Palma multa a los acampados y acusa a la Delegación del Gobierno de usar el conflicto como «moneda electoral»

El Ayuntamiento de Palma ha comenzado a levantar actas y tramitar sanciones contra los participantes en la acampada de Plaza de España por incumplir las ordenanzas de convivencia cívica y ocupación de la vía pública. El alcalde, Jaime Martínez, ha acusado además a la Delegación del Gobierno de convertir la colaboración entre administraciones en «moneda electoral» y de hacer «dejación de funciones» al no intervenir ante una situación que, a su juicio, perjudica la imagen de la ciudad.

Tras asistir a un acto en el Mercat del Olivar, Martínez se ha desplazado este jueves hasta Plaza de España, donde ha comprobado la presencia de tiendas de campaña y de los participantes en la concentración. Allí ha asegurado que el objetivo del Consistorio es hacer cumplir las mismas normas que se exigen al resto de ciudadanos. «A mí personalmente me parece una vergüenza la imagen que se está dando en estos momentos», ha afirmado el primer edil, quien ha confirmado que la Policía Local está identificando a los acampados, levantando actas y sancionando a quienes vulneran la normativa municipal.

Martínez ha insistido en que el Ayuntamiento continuará actuando dentro de sus competencias y no ha descartado la retirada de las tiendas de campaña y otros elementos que incumplan las ordenanzas. «Si se tienen que retirar todos aquellos elementos que incumplen la ordenanza y nosotros, dentro de nuestras competencias, lo podemos hacer, lo haremos», ha advertido.

El alcalde ha dirigido buena parte de sus críticas a la Delegación del Gobierno en Baleares, a la que ha reclamado que asuma sus responsabilidades y garantice el cumplimiento de la legislación. Según ha explicado, el Consistorio lleva más de 40 días solicitando su intervención sin obtener la respuesta que considera necesaria. «No puede ser que el Ayuntamiento esté defendiendo los derechos y deberes de todos los ciudadanos y tengamos una Delegación del Gobierno que esté haciendo dejación de funciones», ha denunciado. En este sentido, ha avanzado que el equipo de gobierno municipal está estudiando qué medidas puede adoptar para exigir responsabilidades a los dirigentes que, en su opinión, no están haciendo cumplir la normativa.

«La colaboración entre administraciones no debería ser moneda electoral»

Martínez ha ido más allá al cuestionar las relaciones institucionales entre Cort y la Delegación del Gobierno. Tras ser preguntado por la reunión mantenida con el nuevo delegado del Gobierno en el marco de la Junta de Seguridad, ha asegurado que la coordinación y la lealtad institucional se están utilizando con fines electorales. «La colaboración, la coordinación y la lealtad entre administraciones, entre instituciones como el Ayuntamiento de Palma y la Delegación del Gobierno, no tendrían que ser moneda electoral en estos momentos, y se está haciendo un juego electoral», ha manifestado.

El alcalde ha diferenciado, no obstante, las relaciones políticas de la colaboración operativa entre cuerpos policiales. Así, ha calificado de «modélica» la coordinación habitual entre la Policía Local y la Policía Nacional, pero ha lamentado que las relaciones institucionales y la lealtad entre ambas administraciones «dejan muchísimo que desear».

También ha acusado a la Delegación del Gobierno de no prestar el respaldo necesario a los agentes municipales. Según Martínez, la institución estatal se ha negado a proteger a los efectivos de la Policía Local para que puedan hacer cumplir las ordenanzas en el entorno de la concentración. El primer edil ha defendido que el Ayuntamiento no pretende impedir el ejercicio de los derechos fundamentales de reunión y manifestación, sino actuar contra aquellos elementos de la acampada que considera ajenos a estos derechos y contrarios a la normativa municipal. «Nunca hemos desalojado a nadie de Plaza de España. El Ayuntamiento ha hecho cumplir las ordenanzas municipales y siempre ha respetado que cualquier persona pueda ejercer su derecho de reunión y manifestación», ha señalado. En este sentido, ha cuestionado que se permita mantener tiendas de campaña y otros elementos que, según sostiene, no forman parte del ejercicio del derecho de reunión. También ha rechazado que se aplique la normativa de manera diferente en función de quién la incumpla. «No puede ser que haya ciudadanos de primera y de segunda», ha afirmado, insistiendo en que las mismas ordenanzas deben exigirse a cualquier persona, independientemente de dónde se encuentre.

Por último, Martínez ha reiterado su exigencia a la Delegación del Gobierno para que intervenga dentro de sus competencias y ha advertido de que Cort seguirá tramitando sanciones y adoptando las medidas que le permita la normativa municipal para poner fin a las infracciones detectadas en Plaza de España.