Choque entre Cort y la Delegación del Gobierno por la acampada de Palma

El Ayuntamiento de Palma y la Delegación del Gobierno en Baleares han chocado este jueves por la continuidad de la acampada por la vivienda instalada en la plaza de España. Cort ha reclamado que se actúe «de manera inmediata» para ponerle fin, mientras que la Delegación del Gobierno ha descartado por el momento desmantelarla al considerar que está amparada por el derecho de reunión y que no altera el orden ni los servicios públicos.

El delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez, se ha puesto en contacto este mediodía con el alcalde de Palma, Jaime Martínez, después de que el Ayuntamiento reclamara públicamente la intervención de Delegación.

El Consistorio sostiene que ya ha vencido el plazo comunicado por los organizadores para celebrar la concentración y exige a la Delegación del Gobierno que «asuma sus responsabilidades» y adopte las medidas necesarias para «restablecer la normalidad» en la plaza de España.

Cort recuerda que se trata de un espacio público por el que pasan diariamente unas 50.000 personas y denuncia que la presencia de las tiendas de campaña impide que los servicios municipales desarrollen con normalidad las tareas ordinarias de limpieza y mantenimiento, además de dificultar el uso habitual de la plaza por parte de los ciudadanos.

El Gobierno descarta intervenir

La Delegación del Gobierno, sin embargo, mantiene una interpretación diferente. Fuentes de la institución han señalado a Europa Press que el campamento tiene por el momento carácter «transitorio», está «amparado por el derecho de reunión» y está vinculado a la concentración por el derecho a la vivienda celebrada el pasado lunes.

Según la Delegación del Gobierno, los organizadores ya habían comunicado que aquella movilización podía desembocar en una acampada como la que actualmente permanece instalada.

La Policía Nacional supervisa la situación para garantizar la seguridad ciudadana, pero no está previsto que intervenga mientras la acampada mantenga su actual carácter y no provoque alteraciones del orden público.

Problemas de limpieza y seguridad

El Ayuntamiento también ha advertido de la colocación de banderas y otros elementos en la estatua del Rei en Jaume. Según Cort, para instalarlos habría sido necesario escalar hasta la base del monumento, con el consiguiente riesgo para la integridad física de las personas y la posibilidad de causar daños a la estatua.

«El Ayuntamiento debe prevenir cualquier situación que pueda afectar a la seguridad, salubridad, civismo y convivencia en la ciudad», ha defendido el Consistorio.

Por ello, además de reclamar la actuación de la Delegación, ha pedido a los participantes en la protesta que abandonen la plaza, retiren las tiendas, el mobiliario y el resto de enseres instalados y dejen el espacio en perfecto estado.

Cort asegura respetar el derecho de manifestación y concentración, pero advierte de que su ejercicio «no puede suponer una apropiación del espacio público que incumpla la normativa vigente».

Los acampados se defienden

Desde la acampada rechazan esta interpretación. Uno de sus miembros, Joan Segura, ha asegurado que la Delegación del Gobierno no les ha comunicado ninguna prohibición de permanecer en la plaza porque, según sostiene, la convocatoria fue comunicada «legalmente» y estaría «justificada».

Segura ha afirmado que la Administración tenía conocimiento de que la protesta podía convertirse en «continuada» y «permanente». También ha asegurado que los participantes no pernoctan allí de manera regular, sino que mantienen una «movilización permanente» y se organizan mediante turnos para descansar.

«Es una protesta legal, cumple con la ordenanza de ruidos, la plaza está limpia, organizada, no se han clavado piquetas en el suelo, ni se ha destrozado ningún tipo de mobiliario urbano», ha defendido.

Estas afirmaciones chocan con la versión municipal sobre las dificultades que la acampada estaría provocando para realizar las labores ordinarias de limpieza y mantenimiento.

Segura también ha denunciado supuestas «provocaciones» de lo que ha denominado «elementos fascistas» y ha llegado a afirmar que agentes de Policía de paisano habrían «hurgado en las tiendas». Se trata de afirmaciones realizadas por el activista en las que no se aporta acreditación de estos hechos.