El delegado de Gobierno acunado por Armengol, experto en el 'sanchismo' y en dejar a los pies de los caballos a sus policías

Cuando la hoy Secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, dejó el cargo de delegada de Gobierno en Baleares para irse a Madrid a integrarse en el Gobierno de Pedro, su acérrima enemiga, la hoy presidenta del Congreso Francina Armengol -que ya había sido desalojada del Gobierno balear pero se había convertido en la tercera autoridad del Estado- movió sus hilos en Ferraz y Moncloa para colocar a uno de los suyos en un cargo clave en cualquier comunidad autónoma, como es el representante del Ejecutivo central. Tenía que ser alguien sanchista y a la vez armengolista, y que tuviese un perfil más PSOE que PSIB. Ahí le surgió la oportunidad al hasta hacía pocos meses alcalde de Calvià, el segundo municipio de Mallorca, el socialista Alfonso Rodríguez Badal. Era diciembre de 2023.

Hoy, en octubre de 2026 y con el país centrifugando a mil revoluciones, Badal abandona el cargo "para centrarse en su candidatura a la alcaldía de Calvià». Pretende volver a la silla de la que los ciudadanos le bajaron en 2023 y frente al candidato que hoy gobierna -y según todos los sondeos, volverá a gobernar- el popular Juan Antonio Amengual, un profesional del sector turístico ajeno a la política que en menos de tres años se ha vuelto imbatible en gestión, calle y comunicación. Moraleja: Rodríguez Badal lo tiene crudo pero aún así, ha preferido bajarse del barco sanchista (antes de que se hunda) para encontrar remanso aunque sea desde la oposición municipal.

Natural de Zaragoza -aunque asentado en la isla desde joven- este político ejerció la docencia en distintos centros antes de meterse en la crema socialista. Sólo había que apostar a caballo ganador (entonces) y sumarse a esa corriente armengolista (y por ende, sanchista) de pronunciar discursos buenistas, grandilocuentes y de convivencia -no olvidemos que citó palabras de Nelson Mandela en su toma de posesión- para después gestionar en sentido opuesto: de manera sectaria, partidista, al más puro Ejército de delegados de Sánchez por todo el país.

Cuestionando a los suyos

Sus casi tres años al frente de Delegación dejan polémicas sonadas. La última y probablemente más sonada, la del pasado mes de julio, cuando los agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) tuvieron que hacer frente a una situación de extrema tensión durante la manifestación antiturística celebrada en Palma. La protesta acabó, -según el propio atestado policial que aportó imágenes con drones-, con grupos violentos lanzando piedras, botellas y otros objetos contundentes contra los efectivos desplegados, cinco policías lesionados, un detenido y ocho manifestantes atendidos por los servicios sanitarios. Pero el verdadero incendio político llegó al día siguiente, cuando Rodríguez Badal decidió señalar públicamente a sus propios agentes y calificar algunas de sus intervenciones de «violentas y desmedidas». Una desautorización de enorme calado viniendo precisamente de quien ostentaba la máxima responsabilidad política sobre el dispositivo de seguridad. Porque el delegado no es el bedel sino el responsable de la dirección política de la seguridad en Baleares, y sin embargo, cuando llegaron las críticas de la izquierda -en medios y calles- optó por hacer la anguila y señalar a quienes aquella tarde-noche habían tenido que enfrentarse físicamente a los altercados. «Nos dejó tirados, no dábamos crédito», explican a El Debate fuentes policiales. Un mando nunca ordena una carga sin el consentimiento del Delegado, salvo que la gravedad extrema de la situación obligue a ello. Badal lo sabía y aún así salió a lavarse las manos.

Un día después, la jugada le estalló en la cara. Medio millar de activistas antiturismo se concentraron frente a la Delegación del Gobierno en Palma para exigir precisamente la dimisión de Rodríguez Badal entre esteladas independentistas y consignas como «las calles serán siempre nuestras», «fuera las fuerzas de ocupación» o «la policía tortura y asesina». Fuentes solventes indican a este medio que el Delegado quería que los policías retirasen las vallas como gesto de buenismo progresista (nada que esconder, hermanos). Pero él ya estaba señalado. MÉS per Mallorca exigía abiertamente su dimisión; Podemos se sumaba a la petición y hasta las Juventudes Socialistas de Mallorca reclamaban explicaciones por la actuación policial. Los suyos, desde el PSOE, tampoco le ofrecieron un respaldo incondicional: Mercedes Garrido, secretaria de Coordinación y Relaciones Políticas, exigió una investigación rápida y transparente para esclarecer quién había ordenado las cargas. Mientras tanto, Vicenç Vidal y Gabriel Rufián trasladaban la polémica al Congreso, y MÉS llegaba a condicionar su apoyo parlamentario al Gobierno a la asunción de responsabilidades políticas.

Impasible ante las pateras

Por supuesto, desde la derecha no soltaron la yugular. Nunca la han soltado, de hecho, pero por otro motivo de mayor intensidad en el tiempo y consecuencias en la calle: la inmigración. «El delegado sanchista», como lo denominan en el PP, llevaba tiempo en el punto de mira de los populares por su gestión de la crisis migratoria y el aumento de las llegadas de pateras a las costas baleares. Ya en agosto de 2025, el diputado José Vicente Marí Bosó exigió su «dimisión inmediata» por «incompetencia», después de que, según los datos esgrimidos por el partido, más de 4.100 inmigrantes hubieran llegado en patera hasta entonces (hoy la curva está aún más empinada). «Cada vez que abre la boca, sube el negocio de las mafias», llegó a espetarle el parlamentario, que acusó a Rodríguez Badal de «esconderse», rehuir las explicaciones en el Parlament y el Senado y negarse a dialogar con las administraciones autonómicas. Los populares denunciaban, además, la existencia de 600 vacantes en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Baleares y reclamaban más efectivos, la activación del SIVE de Formentera y la intervención de Frontex.

Precisamente a cuenta de Frontex -la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas- Badal protagonizó otro polvorín. Arrancó un 14 de octubre de 2025, cuando Rodríguez Badal aseguró en el Senado que el Gobierno de España había solicitado en noviembre de 2024 ampliar la intervención de Frontex en la ruta migratoria balear y que esa colaboración se estaba produciendo desde febrero de 2025. Ocho días después, el portavoz de la agencia europea, Chris Borowski, introdujo un matiz decisivo: España no había solicitado ningún despliegue específico de agentes de Frontex en Baleares. Había medios aéreos vigilando pero PP y Vox le acusaron de mentir a la ciudadanía pintando un operativo eficaz que, a la vista de los números, no ha sido ni es tal. Es más, hace una semana, a preguntas de El Debate, el delegado insistió en que Frontex opera en el mar balear «vigilando y rescatando pateras, nunca será un muro para evitar que lleguen desde Argelia».

Tampoco Vox se ha quedado atrás en su azote. El diputado Jorge Campos ha sido especialmente duro señalado una «negligencia consciente» del Gobierno tras denunciar que Interior había ignorado las advertencias de la Guardia Civil sobre el auge de la ruta migratoria argelina. «El delegado del Gobierno debe irse hoy mismo por haber desprotegido nuestras fronteras», exigió Campos, que reclamó explicaciones sobre la falta de medidas preventivas pese a los informes policiales.

Badal se va de Delegación abandonado por propios y ajenos. En Calvià vivirá mejor, aunque sea cabeza de ratón.