Las Cortes convalidan por unanimidad la subida salarial de los empleados públicos de Castilla y León, con críticas de la oposición

La Diputación Permanente de las Cortes de Castilla y León ha convalidado este lunes por unanimidad el decreto-ley que contempla la revalorización de los salarios del personal al servicio del sector público autonómico para los años 2025 y 2026. Los socialistas, Vox y UPL expresaron sus críticas tanto al procedimiento utilizado por la Junta, como a las subidas aplicadas, ya que entienden que no cubren el incremento de la inflación en los últimos años.

En concreto, la norma, ratificada en una sesión de unos 45 minutos, contempla un aumento del 2,5 % en 2025 y un 1,5 % en 2026, con posibilidad de un ajuste adicional del 0,5 % si la inflación alcanza el 1,5 % o más este año. Los importes correspondientes a los atrasos se abonaron en esta primera nómina del año, en la que también se aplicó el aumento fijado para este ejercicio.

En su intervención, el portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, destacó que el decreto-ley se centra «exclusivamente» en el salario de los empleados públicos, «sin aprovechar la ocasión» para incluir otras cuestiones diferentes, que señaló pueden «abrir desavenencias entre los grupos parlamentarios», en clara referencia al ‘decreto ómnibus’ que recogía la subida de las pensiones, entre otras medidas, y que fue tumbado por el Congreso de los Diputados.

Igualmente, Fernández Carriedo apuntó que la mejora retributiva tiene un impacto de 403 millones de euros en las arcas de la Comunidad, por lo que consideró «oportuno» que la reforma del sistema de financiación autonómica sea negociado, asegurando los principios de «igualdad, solidaridad y suficiencia», para garantizar la multilateralidad de forma que, «lo que afecte a todos, se acuerde entre todos».

De esta forma, el consejero portavoz indicó que la Junta ha aplicado el «importe máximo» permitido por la legislación básica del Estado y se ha anticipado 35 meses el abono de las cantidades reconocidas con efecto retroactivo. No obstante, reconoció que el país atraviesa un momento económico «especialmente significativo», al tener una inflación en «niveles elevados». Por ello, consideró necesario que los empleados públicos sigan mejorando sus condiciones, «paliando en lo posible la pérdida de poder adquisitivo».

Asimismo, Fernández Carriedo recordó que se trata de un colectivo que sufrió una bajada del cinco por ciento de sus retribuciones en 2010 y que en los últimos años ha sufrido una pérdida de poder adquisitivo. Por el contrario, destacó que la Junta puso en marcha la carrera profesional horizontal en 2021, ha mejorado los complementos de algunas categorías, ha incrementado el número de efectivos y ha aplicado la jornada de 35 horas semanales.