Hartos de Marlaska: la Policía exige su dimisión tras los tiroteos de Toledo y Sevilla

El malestar dentro de la Policía Nacional ha alcanzado un punto de no retorno. Tras los recientes tiroteos ocurridos en Casar de Escalona (Toledo) y Isla Mayor (Sevilla), los principales sindicatos del cuerpo han exigido la dimisión inmediata del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el reconocimiento urgente de la Policía Nacional como profesión de riesgo.

Los últimos episodios de violencia han encendido las alarmas en todos los niveles. En la localidad sevillana, un agente resultó herido de bala durante un operativo contra el narcotráfico, mientras que en Toledo un individuo fue abatido por el Grupo Especial de Operaciones (GEO). Para las organizaciones policiales, estos hechos simbolizan un problema que va mucho más allá de dos intervenciones aisladas: una falta de respaldo institucional que, aseguran, pone en peligro a quienes defienden la ley.

Escalada de agresiones y sensación de abandono

El sindicato Jupol ha advertido de una «intolerable escalada de agresiones» y ha reclamado la convocatoria urgente de una reunión extraordinaria del Consejo de Policía, el órgano de interlocución con la Administración. En su análisis, el número de ataques, amenazas e intimidaciones contra los agentes ha crecido hasta niveles nunca vistos desde la llegada de Marlaska al Ministerio del Interior, una etapa que describen como marcada por la desprotección y el desgaste profesional.

La sensación general entre los representantes policiales es que la inseguridad laboral y jurídica se ha convertido en la norma. Consideran que el Estado no está protegiendo a quienes lo protegen, y que los agentes deben enfrentarse a organizaciones criminales cada vez más peligrosas sin los medios ni el respaldo necesarios.

Los sindicatos hablan de cifras históricas de agresiones

La Confederación Española de Policía (CEP) comparte el diagnóstico y eleva el tono. Según sus registros, durante el mandato de Marlaska se han alcanzado las cifras más altas de agresiones a agentes en democracia, una tendencia que atribuyen a la falta de medidas efectivas y al debilitamiento del principio de autoridad.

Desde la organización recuerdan que un reciente informe europeo elaborado tras la visita de varios eurodiputados a España señala precisamente esa carencia de protección institucional hacia las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En su valoración, el documento de Bruselas respalda la urgencia de reconocer la profesión policial como de alto riesgo y de tipificar las agresiones, intimidaciones y resistencias como delitos de mayor gravedad en el marco legal europeo.

La CEP considera que la gestión del ministro ha cruzado una línea: «la situación es insostenible y el Ministerio ha perdido toda credibilidad». Reclaman un cambio inmediato al frente de Interior que devuelva confianza y garantías a los agentes.

Sevilla acogerá una nueva protesta policial

La indignación sindical se traducirá en movilización. Este jueves está convocada en Sevilla una concentración de la Plataforma por una Jubilación Digna y la Plena Equiparación Salarial, que reúne a una docena de sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones de la Guardia Civil.

La elección de la capital andaluza no es casual. Los sindicatos quieren mostrar su apoyo al agente herido en Isla Mayor y exigir medidas concretas que reconozcan la peligrosidad del trabajo policial. Vinculan esa condición no solo con una jubilación anticipada más justa, sino también con la necesidad de garantizar una protección real frente al aumento de la violencia.

En la convocatoria, las organizaciones alertan de que los grupos criminales actúan con mayor agresividad, mientras los agentes carecen de medios suficientes y de un marco jurídico sólido que respalde su actuación. Reclaman que se endurezcan las penas por atentado y desobediencia, y que el Estado deje de mirar hacia otro lado ante la creciente amenaza.

Un conflicto que crece en silencio

Los disparos de Toledo y Sevilla han reabierto un conflicto que venía gestándose desde hace tiempo. Los sindicatos coinciden en que la Policía Nacional se siente sola, sin respaldo político ni jurídico, expuesta en la calle y cuestionada en los tribunales.

La fractura con el Ministerio del Interior es ya evidente. Para las organizaciones policiales, la confianza en Marlaska se ha roto definitivamente, y el futuro de su mandato se tambalea sobre el ruido de unas sirenas que, dicen, nadie parece querer escuchar.