Baleares revoluciona su derecho civil de origen medieval para permitir las 'legítimas' entre cónyuges

Las herencias, los acuerdos económicos entre cónyuges y el trabajo no remunerado en el hogar o en los negocios familiares tendrán una nueva regulación en Baleares. El Parlamento autonómico ha aprobado, con un respaldo casi unánime, una reforma del derecho civil propio del archipiélago, que mantiene normas distintas a las del Código Civil común en determinadas materias. Una particularidad poco conocida fuera de las islas y que tiene, además, sus propias diferencias territoriales ya que no todas las disposiciones que rigen en Mallorca y Menorca son las mismas que se aplican en Ibiza y Formentera.

La reforma, que entrará en vigor dos meses después de su publicación en el Boletín Oficial de las Illes Balears (BOIB), previsiblemente a principios de 2027, ha salido adelante con un consenso poco habitual en el Parlamento balear. La propuesta fue elaborada por el Consejo Asesor de Derecho Civil y registrada conjuntamente por todos los grupos parlamentarios, que acordaron tramitarla por lectura única para agilizar su aprobación. Todos los diputados votaron a favor, salvo los no adscritos Idoia Ribas y Agustín Buades, que se han abstenido.

Una de las novedades más significativas afecta a la llamada «definición», una figura del derecho sucesorio mallorquín documentada desde 1274 que permite anticipar en vida determinados derechos hereditarios. Hasta ahora, este mecanismo estaba previsto en las relaciones entre ascendientes y descendientes, pero la nueva regulación abre la posibilidad de utilizarlo también entre cónyuges y determinadas parejas estables. En la práctica, permitirá acordar en vida el pago de la legítima, es decir, la parte de la herencia que la ley reserva a determinados familiares, sin tener que esperar al fallecimiento.

La medida busca evitar futuros conflictos sucesorios, especialmente en familias reconstituidas, donde pueden concurrir hijos de diferentes relaciones. La posibilidad de resolver anticipadamente determinadas cuestiones hereditarias pretende dar mayor seguridad a quienes comparten un proyecto familiar, aunque sus vínculos y circunstancias no siempre encajen en el modelo tradicional de matrimonio.

La reforma también introduce cambios en los capítulos matrimoniales, que podrán formalizarse tanto antes como después de la boda. En el caso de los acuerdos prenupciales, estos solo producirán efectos una vez celebrado el matrimonio, siempre que el enlace tenga lugar en el plazo máximo de un año desde su otorgamiento.

Otra de las novedades afecta a las relaciones económicas dentro del matrimonio. La nueva regulación refuerza el deber de información entre los cónyuges y reconoce expresamente el valor del trabajo dedicado al cuidado de la familia, así como la colaboración no remunerada en la actividad profesional o empresarial del otro miembro de la pareja. Se trata de dar cobertura jurídica a situaciones habituales en las que uno de los cónyuges contribuye al patrimonio familiar sin recibir una remuneración directa.

Cuatro islas, dos tradiciones jurídicas

La reforma también refleja una de las singularidades del derecho civil balear como es la convivencia de distintas tradiciones jurídicas dentro de una misma comunidad autónoma. El texto incorpora modificaciones aplicables a Mallorca y Menorca, junto a otras específicas para Ibiza y Formentera, respetando las particularidades históricas de cada territorio.

Durante el debate parlamentario, los grupos han coincidido en destacar la importancia de actualizar una legislación de profundas raíces históricas sin renunciar a sus características propias. Desde el PP, Cristina Gil ha agradecido el trabajo desarrollado durante años por los consejos asesores de derecho civil de las distintas islas. A su juicio, el acuerdo alcanzado «demuestra la madurez jurídica de una comunidad que entiende su historia y reivindica su capacidad de autogobierno».

Por su parte, la diputada de Vox Patricia de las Heras defendió la reforma como «un acto de coherencia y de patriotismo» que permite preservar las particularidades jurídicas del archipiélago. «Es una arquitectura que respeta lo que somos, cuatro islas, dos tradiciones, una ley», resumió. La parlamentaria reivindicó especialmente la libertad de pacto entre los cónyuges como uno de los principios fundamentales de la nueva regulación.

La izquierda, en cambio, ha añadido matices. La socialista Pilar Costa plantea aprovechar los dos meses previos a su entrada en vigor para avanzar en el desarrollo del derecho de habitación, una figura jurídica que, a su juicio, podría resultar útil para facilitar el acceso a la vivienda. En una línea similar, el portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, reclama que el Consejo Asesor de Derecho Civil disponga de recursos suficientes para continuar modernizando la normativa durante las próximas décadas. «Presupuesto, encargos y personal, no solo agradecimientos».