La Junta permite a sus pueblos rechazar las plantas de biogás, pero podría no aplicarse al 71% en tramitación

El biogás ha protagonizado una invasión silenciosa en Castilla-La Mancha que ha estallado en los últimos meses. Pese a los numerosos beneficios defendidos por las partes evidentemente interesadas, el futuro de prosperidad prometido a pequeños pueblos de la región llega por la puerta de atrás.

Nunca la salvación llegó sin hacer ruido. El Partido Socialista de Emiliano García-Page extiende el mapa y señala más de 70 proyectos en tramitación para convertir Castilla-La Mancha en el paraíso del lobby gasista. Mercedes Gómez, consejera de Desarrollo Sostenible, abandera la llegada de millones de toneladas de residuos, purines y gallinaza, que vende como el futuro de los pueblos donde ya no quiere vivir nadie.

Las zonas más despobladas de la región se mantienen en alerta viendo peligrar el agua, los cultivos y la que hasta ahora es su vida. Al PSOE no le ha quedado otra que echar el freno. Elecciones en menos de un año y un nuevo decreto engañoso tras la retirada del Plan Biometanización.

Un plan retirado con más de 15.000 alegaciones

La Junta ha abierto a la participación pública el borrador del nuevo decreto de biometano, que puede recibir aportaciones hasta el 24 de agosto a través del portal de participación del gobierno regional, según traslada Stop Ganadería Industrial C-LM.

Se trata del segundo intento de la Junta por regular el sector de las macroplantas de biogás y biometano, ya que en junio retiró el Plan de biometanización, tras recibir más de 15.000 alegaciones tanto de organizaciones como de particulares, tras generar el rechazo de numerosos ayuntamientos preocupados por el impacto que estas macroplantas tendrían en su localidad.

La última palabra será de la Junta

La asociación explica como tras la retirada de este Plan, Mercedes Gómez prometió que la decisión de albergar este tipo de macroplantas quedaría en manos de los ayuntamientos. El nuevo decreto así lo recoge, pero con una excepción: la decisión final será de la Junta de Castilla-La Mancha cuando el proyecto de macroplanta sea declarado proyecto prioritario. También cualquier proyecto de macroplanta que este localizado en zona vulnerable a nitratos y que vaya a recibir purines, vinazas o alperujos puede ser declarado proyecto prioritario.

De las 70 macroplantas actualmente en tramitación, 50 cumplen esas condiciones y los ayuntamientos de esos municipios no podrían detener esos proyectos si la Junta los declara como prioritarios. Los expedientes susceptibles de esta declaración suponen el 71% de macroplantas actualmente en tramitación.

Hasta el momento se han declarado proyectos prioritarios ocho macroplantas: cuatro en Toledo (Noez, Gálvez, Madridejos y Mascaraque) y cuatro en Ciudad Real (Campo de Criptana, Socuéllamos, Caracuel de Calatrava y Carrión de Calatrava).

Además de la declaración como proyecto prioritario, existen otras figuras administrativas que el gobierno regional puede emplear en la tramitación de una macroplanta de biogás, como la declaración de interés regional y los Planes de Singular Interés, que les liberaría de ciertas normas urbanísticas.

Asimismo, la reforma de la Ley de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha establece que el rechazo de los ayuntamientos a un proyecto ha de ser motivado, reservando para la Junta de Comunidades el papel de valorar lo que significa «motivado» y si esta motivación es suficiente.

Bajo los intereses de las energéticas

La asociación valora positivamente que los ayuntamientos puedan decidir, pero «existe el riesgo de que la Junta la declare proyecto prioritario, lo que dejaría en papel mojado este decreto».

Además, «el decreto de biometano se está redactado pensando en los intereses económicos de las empresas de gas y energéticas, en vez de en los intereses de los ayuntamientos y ciudadanos. En ese sentido, no ha supuesto el cambio radical y garantista que la Junta prometió respecto al difunto Plan de biometanización».

Stop Ganadería Industrial C-LM anima a ayuntamientos, colectivos vecinales y particulares a presentar sus propias aportaciones antes de que finalice el plazo, el 24 de agosto, a través del portal de participación de la Junta de Comunidades. La organización considera que, mientras el decreto mantenga la posibilidad de declarar «proyectos prioritarios» y conserve excepciones en el radio de origen de residuos o las distancias mínimas, no ofrece garantías reales frente a las macroplantas de biogás y biometano, y exige a la Consejería de Desarrollo Sostenible que revise a fondo el texto antes de su aprobación definitiva.