Page se planta ante Sánchez y rechaza la financiación pactada con Cataluña por quebrar la igualdad

Castilla-La Mancha acudirá al próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera con un rechazo frontal al modelo de financiación autonómica propuesto por el Gobierno de Pedro Sánchez. El Ejecutivo de Emiliano García-Page considera que el sistema ha sido negociado con «un solo partido político» y «una sola comunidad autónoma» y advierte de que no garantiza la igualdad entre los españoles. Así lo ha reiterado el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina.

Ruiz Molina ha asegurado que Castilla-La Mancha mantendrá en la reunión convocada para el viernes 4 de septiembre la misma posición que ha defendido desde que se conoció la propuesta. El Gobierno regional se opone a un modelo que considera fruto de una negociación bilateral con Cataluña y que, a su juicio, puede perjudicar la prestación de servicios públicos en las comunidades autónomas.

«Los ciudadanos, con independencia de su capacidad económica o del lugar en el que residen, tienen que tener el mismo acceso y el mismo nivel de calidad a los servicios públicos», ha defendido el consejero.

El responsable de Hacienda ha situado así la igualdad como la principal línea roja de Castilla-La Mancha ante la reforma del sistema. La Junta sostiene que la financiación debe tener en cuenta el coste real de prestar servicios esenciales en una región extensa y con una población muy dispersa, sin conceder ventajas a determinados territorios como consecuencia de acuerdos políticos.

De cara al encuentro del Consejo de Política Fiscal y Financiera, Ruiz Molina también ha adelantado que solicitará a la Administración del Estado que se abstenga en la votación. De esta manera, ha explicado, el acuerdo final reflejaría la posición expresada por las comunidades autónomas.

La reunión abrirá un nuevo frente entre Page y Sánchez por el reparto de los recursos públicos. Castilla-La Mancha defenderá que cualquier reforma debe ser negociada de manera multilateral y garantizar que todos los ciudadanos reciban servicios públicos de la misma calidad, independientemente de la comunidad autónoma en la que vivan.