El fraude de los 91 empadronados: cae una red que cobraba por regularizar inmigrantes en Seseña (Toledo)

La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas en Seseña, Toledo, por su presunta relación con una red criminal dedicada a facilitar empadronamientos fraudulentos a ciudadanos extranjeros en situación irregular. Según la investigación, los arrestados cobraban entre 300 y 400 euros por persona a cambio de documentación destinada a regularizar su situación administrativa en España.

La operación comenzó después de que los agentes detectaran un aumento desproporcionado de solicitudes de empadronamiento en el municipio. El dato que hizo saltar todas las alarmas fue especialmente llamativo: en una misma vivienda llegaron a figurar hasta 91 personas empadronadas.

A partir de ahí, la Guardia Civil analizó de forma detallada los expedientes tramitados y comprobó que numerosas solicitudes se repetían a través de las mismas personas o se apoyaban en contratos de arrendamiento con indicios de falsedad documental. La investigación apunta a una estructura organizada que captaba a ciudadanos de distintas nacionalidades, principalmente de Marruecos, Túnez, Argelia y Egipto.

Los métodos utilizados por la red consistían, presuntamente, en falsificar documentos y presentar autorizaciones supuestamente firmadas por propietarios de viviendas para conseguir empadronamientos irregulares. Los investigadores han recopilado denuncias y testimonios de varias víctimas y calculan que la trama podría haber afectado a unas 400 personas.

El Gobierno pide no vincular la operación con la regularización

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha querido separar esta investigación del proceso de regularización de personas extranjeras. A preguntas de los medios, ha insistido en que la operación «no es contra el proceso de regularización», sino que busca esclarecer posibles empadronamientos ilegales en Seseña.

Sabrido ha subrayado que la regularización «en ningún caso contempla empadronamientos ilegales» ni permite que se cometan delitos para acceder a ella. Además, ha recordado que el padrón es una competencia municipal y que el Ayuntamiento de Seseña deberá comprobar si los empadronamientos investigados responden o no a la realidad.

Según ha explicado, parte de los expedientes podrían ser anteriores al 1 de enero de 2026, mientras que otros se habrían producido después de esa fecha. La Guardia Civil mantiene abierta la investigación para determinar qué inscripciones son legales y cuáles pudieron formar parte del fraude.

«El cumplimiento de la ley es bueno para todos, para los empadronados, para los no empadronados y, por supuesto, para la regularización», ha señalado el delegado.