El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page
Page acusa a Sánchez de claudicar ante el «chantaje» separatista con la financiación
El presidente de Castilla-La Mancha denuncia que el Gobierno ha permitido a ERC y Junts condicionar el reparto del dinero público: «Es el modelo más insolidario, injusto y desigual de la democracia»
Emiliano García-Page ha arremetido este viernes contra la propuesta del Gobierno para reformar el sistema de financiación autonómica. El presidente de Castilla-La Mancha se ha declarado «dolido» e «indignado» y ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de aceptar el «chantaje» del independentismo para sacar adelante un modelo que, a su juicio, rompe el principio de igualdad entre los españoles.
«Es enormemente doloroso que sea un Gobierno que se autotitula permanentemente de izquierdas el que pacte el modelo más insolidario, más injusto y más desigual de la democracia española», ha denunciado durante una entrevista en el programa Espejo Público, de Antena 3.
El dirigente socialista considera que la propuesta que el Gobierno lleva al Consejo de Política Fiscal y Financiera concede un trato privilegiado a las comunidades con mayores recursos en detrimento de las que se encuentran en una posición menos favorable.
«Trata más y mejor a los que más tienen y mucho peor a los que menos tenemos», ha lamentado García-Page, que ha situado al independentismo catalán en el centro de la negociación impulsada por el Ejecutivo.
«Una gravedad extrema»
El presidente castellanomanchego ha advertido de que «el independentismo se fundamenta en el egoísmo» y ha calificado de «gravedad extrema» que dirigentes como Oriol Junqueras y formaciones como Esquerra Republicana y Junts puedan condicionar el reparto de los recursos públicos entre todas las comunidades autónomas.
«Que sea Junqueras, que sea Esquerra Republicana y que, además, todavía exija más Junts quien fije el modelo de financiación de todos es de una gravedad extrema», ha afirmado.
García-Page también ha cargado contra la aceptación del principio de ordinalidad, una de las principales exigencias planteadas desde Cataluña. Según su interpretación, este mecanismo permitiría que las regiones con mayor capacidad económica conservaran siempre una posición de ventaja después de aportar al sistema común.
El jefe del Ejecutivo castellanomanchego considera que asumir ese planteamiento supone que «tendrán siempre más por tener más los que más tienen y menos los demás». A su juicio, que un Gobierno «progresista y socialdemócrata» acepte ese principio como consecuencia de un «chantaje» supone renunciar a los valores esenciales de la izquierda.
Page reta al PSOE a consultar a sus militantes
El presidente regional también ha censurado la ausencia de negociación interna y ha definido la propuesta como «el modelo menos negociado de la historia». Para marcar distancias con el procedimiento seguido por el actual Gobierno, ha recordado que José Luis Rodríguez Zapatero dedicó seis meses a debatir su reforma con las distintas federaciones socialistas.
García-Page ha reclamado la convocatoria de un Consejo de Política Territorial del PSOE antes de que el nuevo sistema llegue al Consejo de Ministros, con el objetivo de que todas las organizaciones territoriales puedan pronunciarse.
Pero el presidente castellanomanchego ha ido más allá y ha retado a la dirección socialista a someter la propuesta al criterio del conjunto de la militancia.
«Me gustaría ver si se atreven a consultar este modelo a todos los militantes del partido, independientemente de que el PSC lo haga por su cuenta, porque nos estamos jugando el cogollo, el elemento central de lo que significa ser de izquierdas y socialdemócratas», ha señalado.
La propuesta llega al Consejo de Política Fiscal y Financiera con el rechazo anunciado de las comunidades gobernadas por el PP y de los Ejecutivos socialistas de Castilla-La Mancha y Asturias. En este escenario, Hacienda necesita recabar los apoyos de Cataluña y Canarias para llevar el modelo al Consejo de Ministros.
Precisamente, García-Page ha acusado al Gobierno de ofrecer a Canarias un acuerdo bilateral ajeno a la negociación conjunta para evitar que la reforma salga adelante únicamente con el respaldo de Cataluña y hacer «más decoroso» el trámite. «Esta es probablemente la renuncia al valor más esencial de la democracia, que es el principio de igualdad», ha concluido.