El sector aéreo rechaza el relato del «error humano» de Puente: «Eso es socavar la seguridad a largo plazo»

El sector aéreo ha cerrado filas con los profesionales ferroviarios tras la tragedia de Urda y ha cuestionado un enfoque de la investigación centrado en el «error humano», después de que el ministro de Transportes, Óscar Puente, señalara precipitadamente la actuación de los operadores. Representantes de SEPLA, ENAIRE, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) y distintas compañías han coincidido este martes, durante la mesa redonda «Un accidente, múltiples perspectivas: reconstruyendo los hechos» - celebrada en el 38º Congreso Nacional de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) en Palma- en rechazar el señalamiento público de un trabajador, máxime cuando no habían pasado ni dos horas del accidente.

La controladora aérea de ENAIRE Carolina Martín ha advertido del efecto que puede tener sobre los trabajadores verse en el centro de la diana por un error antes de que se conozcan todas las circunstancias del accidente. «Si tú sabes que te están grabando, que has tenido un error y que eso te puede llevar a que la opinión pública lo use en tu contra, pues ya a lo mejor no vas a ser tan honesto, humilde o vas a intentar encubrirlo como sea», ha señalado. Una situación que «va en contra de lo que es la cultura de seguridad, la cultura justa», ha añadido. Martín ha recordado que los profesionales trabajan sin estar pendientes de que sus conversaciones puedan acabar difundidas y ha alertado de que el miedo a las consecuencias puede llevarlos a ocultar fallos en lugar de notificarlos. Precisamente lo contrario de lo que persiguen los sistemas de seguridad, que necesitan conocer los errores para corregirlos antes de que provoquen otro accidente.

Anel González, piloto e investigador de accidentes de Vueling, ha puesto el foco en las víctimas y sus familiares, que apenas unas horas después de la tragedia pudieron escuchar las conversaciones de los profesionales implicados. «Me parece algo completamente antiético», ha denunciado. También ha reclamado que se respete «la presunción de inocencia de los trabajadores que estaban ahí» y su «derecho a un procedimiento con garantías», además del «derecho al honor» y a la propia imagen. González ha insistido en que la investigación técnica debe estar especialmente protegida y ha pedido que se adopten medidas para impedir nuevas filtraciones. «Es una detrás de otra», ha lamentado al enumerar los derechos que considera vulnerados, antes de expresar la condena de SEPLA a la difusión de estas grabaciones.

Las críticas de ambos, junto con las de los representantes de ENAIRE y AESA, han aumentado al sumar el hecho de la filtración interesada de las conversaciones entre el centro de control de Atocha y los maquinistas implicados en el siniestro, incluido uno de los fallecidos. Los participantes han advertido de las consecuencias que puede tener convertir unas grabaciones destinadas a esclarecer las causas de un accidente en material de exposición pública.

«Eso es socavar la seguridad a largo plazo, es socavar la confianza que tienen los profesionales de primera línea en el sistema», ha señalado tajante David Oliver, jefe del Departamento de Promoción y Cultura de Seguridad de ENAIRE, al referirse a la difusión de las grabaciones apenas unas horas después del accidente. «Es inaceptable que a las dos horas de que haya ocurrido ese trágico accidente salga a la luz pública un fragmento de una conversación» que debería estar especialmente protegida, ha denunciado. Oliver ha recordado que estas comunicaciones constituyen una de las principales fuentes de información para esclarecer los sucesos y que su utilización debe estar sometida a estrictas garantías de confidencialidad. «Cuando yo hablo de cómo investigamos, estoy hablando de recopilar toda la información y parte de la información más valiosa son esas conversaciones, esas grabaciones entre, en nuestro caso, piloto y controlador», ha explicado.

Oliver ha advertido de que una investigación no puede quedarse en el error de un trabajador, sino que debe llegar al fondo de lo ocurrido. «Se trata de pasar de ese relato a los hechos objetivos» para identificar «las causas subyacentes», porque «solamente atacando todas esas causas se pueden pensar en acciones realmente efectivas para que no vuelva a ocurrir». Una tesis que choca con el relato que Puente trató de instalar en la opinión pública desde el minuto uno.

La ley y las filtraciones

Un relato basado en unas grabaciones de voz filtradas a algunos medios de comunicación. Al respecto, Oliver ha explicado también que la Ley de Seguridad Aérea recoge los principios de cultura justa y protección de las fuentes de información. ENAIRE cuenta con un procedimiento específico que restringe el acceso físico y lógico a las grabaciones y establece «una trazabilidad de quién puede tener acceso, en qué casos muy tasados puede tener acceso, con qué fines puede tener acceso a las grabaciones y qué uso puede hacer». Sólo determinados perfiles están autorizados a consultarlas, principalmente para investigar incidentes y accidentes, aunque también pueden utilizarse para supervisar aspectos operativos como la fraseología. El responsable de ENAIRE ha insistido en que el procedimiento «en ningún caso contempla este tipo de lamentables hechos que hemos presenciado todos».

Desde la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), José Luis Lozano ha sido igualmente contundente: «La protección de la información es algo innegociable en el ámbito de la mejora de la seguridad». Ha recordado que la legislación española establece una protección específica para las grabaciones de voz y las comunicaciones aeronáuticas, también recogida en el marco normativo de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). Lozano ha advertido de que la difusión de estas conversaciones perjudica la confianza de los profesionales en los sistemas de investigación, que dependen en buena medida de la información que ellos mismos facilitan. «Este tipo de eventos no ayuda a generar la confianza que requiere el sistema para mejorar», ha señalado, al insistir en que los registros de voz se encuentran entre las fuentes de información que cuentan con mayores garantías de protección.