El SOS de la propiedad privada bajo la «tríada del miedo»: inquiokupas, okupas y vulnerables

«Este acto es una llamada de auxilio». Con esta advertencia ha arrancado este miércoles su intervención Fausto Oviedo, presidente de la Asociación pro Derecho a la Propiedad Privada Inmobiliaria de las Illes Balears (APDP), ante los juristas, economistas y profesionales del sector reunidos en el Colegio de Abogados de Baleares con motivo de la jornada «La vivienda, un derecho justo». Oviedo ha denunciado el progresivo debilitamiento del derecho a la propiedad privada en España y ha advertido de que las sucesivas reformas legislativas, las dificultades para recuperar una vivienda y el alcance de las medidas de protección social han generado una situación de inseguridad jurídica que afecta directamente a los propietarios. «Lo que los ciudadanos creen que es suyo, ya no lo es tanto», ha afirmado.

Oviedo ha comparado la situación actual con la de 2007, cuando la asociación organizó un encuentro similar para abordar las políticas de vivienda y la convivencia entre el derecho a una residencia digna y el derecho a la propiedad privada. A su juicio, la evolución de las últimas dos décadas evidencia un cambio sustancial en el tratamiento jurídico de los inmuebles, especialmente a partir de las medidas extraordinarias aprobadas durante la pandemia. «Se nos venía un auténtico tsunami, un tsunami de proporciones bíblicas», ha señalado para describir el escenario que, según ha explicado, ya anticipaban desde la asociación. El presidente de la APDP ha cuestionado el recurso continuado a los decretos para introducir modificaciones en materia de vivienda y ha defendido que una regulación de esta trascendencia requiere mayores garantías parlamentarias.

«Decretar no es legislar», ha sostenido, al tiempo que ha criticado la interpretación de la función social de la propiedad y su incidencia sobre las facultades reconocidas en el artículo 33 de la Constitución.

La tríada del miedo

Uno de los principales ejes de su intervención ha sido lo que ha denominado la «tríada del miedo», integrada por la ocupación ilegal, la inquiocupación y las situaciones de vulnerabilidad. Oviedo considera que la extensión de estos fenómenos, aunque responden a circunstancias y regímenes jurídicos diferentes, ha alterado la relación entre propietarios y ocupantes de viviendas. «De pronto nos hemos acostumbrado a hablar de okupas, a hablar de inquiokupas como si nada», ha lamentado. A esta situación ha añadido las dificultades derivadas de la saturación judicial y de la duración de los procedimientos de desahucio, que, según ha advertido, pueden prolongarse durante años. «Existen unas prácticas dilatorias, existen unos procedimientos eternos, existen mil requisitos procedimentales», ha enumerado, antes de señalar que la incertidumbre sobre la recuperación de un inmueble constituye uno de los principales factores que disuaden a los propietarios de incorporarlo al mercado del alquiler.

Oviedo ha insistido, además, en que las obligaciones económicas asociadas a la propiedad no han disminuido pese a las restricciones que afectan a su utilización. Hipotecas, tributos, gastos comunitarios, derramas y actuaciones de conservación o rehabilitación continúan recayendo sobre los titulares de los inmuebles, incluso cuando se producen impagos. La losa no desaparece para el dueño. El presidente de la APDP ha situado en 52.000 millones de euros anuales la carga tributaria vinculada al sector inmobiliario, según los datos expuestos durante su conferencia, y ha cuestionado que este esfuerzo no se considere suficiente para dar cumplimiento a la función social de la propiedad. También ha criticado las penalizaciones sobre las viviendas desocupadas y las limitaciones de las rentas, al entender que pueden provocar una reducción de la oferta disponible. «¿Quién alquila hoy en día un piso? ¿A quién? ¿Cómo?», ha planteado, antes de sostener que las medidas adoptadas para facilitar el acceso a la vivienda están teniendo, en determinados casos, el efecto contrario. «Cuando algo no es justo, no funciona. Lo que no es proporcionado, lo que no es recíproco, no funciona», ha resumido.

Las Administraciones no construyen

Frente a las políticas centradas en regular el parque residencial existente, Oviedo ha defendido la necesidad de incrementar la construcción de viviendas, tanto de promoción pública como privada. En su opinión, el origen de la crisis de accesibilidad se encuentra fundamentalmente en la insuficiencia de oferta, por lo que ha rechazado que se atribuya la responsabilidad a quienes adquirieron legalmente sus inmuebles. «El problema de la accesibilidad a la vivienda no es un problema del que ya la tiene. Es culpa del que no la ha hecho», ha afirmado. Asimismo, ha reclamado revisar los criterios de determinadas promociones públicas para priorizar la accesibilidad económica y evitar equipamientos que considera innecesarios. «No puede culpabilizarse, trasladarse la responsabilidad siempre única y exclusivamente al propietario», ha insistido.

El presidente de la APDP ha querido precisar, no obstante, que sus críticas a la regulación de la vulnerabilidad no implican un rechazo a la protección de las personas que atraviesan dificultades económicas. «Hay mucha gente que es vulnerable por desgracia», ha reconocido, tras asegurar que conoce personalmente situaciones de precariedad y que considera imprescindible reforzar las ayudas públicas. «Yo quiero toda la ayuda posible hacia los vulnerables», ha manifestado. Su discrepancia se centra en quién debe asumir el coste de esa protección: a su juicio, corresponde a las administraciones garantizarla mediante recursos y políticas sociales, sin trasladar esa responsabilidad al propietario particular. «Sí es posible revertir y recuperar el derecho a la propiedad privada», ha concluido, reclamando una revisión del marco normativo vigente.

El presidente de la asociación también ha rechazado que el debate sobre la crisis residencial identifique de forma generalizada a los propietarios con grandes inversores o especuladores. Para defender la legitimidad de la inversión inmobiliaria como destino del ahorro familiar, ha recurrido a su propia trayectoria como futbolista profesional. Durante su etapa en el Atlético de Madrid, ha relatado, residía en una pensión donde compartía habitación y, posteriormente, ya en Mallorca, pasó varios años compartiendo piso hasta que pudo adquirir su primera vivienda. «El primer día que me pude comprar un piso, le dediqué el cien por cien de mi salario», ha recordado. Con el tiempo, continuó invirtiendo sus ahorros en inmuebles, una decisión que ha reivindicado frente a lo que considera una creciente estigmatización de la propiedad. «¿Me tengo que avergonzar de tener pisos? ¿Me tengo que avergonzar de querer sacar un rédito a mi propiedad y a mi ahorro?», ha preguntado. En este sentido, ha defendido que numerosos ciudadanos, entre ellos deportistas profesionales con carreras laborales relativamente cortas, han encontrado tradicionalmente en la vivienda una fórmula legítima para preservar su patrimonio.