El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page
El PP acusa a Page de empujar al campo al abismo con pérdidas millonarias y un recorte del 67 % en el agua
Los populares alertan de pérdidas de hasta 595 millones de euros en el PIB y denuncian que la región afronta 2027 sin infraestructuras, sin una auditoría hídrica y con miles de pozos pendientes de regularización
El Partido Popular de Castilla-La Mancha acusa al Gobierno de Emiliano García-Page de haber empujado al campo regional hacia un escenario límite por su «inacción» en materia de agua. Los populares advierten de que miles de agricultores afrontan posibles recortes, pérdida de derechos y transformación de regadíos en secano mientras siguen pendientes numerosas infraestructuras hidráulicas.
Los diputados regionales Santiago Lucas-Torres y Juan Antonio Moreno concentraron sus críticas durante el pleno celebrado este jueves en las Cortes de Castilla-La Mancha. Ambos reclamaron el cumplimiento del Pacto Regional por el Agua y medidas urgentes para proteger el futuro de las explotaciones agrarias.
Lucas-Torres alertó de que la nueva planificación hidrológica contempla reducciones de dotaciones y superficies, extinción de derechos y conversión de regadíos en secano. Todo ello, denunció, mientras Castilla-La Mancha llega a 2027 «sin auditoría hídrica propia, sin suficientes infraestructuras» y con un pacto suscrito por 43 entidades que se ha quedado «prácticamente en una fotografía».
«No puede ser que después de años sin inversiones la solución sea cerrar pozos; después de años sin infraestructuras, reducir perímetros; y después de años sin alternativas, quitar derechos», afirmó. «La factura siempre la paga el agricultor».
Un recorte del 67 % en Albacete
La principal advertencia afecta a los regantes del Segura en Albacete. Según los datos ofrecidos por Lucas-Torres, en ocho masas de agua del sureste de la provincia, además de parte de El Molar, se plantea reducir los recursos desde 90,87 hasta 33,2 hectómetros cúbicos.
«Estamos hablando de un recorte del 67 %. Dos terceras partes del agua», subrayó el parlamentario.
El PP citó estimaciones de organizaciones agrarias como UPA que cifran las posibles consecuencias en 277 millones de euros anuales de pérdida de producción, más de 100 millones de margen neto, hasta 595 millones de impacto sobre el PIB y 626 millones de pérdida patrimonial para los agricultores albaceteños.
Lucas-Torres también mencionó el caso de Albatana, donde, según denunció, agricultores que han invertido para modernizar sus explotaciones pueden quedar fuera de los nuevos perímetros y expuestos a sanciones.
«Eso no es seguridad jurídica. Es volver loco al regante y, sobre todo, arruinar pequeñas explotaciones», aseguró.
Miles de explotaciones ante una fecha decisiva
En la cuenca del Guadiana, los populares señalaron el 31 de diciembre de 2027 como una fecha crucial. El PP cifra en aproximadamente 4.500 las explotaciones afectadas, con más de 20.700 hectáreas y unas dotaciones de apenas 700 metros cúbicos por hectárea vinculadas al Plan Especial del Alto Guadiana.
A esta situación se suman, según Lucas-Torres, alrededor de 1.800 pozos prioritarios todavía sin regularizar. El diputado reclamó además explicaciones sobre los 25,5 hectómetros cúbicos pendientes de los 40 previstos después de haberse utilizado unos 14,5.
También advirtió de que la Mancha Oriental presenta unos usos estimados de 320 hectómetros cúbicos frente a 274,8 disponibles y reclamó los 80 hectómetros anuales comprometidos hace dos décadas para sustituir bombeos.
Nueve años de «inacción»
Por su parte, Juan Antonio Moreno acusaba a Page de llevar seis años sin poner en marcha el Pacto Regional por el Agua y de impulsar ahora un debate sobre el abastecimiento cuando quedan nueve meses para las elecciones.
«O es por mala conciencia tras no haber hecho nada durante estos nueve años de Gobierno o por agitar el espantajo recurrente con el que llevan intentando engañar a los ciudadanos durante décadas», manifestó.
El PP reclama actualizar el pacto, elaborar una auditoría hídrica cuenca por cuenca y aprobar un plan de infraestructuras. También exige desbloquear actuaciones como la Tubería Manchega, la presa de Montizón, Alcorlo-Beleña y el Canal Bajo del Alberche.
La formación pide igualmente eliminar el canon medioambiental y destinar las cantidades recaudadas a obras de depuración, abastecimiento, reutilización y modernización. Según los populares, Castilla-La Mancha cuenta con numerosos recursos comprometidos, pero demasiadas veces el agua se queda «solo en los papeles».