Lince IbéricoGetty Images/iStockphoto

La brutal muerte del lince Torcón llega a los tribunales tras aparecer enjaulado y con cinco heridas punzantes

Castilla-La Mancha ejercerá la acusación particular para esclarecer quién acabó con este macho procedente de los Montes de Toledo

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha autorizado a sus servicios jurídicos a personarse como acusación particular en las diligencias abiertas por la muerte de un ejemplar de lince ibérico en el Viso del Marqués (Ciudad Real).

Así lo ha informado su portavoz, Esther Padilla, en una rueda de prensa en el Palacio de Fuensalida para dar cuenta de los acuerdos aprobados esta semana por el Consejo de Gobierno.

El ejemplar apareció muerto con signos compatibles con atrapamiento en una jaula trampa y varias heridas punzantes en la Finca San Bruno de la localidad de Viso del Marqués y será la investigación judicial la que determine exactamente qué ocurrió y en su caso las responsabilidades correspondientes.

Se trataba de un macho adulto de origen silvestre, de nombre Torcón, procedente de los Montes de Toledo. Fue liberado el 20 de marzo de 2025 en los cerros de Urda.

Según ha detallado Padilla, «lo que ocurrió es que en la madrugada del 6 de noviembre del 2025 el emisor, que llevan todos los linces para la geolocalización, emitió un aviso de mortalidad». Un agente medioambiental se desplazó para localizar donde se emitía la señal y encontró al animal con signos de atrapamiento en la jaula trampa con cinco heridas punzantes, posiblemente producidas por un arma blanca.

«No tendría sentido invertir durante años tanto dinero, tanto esfuerzo y tanto trabajo de profesionales en recuperar una especie en peligro de extinción; y mirar ahora para otro lado cuando aparece un ejemplar muerto en circunstancias que pueden ser constitutivas de delito», ha argumentado Padilla.

Ha destacado que Castilla-La Mancha alberga más de un millar de ejemplares que es, aproximadamente, la mitad de la población que existe en la Península Ibérica. «Esto es un éxito de las políticas de conservación, pero también supone una responsabilidad para cuidarla, para protegerla y para actuar cuando entendemos que esa protección ha sido vulnerada», ha subrayado.