Planta de biogás
Talavera de la Reina levanta un muro contra el biometano y el PSOE acusa al alcalde de dar marcha atrás
El Ayuntamiento reclama que no puedan recibir residuos de otras comunidades y limita a 50 kilómetros la procedencia de todos los insumos
La batalla por el biometano sube de intensidad en Talavera de la Reina (Toledo). El Gobierno municipal ha aprobado una batería de alegaciones para endurecer las condiciones impuestas a estas instalaciones, pero el PSOE acusa al alcalde, José Julián Gregorio, de dar marcha atrás y contradecir el rechazo expresado por el Pleno.
La Junta de Gobierno Local ha dado luz verde a la presentación de diez modificaciones al proyecto de decreto de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que regulará la gestión de residuos orgánicos mediante su transformación en biometano.
La principal propuesta consiste en elevar de dos a cinco kilómetros la distancia mínima obligatoria entre estas plantas y los terrenos residenciales, urbanos e industriales. El objetivo, según el Ayuntamiento, es reforzar las garantías ambientales, urbanísticas y de salubridad.
Talavera también reclama una aplicación estricta del principio de proximidad y plantea que el cien por cien de los residuos utilizados por las plantas proceda de un radio máximo de 50 kilómetros. Con esta limitación pretende evitar que las instalaciones dependan de materiales transportados desde lugares muy alejados.
Además, el Consistorio exige prohibir expresamente la entrada de sustratos procedentes de otras comunidades autónomas y establecer una relación directa entre la cantidad de residuos generados en el entorno y la capacidad técnica de cada proyecto.
Límites a las inversiones estratégicas
Las alegaciones buscan asimismo preservar las competencias de las administraciones locales. Talavera solicita que las labores técnicas de validación e instrucción permanezcan en manos del órgano ambiental autonómico, evitando que los municipios asuman responsabilidades o cargas administrativas que no les corresponden.
El Ayuntamiento propone también eliminar o limitar de manera estricta el régimen de excepcionalidad reservado a las inversiones estratégicas. El propósito es impedir que esta figura pueda utilizarse para sortear las competencias municipales de control urbanístico y ambiental.
Junto con estas alegaciones, la Junta de Gobierno ha autorizado al alcalde a presentar un recurso de alzada contra la resolución de la Dirección General de Calidad Ambiental del pasado 24 de julio relativa a la autorización ambiental integrada.
El recurso se fundamentará en cinco motivos, entre ellos la posible nulidad de la resolución por una supuesta infracción de la reciente reforma de la Ley 2/2002 de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.
El Consistorio sostiene igualmente que no se habrían respetado de forma adecuada los derechos derivados de la autonomía local de las administraciones afectadas, especialmente los del municipio de Cazalegas. Por este motivo, solicita retrotraer el procedimiento para garantizar su correcta tramitación.
Otro de los argumentos es la existencia de una incompatibilidad urbanística sobrevenida después de que el pasado 7 de agosto comenzara formalmente la modificación puntual del Plan de Ordenación Municipal.
El PSOE denuncia un cambio de postura
Las medidas anunciadas por el Gobierno local no han frenado las críticas del Grupo Municipal Socialista, que acusa a Gregorio de cambiar de posición después de reclamar un estudio independiente para determinar dónde y cómo podrían instalarse plantas de biometano.
El portavoz socialista, José Gutiérrez, ha afirmado que su grupo continúa «perplejo» porque el alcalde votó a favor de modificar el POM y suspender la concesión de licencias durante su tramitación y, menos de 24 horas después, compareció públicamente para defender la realización de ese estudio.
«El Pleno dijo no, y no es no», han advertido los socialistas, que anuncian que mantendrán la presión política y realizarán un seguimiento diario de la modificación urbanística hasta que se cumpla lo aprobado por unanimidad.
El PSOE insiste en que el acuerdo plenario no incluía encargar ningún estudio a una empresa o universidad, sino paralizar las licencias y modificar el planeamiento. Por ello, se pregunta por qué el alcalde «levanta la mano en el Pleno para votar una cosa» y al día siguiente defiende una posición diferente.
Los socialistas consideran además «muy llamativo» que Gregorio plantee ahora un informe externo porque, según aseguran, esta posibilidad coincide con la propuesta de la empresa interesada en instalar una planta a la entrada de Talavera, cerca de Cazalegas.
El grupo de la oposición trasladará sus preguntas a las próximas comisiones informativas y al Pleno municipal para exigir al Gobierno local que aclare definitivamente su postura.
Gutiérrez ha recordado que el Ayuntamiento tiene competencias para decidir qué actividades y empresas pueden instalarse dentro del término municipal y en qué tipos de suelo. «El presente y el futuro de Talavera se deciden en el salón de Plenos», ha concluido.