La candidata socialista, este pasado sábado en el mítin de Pedro Sánchez
La semana 'negra' de Rosario Sánchez, la socialista que predicaba con el rentismo en casa
La secretaria de Estado de Turismo, que defendió que el «rentismo no es un negocio», afronta su mayor crisis por los 40 inmuebles vinculados a su pareja en Mallorca
El PSOE tarda 25 horas en confirmar el rentismo de la pareja de Rosario Sánchez tras la exclusiva de El Debate
«El rentismo no es un trabajo». La consigna apareció en una de las pancartas de la manifestación por la vivienda a la que acudió Rosario Sánchez Grau en Palma y cuyas imágenes compartió en sus redes sociales. La secretaria de Estado de Turismo y candidata del PSOE a presidir Baleares lleva meses denunciando la especulación inmobiliaria y defendiendo que las viviendas deben destinarse a los residentes, no a los turistas. Dos reivindicaciones que chocan frontalmente con los negocios de su propia pareja, José E. P., conocido como Pep, administrador de una sociedad inmobiliaria con 40 inmuebles en Mallorca, entre los que se encuentra una villa vacacional por tarifas de hasta 300 euros diarios, según ha desvelado El Debate en distintas entregas a lo largo de la semana.
Ha sido, sin duda, su semana horribilis, y todo, con un agravante político y es que desde abril de 2024, Sánchez ocupa la Secretaría de Estado de Turismo, uno de los puestos de mayor responsabilidad en la política turística española.
Nacida en Palma hace 50 años, Rosario Sánchez Grau creció en Cala Major, un barrio costero de la capital balear desde el que anunció el pasado junio su candidatura a las primarias del PSIB-PSOE. Licenciada en Economía y en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Pompeu Fabra, comenzó su carrera profesional en la auditora KPMG, en Barcelona, y accedió por oposición al cuerpo de auditores de la Sindicatura de Cuentas de Baleares. Tras ocupar diferentes responsabilidades en la Administración autonómica e insular, su salto a la primera línea política llegó de la mano de Francina Armengol.
La candidata
En junio de 2018 fue nombrada delegada del Gobierno en Baleares y un año después se incorporó al Ejecutivo autonómico como consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores, cargo que mantuvo hasta la derrota socialista de 2023. Pasó entonces a la oposición municipal en Palma, aunque apenas un año después Pedro Sánchez la recuperó para el Gobierno central como secretaria de Estado de Turismo, bajo las órdenes del ministro Jordi Hereu.
En marzo de 2025 fue elegida vicesecretaria general del PSIB-PSOE y en julio de 2026 formalizó su candidatura para encabezar la lista socialista al Parlament. Se convertía en delfina de la aún terrateniente del partido, Francina Armengol.
En el terreno personal, es madre de dos hijas y mantiene desde hace años una relación con José E. P., empresario vinculado al sector inmobiliario y al náutico, que es administrador único de Menefta 2000 SL, la sociedad situada ahora en el centro de la controversia.
Una herencia de «dos generaciones»
Menefta 2000 SL fue constituida en julio de 2000 y tiene por objeto la compraventa, arrendamiento y explotación de bienes inmuebles. Según la documentación publicada por El Debate, cuenta con un capital social de 2.705.660 euros y un patrimonio de al menos 40 referencias inmobiliarias en Andratx y Puerto de Andratx, uno de los enclaves más exclusivos de Mallorca. El inventario incluye 12 pisos, una finca rústica con vivienda, aparcamientos, trasteros, un local comercial y varias parcelas rústicas. José E. P. era apoderado de la mercantil desde 2017 y pasó a ser administrador único en febrero de 2020.
Tras conocerse este patrimonio, fuentes del PSIB-PSOE defendieron que se trataba de una empresa familiar, fruto del «esfuerzo de generaciones», y que sus viviendas se alquilaban a precios «asequibles». La explicación llegaba después de que los socialistas hubieran situado a los grandes propietarios inmobiliarios en la diana de sus críticas. La propia Armengol recordó recientemente que la legislación balear de 2018 fijaba en diez viviendas el umbral para considerar a un propietario gran tenedor. La pareja de Sánchez, por tanto, lo es
El 'agujero' del discurso
El agujero en el discurso es que Rosario Sánchez ha convertido la denuncia del rentismo en una constante de sus intervenciones públicas. En el mitin de Pedro Sánchez hace una semana en Palma, elogió al presidente por haber «plantado cara a los fondos buitre» y acusó al Govern de Marga Prohens de practicar «cero política de vivienda» mientras hay familias que viven en habitaciones, caravanas o directamente carecen de hogar.
En una manifestación por la vivienda celebrada en Palma, compartió en Instagram una fotografía en la que destacaba una pancarta con el lema «El rentismo no es un trabajo». La publicación iba acompañada de una declaración en catalán: «Siempre en el lugar correcto de la historia». También ha acusado al PP de mirar «hacia los fondos buitres» mientras miles de baleares tienen dificultades para permanecer en sus viviendas. «Nosotros estamos contigo, ellos con los buitres», escribió en X.
En otras publicaciones ha defendido un gobierno que «ponga freno a quienes hacen negocio con las necesidades de los demás» y ha difundido consignas como «Un techo no puede ser un lujo», «Lucharemos contra la especulación inmobiliaria» o «Prohens elige a los buitres».
Incluso anunció que, si el PSOE recupera el gobierno autonómico en 2027, restringirá la compra de segundas residencias a los no residentes en Baleares. «La vivienda ha de ser para la ciudadanía de estas islas y no para la especulación», proclamó. Todo ello mientras su pareja administra una sociedad dedicada precisamente a obtener rentabilidad de un amplio patrimonio inmobiliario.
Una casa turística por hasta 300 euros la noche
A la polémica inmobiliaria se sumó este jueves una segunda revelación de El Debate: Menefta 2000 SL también explota una villa de alquiler vacacional en Andratx, anunciada en distintas plataformas turísticas.
La propiedad se comercializa como «una casa tranquila en el valle, ideal para familias». Se trata de un chalet independiente con capacidad para seis personas, tres dormitorios —uno acristalado—, dos baños, terraza con barbacoa y jardín privado, situado en una finca rústica de más de 13.000 metros cuadrados.
El inmueble figura como «alquiler activo definitivo de uso turístico» y se comercializa como alojamiento vacacional al menos desde 2019, cuando Sánchez ya formaba parte del Gobierno de Armengol.
Las simulaciones de reserva realizadas por este periódico mostraban unas tarifas superiores a 200 euros por noche y de hasta 300 euros en temporada alta. Para julio y agosto de 2027 aparecían precios de 280 euros diarios, lo que supondría una facturación bruta potencial de 8.400 euros por 30 noches de ocupación, antes de gastos e impuestos.
Entrada
El anuncio acumulaba aproximadamente 125 reseñas, muchas de visitantes extranjeros que elogiaban las instalaciones y la atención de los anfitriones. Este negocio vacacional no había sido mencionado en las primeras explicaciones del PSIB, que se había limitado a defender los alquileres residenciales «asequibles» de la empresa familiar.
La revelación resulta especialmente incómoda para Rosario Sánchez porque afecta directamente al ámbito de sus responsabilidades políticas. El pasado octubre, la secretaria de Estado difundió un vídeo con el lema «El alquiler para los residentes, no para los turistas», en consonancia con las propuestas socialistas para limitar las plazas turísticas y reducir la presión del alojamiento vacacional sobre el mercado de la vivienda.
Es más, durante el reciente mitin socialista en Palma, el candidato del PSOE a la alcaldía, Iago Negueruela, fue todavía más explícito: «Nosotros no queremos a gente expulsada de esta ciudad, pero sí queremos expulsar a Airbnb de esta ciudad para que esos pisos sean para la gente de esta ciudad». «Las casas, los pisos, para quien trabaja, no para quien especula», añadió.
Un sueldo de 142.000 euros y una vivienda compartida en Palma
Negueruela hablaba de Palma, mientras que la villa explotada por la sociedad de la pareja de Sánchez está en Andratx, donde el régimen urbanístico y turístico puede ser diferente. Pero el negocio sitúa a la pareja de la responsable estatal de Turismo en el mismo mercado vacacional que los socialistas se han empeñado en atacar, y precisamente en una isla donde la saturación turística y la falta de vivienda se han convertido en dos de los principales problemas sociales.
Como secretaria de Estado, Rosario Sánchez percibe una retribución anual de 142.152,62 euros, incluidos siete trienios por su antigüedad como funcionaria, según los datos del Portal de Transparencia recogidos en el perfil publicado sobre ella.
En su declaración patrimonial difundida en el BOE en marzo de 2025 consignó bienes inmuebles por valor de 149.850,92 euros, 6.000 euros en cuentas bancarias y un pasivo de 193.236,84 euros. También comparte con su pareja una vivienda unifamiliar en Cala Major, adquirida al 50 % en 2017 y sobre la que se constituyó una hipoteca de 242.000 euros. No consta en la información publicada que Sánchez sea propietaria de Menefta 2000 SL ni que perciba directamente los ingresos de sus alquileres, por lo que el patrimonio de la sociedad debe distinguirse del declarado personalmente por la dirigente socialista.
La secretaria de Estado reaccionó este miércoles a las informaciones denunciando un ataque «machista» del PP. En un vídeo difundido en sus redes sociales se comparó con Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y reivindicó sus dos carreras universitarias y su plaza de funcionaria. La controversia, sin embargo, no gira en torno a la legalidad del patrimonio de su pareja, ni acredita que Rosario Sánchez haya intervenido en la gestión de los inmuebles.
Lo que ha quedado en entredicho es la coherencia de su discurso político. La pregunta ahora es si podrá mantenerse como candidata hasta mayo de 2027.