Las activistas de la 'kale borroka' antiturismo tiran de victimismo ante el juez e insisten en que la Guardia Civil les presionó

Las dos activistas antiturismo imputadas por el ataque vandálico contra cinco inmobiliarias de Santa Maria del Camí (Mallorca) han comparecido este martes ante el juez con una estrategia centrada en cuestionar la actuación de la Guardia Civil, según recoge Europa Press. Las jóvenes aseguran que los agentes las presionaron durante su detención para que reconcieran su participación en los hechos, unas acusaciones que contrastan con la defensa pública que el propio jefe del Instituto Armado en Baleares, el general Alejandro Hernández, hizo de la investigación. Las investigadas han declarado ante la plaza 12 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Palma, donde han comparecido a petición propia y asistidas por su abogado, Josep de Luis. Se trata de su primera declaración sobre los hechos, después de que, tras su arresto el pasado 15 de julio, se acogieran a su derecho a guardar silencio tanto ante la Guardia Civil como en sede judicial. Ambas quedaron posteriormente en libertad.

Ahora, la defensa trata de poner en entredicho la legalidad del procedimiento policial y abre la puerta a solicitar su nulidad y el archivo de la causa por una supuesta vulneración de derechos fundamentales. Según la versión trasladada por su abogado, las detenidas no pudieron mantener una conversación privada con un letrado tras su arresto, sino que recibieron asesoramiento telefónico mediante un dispositivo con el manos libres activado y en presencia de los agentes.

También sostienen que los guardias civiles las instaron a entregar distintas prendas de ropa presuntamente utilizadas durante los ataques, advirtiéndoles de que, en caso contrario, podrían practicarse registros domiciliarios o prolongarse su detención. Se trata, en cualquier caso, de afirmaciones de las investigadas cuya veracidad deberá determinarse en el procedimiento.

La defensa pretende igualmente cuestionar las grabaciones de las cámaras de seguridad que forman parte de la investigación, alegando que los dispositivos no se limitaban a enfocar las fachadas de los establecimientos, sino que captaban también buena parte de la vía pública.

La Guardia Civil ya defendió la proporcionalidad del operativo

Las acusaciones de las jóvenes chocan con las explicaciones ofrecidas el pasado julio por el ahora General -entonces Coronel- Alejandro Hernández Mosquera, máximo responsable de la Guardia Civil en Baleares, quien respaldó expresamente la actuación de los agentes que participaron en la denominada operación Grafito. «En este caso yo no veo ningún tipo de desproporción, la considero adecuada», afirmó entonces Hernández, quien explicó que las actuaciones policiales tenían como finalidad localizar e intervenir las prendas presuntamente utilizadas durante los ataques y asegurar las pruebas de la investigación.

El general también rechazó las acusaciones políticas que presentaban las detenciones como una persecución del movimiento antiturismo. «Nosotros no perseguimos activistas ni entramos en el debate político. Lo que hacemos son investigaciones policiales sobre denuncias de hechos penales, no hacemos otra cosa», zanjó.

El máximo responsable policial recordó además que los hechos investigados no se reducían a unas pintadas reivindicativas. «Fueron algo más que pintadas; se rompieron cristales con un martillo y se estropearon con pegamentos las cerraduras de los cinco edificios», subrayó, al tiempo que advirtió de la gravedad de los daños ocasionados. Uno de los inmuebles afectados está, además, catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC), circunstancia que añade una posible dimensión penal a los destrozos.