridad a quienes tengan más arraigo

La vivienda es otro de los principales frentes de las enmiendas presentadas por Vox. La formación propone que la adjudicación de las viviendas protegidas y públicas situadas en Palma se realice mediante un sistema de baremación que tenga en cuenta el arraigo «real, duradero y verificable» de los solicitantes.

Entre los criterios que Vox plantea valorar figuran el historial de empadronamiento, la nacionalidad española o residencia legal, los ingresos, la titularidad de otras viviendas y la inexistencia de condenas por determinados delitos relacionados con la vivienda.

La propuesta establece también causas de denegación, entre ellas la falsedad u ocultación de información, la ausencia de documentación obligatoria o el incumplimiento de los requisitos establecidos para acceder a una vivienda pública.

Recurso limitado

«La vivienda pública es un recurso limitado y debe adjudicarse con criterios justos, objetivos y transparentes. Quien lleva años viviendo en Palma, ha construido aquí su proyecto de vida y puede acreditar un arraigo real, debe ver reconocido ese esfuerzo», ha señalado Cañadas.

La portavoz de Vox sostiene que «no puede dar exactamente lo mismo llevar décadas empadronado en Palma que haberse inscrito hace unos meses» y defiende un sistema que favorezca «la estabilidad residencial, la cohesión social y el retorno de quienes mantienen vínculos efectivos y duraderos con Palma, Baleares y España».

Entre las ocho enmiendas registradas por Vox figura también garantizar que las competencias asumidas por el Ayuntamiento de Palma cuenten con la financiación necesaria.