GasolineraEl Decano

¿Por qué una gasolinera enfrenta a PP y Vox contra PSOE en Guadalajara?: «Hacer otra cosa sería prevaricación»

El Ayuntamiento de Guadalajara defiende que se vieron obligados a otorgar la licencia al expediente de construcción para cumplir la firma del anterior alcalde, el socialista Alberto Rojo

Los dos bandos presentes en la representación política del Ayuntamiento de Guadalajara han vuelto a quedar divididos. PP y Vox por un lado, por otro, la oposición sostenida por PSOE y Aike. Alrededor de la discrepancia se erige la construcción de una gasolinera.

El choque político ha quedado avivado junto a una promoción de 80 viviendas y el proceso de tramitación de la gasolinera, que el concejal de Urbanismo, Alfonso Esteban, defiende que se ha desarrollado «conforme a la ley en todo momento». Vox se suma al relato, pero PSOE y Aike difieren de que se haya hecho todo lo posible por frenar la obra.

En tiempos de Rojo

El secretario general del PSOE en Guadalajara y exalcalde de la ciudad, Alberto RojoEUROPA PRESS

Alfonso Esteban se ha remontado a la época del socialista Alberto Rojo en el Ayuntamiento para explicar que el origen del expediente se encuentra durante su mandato, concretamente el 5 de abril de 2023. Entonces, Rojo firmó una cédula urbanística que informaba favorablemente sobre la instalación de la gasolinera.

El edil ha considerado que ese documento constituye el primer informe técnico y jurídico favorable al proyecto y ha acusado a Rojo y a la concejal socialista Lucía de Luz de «mentirosos», reclamando la dimisión de ambos. Por ello, aunque el planeamiento municipal inicialmente no permitía este uso, una normativa de rango superior y posteriores interpretaciones del Tribunal Supremo habilitaron la instalación de estaciones de servicio en este tipo de suelo.

El concejal de Urbanismo sentencia que «por encima de las normas no está nadie» y hacer otra cosa sería prevaricación«, además sostiene que la solicitud cumplía los requisitos establecidos por la normativa aplicable y la jurisprudencia, el Ayuntamiento «no tenía otra opción» que conceder la licencia.

Esteban ha precisado que la mercantil que solicitó la información urbanística relativa a la gasolinera es la misma que solicitó la licencia para las viviendas, aunque la licencia de la estación de servicio se aprobó con posterioridad. «Cuando lo veo no me gusta y me gustaría menos si hubiera comprado una vivienda allí y la tuviera bajo casa», concluía el edil.

PSOE y Aike no creen al Ayuntamiento

Alfonso Esteban, concejal de Urbanismo en GuadalajaraAyuntamiento de Guadalajara

En representación del Partido Socialista, Lucía de Luz, no se mostraba segura para creer que el Ayuntamiento haya utilizado «todas las herramientas» disponibles para evitar la instalación y ha reclamado explicaciones sobre la tramitación del expediente.

La socialista ha subrayado que la licencia definitiva de la gasolinera fue concedida en 2025, durante el actual mandato, y ha rechazado que la actuación de Rojo en 2023 pueda equipararse a la concesión de la licencia de la estación de servicio. «Es muy fácil hablar de expedientes y es muy fácil hablar de trámites administrativos cuando el problema no está debajo de tu ventana», ha afirmado.

Por Aike, su concejala Susana Martínez ha señalado que la proximidad de la estación de servicio a las viviendas, al Puente Árabe, declarado Bien de Interés Cultural, y a uno de los accesos a Guadalajara supone un impacto que, a su juicio, debería llevar al Ayuntamiento a valorar las posibilidades de actuación de las que dispone.

Martínez ha recordado que la licencia fue aprobada por la Junta de Gobierno Local, integrada por representantes del actual equipo de Gobierno de PP y Vox, y ha cuestionado que determinados expedientes puedan tramitarse como una licencia más sin una reflexión suficiente cuando presentan, a su juicio, un impacto especial.

De este modo, arranca un nuevo enfrentamiento por resolver ante el futuro de los vecinos de las 80 viviendas. Dos posiciones. PP y Vox sostienen que la normativa y la jurisprudencia obligaban a conceder la licencia y sitúa parte del origen del expediente en la anterior Corporación, el PSOE y Aike cuestionan que el Ayuntamiento actual agotara todas las posibilidades urbanísticas y de movilidad para evitar la instalación.