El trabajo «sucio» de limpiar la Plaza España, una tarea delegada por el Gobierno al Ayuntamiento de Palma

Está la cosa tan loca en la calle y en las redes sociales que tenemos que regresar al parvulario de la ciencia política para repasar algún concepto básico. Se hace necesario porque algunos no dejan de apelar a los valores democráticos mientras horadan el sistema desde dentro. La democracia no es más que un sistema de convivencia. Se puede manosear la palabra todo lo que se quiera, pero, en esencia, la democracia es una forma de organizar la vida social de personas con ideas e intereses distintos. Pensar que, simplemente, es un método para elegir gobernantes, es como decir que un avión son sus alas. Un avión necesita alas para volar… y algunas cosas más. La democracia precisa del voto libre en unas elecciones limpias… y de algunas cosas más. Por ejemplo, la neutralidad del espacio público.

Sobre esa neutralidad escribimos ya hace años, cuando el mundo abertzale radical secuestró las plazas de los pueblos y ciudades del País Vasco y las empapeló con los rostros de sus gudaris, patriotas condenados por asesinar a personas que no pensaban como ellos. Hubo que insistir más tarde, cuando el independentismo catalán invadió las playas, los parques y las playas de lazis amarillos. En Cataluña, durante el prusés, se apedreaban comercios y se hacían pintadas amenazantes contra las personas que se consideraban españolas. A diferencia del País Vasco, allí no existía un primo de Zumosol (ETA) que se dedicara a poner bombas y a agujerear cabezas a balazos, así que una parte de la ciudadanía superó el miedo y se rebeló contra la imposición del lazi amarillo. Unos los ponían y otros los quitaban. Primero, llegaron los insultos entre los partidarios y los detractores del prusés. Luego, llovieron los golpes. Es lo que sucede cuando desaparece el Estado, que sobreviene el caos.

El martes por la noche, la Policía Local de Palma procedió al desalojo de la plaza de España. Los acampados llevaban 37 días ocupando un espacio público cuya limpieza y mantenimiento pagamos a escote todos los contribuyentes. La inmensa mayoría defendemos, al igual que los activistas, el derecho a una vivienda digna. Muchos también propugnamos que se reduzcan las listas de espera en la sanidad pública, que se dediquen más recursos a la educación para garantizar una auténtica igualdad de oportunidades, y que los ciudadanos se puedan subir a un tren sin miedo a morir atrapados en un amasijo de hierros. Podríamos añadir el derecho a una infancia feliz, el fin de la corrupción, de las guerras en el mundo, del tráfico de armas, de la explotación sexual… Todas me parecen causas justas y, sin duda, mucho más sensatas que la independencia de unos territorios que gozan de altísimos niveles de autogobierno. Sin embargo, cuando hablamos de ocupar indefinidamente el espacio público, la cuestión no estriba en medir la bondad de la reivindicación, sino en el respeto por la Ley.

Ley también son las ordenanzas municipales debidamente aprobadas por el Pleno de un Ayuntamiento. Son las que obligan a un restaurador a medir bien el espacio público que ocupa su terraza, y por el que paga una tasa. Son las que obligan a todos los vecinos a depositar su basura en los lugares habilitados para ello, a determinadas horas y/o en determinados días. Si nadie cumpliera esas y otras ordenanzas, la convivencia sería imposible. Ahora imaginen que el dueño de un restaurante se entera de que su hijo pequeño tiene cáncer y precisa de un tratamiento que sólo se administra en una clínica en el extranjero. Por tal motivo, necesita aumentar su recaudación y decide poner diez mesas más en la calle. No se me ocurre causa más bondadosa que salvarle la vida a un hijo, pero impedir que los vecinos usen la acera no puede ser la solución.

El derecho de reunión no es absoluto, como no lo es el de manifestación, ni la libertad de expresión. Si incluso el derecho a la vida tiene límites, ¿cómo vas a poder instalarte donde te dé la gana, y el tiempo que te dé la gana, sin que nadie te diga nada? Este razonamiento no va con la extrema izquierda, ni con la extrema derecha, porque son ideologías que defienden una democracia «a beneficio de inventario», es decir, cuando les conviene para alcanzar sus objetivos. De ahí el tonteo permanente del fascismo y del comunismo con el ejercicio de la violencia por parte del «pueblo». Pero, ¿y el PSOE? ¿a dónde va el PSOE diciendo que el derecho de reunión es acampar mes y medio en una plaza? Esta es una traición tan grande a una parte de su electorado que no les queda más remedio que mentir para ocultar su cobardía.

Ahora, tenemos que creernos que efectivos de la Policía Nacional tomaron por su cuenta la decisión de personarse el martes por la noche en la plaza de España, durante el desalojo de los acampados. Se supone que lo hicieron en contra de la voluntad del delegado del Gobierno, Pere Joan Pons, que expresó en una red social su «profunda preocupación» porque la acampada está protegida por el derecho de reunión. Al parecer, ese derecho es más amplio en Baleares que en Madrid, donde la delgada del Gobierno, también del PSOE, ordenó hace unos días acabar con esa ocupación ilegal del espacio público.

La explicación a este sindios no es tan complicada. El PSOE se estaba salvando en las encuestas de caer por debajo de los cien escaños gracias a los votos que pesca en la extrema izquierda de Sumar y Podemos. Al mismo tiempo, es consciente de que muchos de sus votantes, trabajadores que madrugan cada mañana para mantener a sus familias, rechazan la ocupación de un espacio público que también es suyo. Solución: Pere Joan Pons deja que el alcalde de Palma, Jaime Martínez, le haga el trabajo «sucio» de limpiar la plaza de España (valga el oxímoron), y al rato escribe un tuit para rascar cuatro votos a su siniestra. A este absurdo electoral hemos llegado.