Trampear el censo viene de antiguo
De las «bajas a la carta» en Calvià al inflado de la «Ley de nietos»: el histórico idilio del PSOE con la manipulación del censo
La inflación del censo electoral favorecida por la Instrucción del Ministerio de Justicia de 25 de octubre de 2.022, que amplió más allá de lo permitido por las Cortes las nacionalizaciones de exiliados de la llamada «Ley de nietos» publicada en el BOE solo cinco días antes, tiene interesantes precedentes históricos en las Islas Baleares, con origen también en las filas socialistas. La afición del PSOE a manipular el censo electoral es algo que viene de antiguo.
Entre los años 1994 y 2000, el Ayuntamiento de Calviá de la todopoderosa Margarita Nájera contrató a una empresa domiciliada en Barcelona llamada «Estrategia Local» para «asistir al equipo de gobierno para llevar a cabo la definición e implantación del plan estratégico municipal a largo plazo y proporcionar asistencia técnica en el ámbito de dirección, organización, control interno, proyectos de calidad y políticas sectoriales en la esfera de la Administración Local». Tras ese rimbombante título, y respaldada por varios suculentos contratos de más de 100 millones de pesetas (1.200.000 euros actualizados), la empresa catalana comenzó a realizar, entre otras tareas, una labor de clasificación y depuración del padrón municipal -base sobre el que se elabora el censo electoral- redactando un plan secreto que denominaron «documento Maquiavelo».
Los servicios de «Estrategia Local» fueron exportados a otros Ayuntamientos baleares gobernados por el PSOE: Alcudia, Artá, Es Castell, Ciutadella, Eivissa, Maó, Marratxí y Palma, aunque fue en Calviá donde se desarrollaron en toda su plenitud. Varias exclusivas publicadas por «El Mundo de Baleares», ante el clamoroso silencio del resto de la prensa local, revelaron todo ante la opinión pública en mayo de 2.001, lo que dio lugar a una querella presentada contra el equipo de gobierno por el PP de Calviá.
El «documento Maquiavelo» organizaba una revisión del padrón municipal clasificando a los habitantes del municipio en dos categorías: «MC» (mallorquines conservadores), e «IP» (inmigrantes progresistas). La peculiar población de Calviá, que combina desde los años 60 habitantes nativos con otros llegados de la península para trabajar en negocios de hostelería y comercio, facilitaba esa inhabitual clasificación promovida por «Estrategia Local».
Una vez ordenados de esa manera todos los habitantes del municipio (algo que recuerda a la clasificación de periodistas por perfil ideológico, realizada recientemente por el Ministerio de Grande-Marlaska), el «documento Maquiavelo» proponía dos tipos de actuaciones al equipo de gobierno socialista de Calviá: unas dirigidas a los «MC» y otras específicamente destinadas a los «IP», para incrementar las expectativas de voto entre la población progresista construyendo para ella un discurso diferente.
Y la cosa no quedaba ahí. Aplicando de una forma rigurosa el artículo 54.1 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales de 1.986, que dice que toda persona «debe inscribirse únicamente en el municipio que habite más tiempo al año», y siendo Calviá un lugar atiborrado de residencias de veraneo, el gobierno local encargó a unos empleados contratados al efecto visitas constantes a las viviendas de «MC» para, con cualquier excusa (hallar las persianas cerradas, no contestar al portero automático, no atender las llamadas al timbre), darles de baja de oficio en el padrón municipal, algo que no sucedía con el mismo rigor en las viviendas de «IP». Con ese padrón retocado a favor de los «IP» se elaboraba luego el censo electoral, incrementando paulatinamente el número de potenciales votantes del PSOE.
El PP se querelló contra Nájera y su equipo de gobierno por encubrir, bajo la apariencia de un contrato de asistencia municipal, una estrategia diseñada por interés electoral socialista. Y hete aquí que, tras la explosión de unos trenes en Atocha el 11 de marzo de 2.004, llegó al poder Zapatero, una de cuyas primeras decisiones fue nombrar a Cándido Conde-Pumpido fiscal general del Estado. El servil y nada cándido Pumpido, que ya empezaba a acumular méritos políticos y a «manchar la toga con el polvo del camino» (definición de su labor acuñada por él mismo) ordenó en pocos días a la Fiscalía de Baleares que pidiera el archivo de todas las querellas existentes contra el PSOE.
Recordando viejos pucherazos orquestados en tiempos de la Segunda República (elecciones del «Frente Popular»), estando el PSOE a los mandos ninguna trampa debería sorprendernos.