Escuela Infantil Gloria Fuertes, Toledo
La antigua gestora de las escuelas infantiles de Toledo acusa al Ayuntamiento de faltar a la verdad
La antigua gestora niega haber puesto «palos en las ruedas» y recuerda que el tribunal no apreció mala fe, aunque desestimó su recurso
El conflicto por la gestión de las tres Escuelas Infantiles Municipales de Toledo ha entrado en una nueva fase. La antigua gestora, Servicios Infantiles La Casita de Chocolate, ha respondido al Ayuntamiento con una extensa batería de fechas, escritos y acuerdos administrativos para negar que haya intentado obstaculizar la adjudicación del servicio.
La empresa reacciona así después de que el portavoz del Gobierno municipal acusara a quienes recurrieron la licitación de estar «poniendo palos en las ruedas», les atribuyera parte de la incertidumbre sufrida durante los últimos meses y reclamara disculpas para las familias.
La Casita de Chocolate acepta que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) haya desestimado su recurso, pero rechaza que esa resolución demuestre que actuó con intención de bloquear el procedimiento.
«Una cosa es que el Tribunal no haya estimado nuestras pretensiones y otra muy distinta convertir el legítimo ejercicio de un recurso administrativo en una actuación destinada a obstaculizar», sostiene la compañía.
Contratos terminados antes de tiempo
El origen del proceso se encuentra en las diferentes fechas de vencimiento de los contratos de las tres escuelas infantiles, una situación que dificultaba que el Ayuntamiento pudiera sacar conjuntamente a concurso la gestión de todos los centros.
La Casita de Chocolate asegura que aceptó finalizar anticipadamente contratos que todavía estaban vigentes y continuar al frente del servicio hasta el 31 de agosto de 2026 para facilitar la transición al futuro adjudicatario.
La empresa también afirma que asumió el proceso de admisión del curso 2026/2027 después de recibir una llamada realizada desde un teléfono del despacho del alcalde, Carlos Velázquez. El Consistorio formalizó posteriormente un contrato de asistencia técnica y administrativa para que la compañía organizara y tramitara las solicitudes.
«Cuando el Ayuntamiento necesitó nuestra colaboración, colaboramos», recalca la antigua gestora.
Una licitación 376.575 euros más cara
Otro de los puntos centrales de la disputa se produjo durante la preparación de la nueva licitación. El 15 de abril, el Ayuntamiento aprobó un primer procedimiento con un presupuesto base de 3.953.760,71 euros.
Nueve días después, La Casita de Chocolate registró un escrito en el que advertía de posibles problemas relacionados con las tablas salariales, el absentismo y el beneficio industrial. La compañía subraya que acudió primero al Ayuntamiento y no directamente al tribunal.
El 30 de abril se aprobó una segunda licitación por 4.330.336,53 euros, un incremento de 376.575,82 euros respecto a la primera y con una revisión sustancial de los costes laborales.
La empresa no atribuye directamente esta modificación a sus advertencias, pero destaca que estas fueron formuladas antes de la aprobación del nuevo presupuesto. Al mantenerse otras cuestiones controvertidas, decidió presentar el recurso especial en materia de contratación.
La Casita de Chocolate incide también en que la suspensión cautelar de la licitación no fue acordada por la empresa, sino adoptada de oficio por el propio TACRC.
La advertencia que llegó en junio
El 16 de junio, más de dos meses antes del comienzo del curso, la antigua gestora remitió un informe al Ayuntamiento en el que alertaba del riesgo de que la licitación no estuviera resuelta a tiempo para septiembre.
En ese mismo documento manifestó su disposición a colaborar en la búsqueda de una solución que garantizara la apertura de los centros y evitara perjuicios a las familias, las trabajadoras y el servicio público.
Durante el verano, La Casita de Chocolate rechazó asumir una continuidad provisional, parcial y de duración indeterminada, al entender que esa fórmula generaba graves problemas laborales, organizativos y económicos. Sin embargo, ofreció continuar gestionando las tres escuelas durante todo el curso 2026/2027 con unas condiciones previamente definidas.
El Ayuntamiento optó finalmente por otra alternativa. «Puede discutirse cuál de las dos fórmulas era preferible. Lo que no refleja la documentación es una negativa de La Casita de Chocolate a colaborar», defiende la compañía.
El TACRC desestimó el recurso el pasado 23 de septiembre y levantó la suspensión. No obstante, la resolución señala, según la documentación difundida, que no existió mala fe ni temeridad en su presentación.
La Casita de Chocolate considera que este pronunciamiento impide convertir su derrota administrativa en una prueba de que pretendiera perjudicar al Ayuntamiento. Tras meses de acusaciones, la empresa lanza ahora un último mensaje: «No pedimos que nadie crea nuestra versión. Pedimos que lea los documentos y saque sus propias conclusiones».