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Castilla-La Mancha cierra la puerta a acoger menores de Ceuta: «El sistema no lo soporta»
La Junta asegura que sus recursos están «sobreocupados» y reclama al Gobierno central que afronte la crisis sobre el terreno y asuma su coste
Castilla-La Mancha ha advertido al Gobierno de España de que carece de capacidad para recibir a menores procedentes de Ceuta. La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, asegura que la red regional de acogida se encuentra actualmente «sobreocupada» y no puede asumir nuevas incorporaciones. «En estos momentos nuestro sistema no lo soporta más», afirma la consejera.
García Torijano insiste en que Castilla-La Mancha se encuentra en una situación límite y ha señalado que el Ministerio de Juventud e Infancia conoce esta realidad por la coordinación mantenida con las comunidades autónomas durante los últimos meses.
«En este momento, Castilla-La Mancha está en una situación en la que todo su sistema está sobreocupado y no puede asumirlo», ha recalcado.
La reunión sectorial tenía inicialmente como único punto del orden del día la concesión de 25 millones de euros a Ceuta para atender la crisis. Posteriormente se incorporó un segundo punto informativo destinado a abordar la situación y las posibles medidas que pretende adoptar el Ejecutivo central.
«Entiendo que ahí ya nos explicarán cómo quieren trabajarlo», ha señalado la responsable regional de Bienestar Social.
Actuar directamente sobre el terreno
La consejera ha defendido que la solución debe pasar por intervenir en el lugar de origen y estudiar el posible retorno de los menores, contando para ello con las entidades sociales de primera acogida y garantizando en todo momento su protección.
García Torijano confía en que el Ministerio trabaje directamente con organizaciones sociales tanto en Ceuta como en Marruecos para ofrecer oportunidades de futuro a estos niños y atender la emergencia sin trasladar toda la presión a los sistemas autonómicos.
También ha expresado su deseo de que sea el Gobierno central quien asuma la respuesta principal ante una crisis que, según ha destacado, supera ampliamente el ámbito de las políticas migratorias y de acogida.
«Una cuestión de Estado»
La responsable autonómica respalda así la posición expresada por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien ha calificado lo ocurrido en Ceuta como un problema de seguridad nacional.
Para García Torijano, se trata de una crisis relacionada con el «control de fronteras» que exige una respuesta general del Estado. «Lo que ha pasado este verano en Ceuta no debería haber pasado y debería haberse controlado de otra manera», ha manifestado.
La consejera también reclama al Ejecutivo de Pedro Sánchez que se haga cargo del impacto económico que supone para las comunidades autónomas la atención a los menores migrantes.
«A las comunidades autónomas nos supone un coste importante que hay que asumir y que el Gobierno de España, desde luego, debería asumir», declara.
No obstante, García Torijano advierte de que el problema no puede resolverse exclusivamente mediante nuevos repartos entre autonomías. «Por mucho que las comunidades autónomas queramos aportar, ayudar y ser solidarias, esto no responde solamente a eso», ha concluido.