El decreto de Sánchez pone en jaque el megacentro de Meta en Talavera: Castilla-La Mancha planta cara

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha decidido plantar cara al futuro real decreto sobre centros de datos que prepara el Ejecutivo de Pedro Sánchez. La Junta ha presentado diez alegaciones al borrador al considerar que las nuevas condiciones podrían complicar proyectos estratégicos ya en marcha, entre ellos el gran centro de datos de Meta previsto en Talavera de la Reina.

La consejera Portavoz del Ejecutivo autonómico, Esther Padilla, ha advertido este miércoles de que la futura normativa puede «cambiar las reglas del juego» para inversiones que comenzaron su tramitación bajo unas condiciones diferentes.

Uno de los puntos que más inquietud genera es la obligación de que el 80 % de la energía consumida por estas instalaciones proceda de fuentes renovables. Además, las compañías deberán demostrar que esa electricidad limpia se está generando en el mismo momento en el que es utilizada por el centro de datos.

Según ha explicado Padilla, si empresas como Meta no consiguen acreditar ambas condiciones podrían enfrentarse incluso a la pérdida de sus permisos.

Recargos de hasta el 500 %

Las alegaciones presentadas por Castilla-La Mancha cuestionan tanto el rango jurídico elegido por el Gobierno central como la proporcionalidad de las sanciones previstas.

El borrador no se limita a establecer requisitos técnicos para los centros de datos, sino que contempla recargos que pueden alcanzar el 500 %, la retirada de los permisos de acceso y conexión a la red eléctrica y la caducidad de autorizaciones que ya habían sido concedidas.

La Junta considera que unas consecuencias de esta magnitud necesitan una cobertura legal suficiente y no pueden quedar reguladas completamente mediante un real decreto. Por ello, propone que la reforma se tramite como una proposición de ley o mediante una modificación de la legislación vigente.

El Ejecutivo autonómico también reclama que los posibles recargos se apliquen de manera gradual y proporcionada, atendiendo a las circunstancias concretas de cada proyecto.

Blindar las inversiones ya iniciadas

Otro de los grandes bloques de alegaciones busca proteger los proyectos que se encuentran actualmente en tramitación. Castilla-La Mancha solicita un régimen transitorio flexible, adaptado al grado de madurez de cada iniciativa, así como una salvaguarda específica para aquellas inversiones que puedan acreditar que sus procedimientos administrativos están ya avanzados.

Esta petición afecta directamente a proyectos de enorme relevancia económica para la región, como el campus de datos promovido por Meta en Talavera de la Reina.

La Junta sostiene que la entrada en vigor de nuevas obligaciones no debería poner en riesgo inversiones que fueron diseñadas y tramitadas con arreglo a las condiciones vigentes hasta ahora.

Una aplicación progresiva

Castilla-La Mancha también pide que los criterios de eficiencia energética se implanten de una manera «realista y territorialmente justa». Padilla ha insistido en que esta reclamación no pretende rebajar los estándares ambientales ni conseguir una excepción particular para la comunidad autónoma.

La propuesta regional consiste en aplicar progresivamente las nuevas exigencias de consumo renovable, acompasándolas a la capacidad real de las redes eléctricas y al despliegue de nuevas instalaciones de generación.

«Castilla-La Mancha está pidiendo una norma exigente, jurídicamente segura y territorialmente justa», ha resumido la consejera Portavoz.