Primer desahucio paralizado en Palma por el decreto Maricarmen

El partido judicial de Palma tenía previstas para hoy jueves tres desahucios. Pues bien, uno de ellos ha sido paralizado debido a las alegaciones que la defensa ha presentado en línea con el 'decreto Maricarmen', según ha confirmado El Debate de fuentes judiciales. Los otros dos, precisan, sí han podido ejecutarse y los moradores han entregado las llaves.

Estas mismas fuentes indican que para este viernes hay otros dos lanzamientos programados, en Palma, y habrá que ver si la comisión judicial ejecuta o se vuelve con las manos vacías como con el caso de hoy, de la calle Illes Pitiüses.

En concreto, el inquilino afectado solicitó la suspensión del lanzamiento alegando que se encuentra en situación de vulnerabilidad y que carece de una alternativa habitacional. Su defensa se ha acogido al nuevo decreto de vivienda aprobado este martes por el Consejo de Ministros, publicado un día después en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y, por tanto, ya en vigor. La norma, bautizada como 'decreto Maricarmen', permite suspender determinados procedimientos de desahucio cuando afecten a personas vulnerables sin alternativa habitacional, como es el caso que centra la noticia.

A la espera del Congreso

El mecanismo obliga a recabar información de la Administración competente en materia de vivienda y servicios sociales para conocer qué recursos tiene disponibles y, en su caso, ofrecer una solución habitacional digna y adecuada al afectado. Si la Administración no responde o comunica que no dispone de esos recursos, el tribunal podrá mantener suspendido el procedimiento hasta que se adopten las medidas necesarias y se garantice una alternativa habitacional.

El real decreto deberá pasar ahora por el Congreso de los Diputados. La Cámara Baja celebrará este viernes un pleno extraordinario para votar su convalidación, mientras el Gobierno busca los apoyos necesarios entre los diferentes grupos parlamentarios.

Consecuencias anunciadas

Esta paralización se produce apenas un día después de que la presidenta de Baleares, Marga Prohens, advirtiera de las consecuencias que, a juicio del Govern, tendrán los dos decretos de vivienda aprobados por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. La dirigente popular hizo hincapié en los pequeños propietarios, que, según los datos esgrimidos por el Ejecutivo autonómico, representan el 96 por ciento de los propietarios de Baleares.

En el caso del desahucio frenado este jueves, las fuentes consultadas no han podido precisar si la propiedad corresponde a un pequeño o a un gran tenedor.

Lo que sí sostienen desde el Govern es que las nuevas medidas pueden terminar contrayendo drásticamente la oferta de alquiler. Prohens considera que cargar nuevas obligaciones sobre los propietarios puede empujar a una parte de ellos a retirar sus viviendas del mercado, agravando precisamente uno de los problemas que el Ejecutivo balear identifica como origen de la escalada de precios: la falta de oferta. La presidenta recuerda que en los últimos 20 años la población de Baleares ha crecido prácticamente un 50 por ciento, mientras que la construcción de viviendas lo ha hecho por debajo del 30 por ciento.

De ahí que Prohens sostenga que los decretos «no van a la raíz del problema» y puedan acabar perjudicando también a los propios inquilinos a los que pretenden proteger. Entre las medidas que más inquietud generan en el Govern figura asimismo la indemnización de 12 mensualidades que, según explicó la presidenta, deberá afrontar el propietario en determinados supuestos de no renovación del contrato. Prohens se ha sumado por ello al llamamiento de Alberto Núñez Feijóo a Junts y al PNV para que no respalden los decretos en el Congreso.