Fachada de la Audiencia Provincial de Toledo

Fachada de la Audiencia Provincial de ToledoEuropa Press

La Fiscalía de Castilla-La Mancha preocupada porque la cifra de delitos sexuales no mejora y el narcotráfico aumenta

La memoria de 2025 evidencia la alarma referida al aumento de la proliferación de grupos criminales dedicados al tráfico de droga en Toledo y Guadalajara

La Memoria de la Fiscalía de Castilla-La Mancha relativa al año 2025 ha detectado que el narcotráfico en la comunidad autónoma está tomando «unas proporciones preocupantes», y que la cifra de delitos contra la libertad sexual «no mejora» y los datos siguen siendo «preocupantes».

Así lo ha destacado el fiscal superior de Castilla-La Mancha, Emilio Fernández, en declaraciones a los medios en las Cortes, donde ha acudido para presentar la Memoria 2025 en la Comisión de Asuntos Generales, y ha señalado que mientras que desde hace tres o cuatro años, en materia de delitos contra la salud pública, había una «línea homogénea» con otras regiones del entorno de Castilla-La Mancha, por la cercanía con Madrid, ahora la situación «es muy diferente».

Ha explicado que en algunas provincias, particularmente Toledo y Guadalajara, se ha detectado actividad «de grupos organizados ciertamente peligrosos en muchos aspectos dedicados al tráfico de drogas que causan grave daño a la salud», fundamentalmente cocaína, llegando a propiciar incluso que se haya designado un delegado de la Fiscalía Antidroga en Toledo.

«En Toledo hay una actuación de grupos criminales dedicados al tráfico de drogas de carácter relevante en todas sus vertientes, es decir, en el tráfico de drogas que causan grave daño a la salud, cocaína fundamentalmente, y drogas sintéticas y también en el cultivo indoor de hachís», y ahora se está tratando de conseguir otro fiscal antidroga o un enlace de dicha Fiscalía para la provincia de Guadalajara.

«No se corresponde con la inmigración»

El fiscal superior de Castilla-La Mancha, Emilio Fernández

El fiscal superior de Castilla-La Mancha, Emilio FernándezEUROPA PRESS

También se ha centrado en los delitos contra la libertad sexual, «por las graves consecuencias que tienen», y ha señalado que la mayoría de los que han objeto de enjuiciamiento en el año 2025 en la región «son agresiones sexuales a menores, a menores de 16 años. Aquí la cifra no mejora y es un punto, digamos, preocupante».

Sobre las agresiones sexuales a menores, a preguntas de los medios, ha destacado que el patrón no ha cambiado y que «la mayoría de estos supuestos se producen en el círculo, vamos a decir, o familiar o cuasi familiar» y en ese ámbito «hay nacionales y hay extranjeros».

Ha negado, como en años anteriores, que exista una correspondencia entre hechos delictivos en este ámbito con la inmigración. «No existe esa equivalencia, ni esa correspondencia», ha zanjado.

En materia de violencia de género, Emilio Fernández ha destacado que las cifras de violencia de género «mantienen una cierta estabilidad», aunque no descienden las de violencia de género que abarca la violencia vicaria.

El fiscal superior ha indicado que la Memoria 2025 refleja que en materia de siniestralidad laboral la región «sigue teniendo cifras preocupantes» y aunque las cifras de accidentes de trabajo han disminuido levemente en el año 2025 y en lo que va de 2026, «lo cierto es que las víctimas de accidentes de trabajo, víctimas mortales, aumentan», apremiando a reforzar la Inspección de Trabajo.

Reubicación de 'menas'

Ha hablado, de otro lado, de la delincuencia juvenil, que preocupa especialmente, y de la violencia intrafamiliar, un «fenómeno en relativo aumento y que también sufre, algunas veces, la falta de respuesta rápida por parte de la jurisdicción de menores», ha admitido.

Igualmente, se ha referido cómo desde la Fiscalía se está dedicando una «atención especial» en la reubicación de los menores extranjeros no acompañados procedentes de las comunidades receptoras del fenómeno de la inmigración de este tipo de menores (Canarias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla), para procurar que las resoluciones de traslado y de ubicación en las comunidades autónomas se lleven a efecto en el tiempo más corto posible.

Fernández también ha incidido en la necesidad de un cambio respecto de las reglas de investigación penal en España, reseñando que aunque había un Proyecto de Ley en las Cortes de reforma de la ley de enjuiciamiento criminal que atribuía la investigación o la dirección de la investigación al Ministerio Fiscal, ahora «ha quedado truncado como consecuencia de la convocatoria electoral».

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