El alcalde socialista de Mahón mete un sablazo a los propietarios de cuatro casas vacías subiéndole el IBI hasta un 150%

El alcalde socialista de Mahón, Héctor Pons, que este verano endureció las restricciones de agua hasta prohibir el lavado de vehículos y anunció el uso de contadores inteligentes para detectar posibles incumplimientos, se suba ahora a la ola de la vivienda y anuncia que le subirá el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a los dueños de cuatro o más viviendas que permanezcan, al menos una de ellas, vacías de manera permanente y sin justificación durante más de dos años. El 'sablazo' llega hoy al pleno municipal mediante una modificación de la ordenanza fiscal que contempla un recargo inicial del 50 % sobre la cuota líquida del impuesto. La penalización podrá elevarse hasta el 100 % cuando el inmueble acumule más de tres años desocupado. La propuesta también prevé un recargo de hasta el 150 % para los propietarios que tengan dos o más viviendas en esta situación dentro del término municipal.

La subida llega, además, mientras el gobierno municipal da marcha atrás en su compromiso de reducir el impuesto en 2027, tal y como había acordado con el Partido Popular. Ahora, el socialista se alía con la izquierda nacionalista de Ara Maó para sacar adelante el 'sablazo' fiscal.

Lo que aún sigue en el aire es cúando comenzará a aplicar estos recargos y qué mecanismos utilizará para determinar qué viviendas permanecen realmente desocupadas.

Pons aparca la rebaja fiscal pactada con el PP

La penitencia tributaria no queda ahí. Pons también aplaza la rebaja de un punto adicional del tipo general del IBI que había comprometido para 2027, también con el PP en agosto de 2025. Entonces, los populares facilitaron la aprobación del plan de ajuste económico que necesitaba el Ayuntamiento a cambio del compromiso de reducir un punto el impuesto en 2026 y otro adicional en 2027.

Ahora, a un mes de las elecciones nacionales, el equipo municipal se zambulle en el relato de la izquierda de penalizar todo lo que sea posesión de viviendas y defiende que la segunda reducción deberá esperar "hasta que el presupuesto municipal se encuentre debidamente equilibrado», sin establecer una fecha alternativa para cumplir lo acordado. Según los socialistas, las cuentas municipales tendrán que soportar un incremento significativo del gasto durante el próximo ejercicio debido a la aplicación del nuevo plus de insularidad a los empleados públicos y el encarecimiento de los suministros y contratos municipales como consecuencia de la inflación.

Del control del agua a la penitencia fiscal

No es la primera vez que el alcalde socialista de Mahón, Héctor Pons, recurre a medidas restrictivas para afrontar un problema municipal. El pasado julio, en plena sequía, el Ayuntamiento prohibió lavar vehículos, llenar o vaciar piscinas y regar césped ornamental. Las limitaciones llegaron incluso a impedir la limpieza de terrazas con mangueras conectadas a la red de abastecimiento.

Pero lo más llamativo de aquella batería de prohibiciones fue el sistema de vigilancia anunciado por el propio alcalde. Pons advirtió de que el Consistorio utilizaría los contadores inteligentes para detectar consumos de agua incompatibles con las restricciones y actuar contra los vecinos que incumplieran las normas.

«Si detectamos que alguien utiliza agua para regar o para limpiar vehículos, se le reducirá el caudal de forma individualizada», llegó a advertir el primer edil. La amenaza de limitar el suministro se sumaba a otras restricciones que ya estaban vigentes, como la prohibición de utilizar agua de la red para limpiar embarcaciones o la moratoria para construir nuevas piscinas.