Quién no puede ser miembro de una mesa electoral en Castilla y León según la ley

La legislación electoral establece con claridad que no todos los ciudadanos pueden ser llamados a formar parte de una mesa el próximo 15 de marzo de 2026. Existen dos tipos de exclusiones: las que operan de forma automática por el cargo o condición de la persona, y aquellas que el ciudadano puede solicitar voluntariamente si cumple ciertos requisitos.

Existen perfiles que, por la naturaleza de su trabajo o su situación legal, tienen prohibido ser miembros de mesa. En primer lugar, están los candidatos que se presentan a las elecciones a las Cortes de Castilla y León, ya que sería un conflicto de intereses que quienes se postulan para ser elegidos custodiaran las urnas.

Tampoco pueden serlo los cargos públicos de alto nivel, como los miembros del Gobierno autonómico, el Defensor del Pueblo (o el Justicia de Aragón en su caso), ni los magistrados del Tribunal Constitucional o miembros de la Junta Electoral.

El sector de la justicia y la seguridad también queda fuera por ley. Los jueces, fiscales y magistrados en activo no pueden formar parte de las mesas, como tampoco pueden hacerlo el personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o los miembros de las Fuerzas Armadas que estén de servicio.

Del mismo modo, cualquier persona que haya sido declarada incapaz o esté privada de sus derechos civiles y políticos por sentencia judicial firme queda automáticamente excluida del sorteo.

Límites de edad y formación académica

El sorteo se realiza sobre el censo electoral, pero bajo unos criterios técnicos específicos. No pueden ser miembros de mesa los menores de 18 años ni los mayores de 70 años, aunque la ley permite que los ciudadanos de entre 65 y 70 años renuncien voluntariamente si son elegidos.

Además, existen requisitos de titulación. Para ser Presidente de mesa es obligatorio tener el título de Bachiller o el de Formación Profesional de Segundo Grado, o en su defecto, el Graduado Escolar o equivalente. Para ser vocal, basta con saber leer y escribir.

Finalmente, hay causas personales que permiten librarse de esta obligación si se justifican ante la Junta Electoral de Zona. Entre ellas destacan la incapacidad permanente absoluta, la gestación a partir de los seis meses (o el periodo de lactancia), haber formado parte de una mesa electoral al menos en tres ocasiones en los últimos diez años, o tener programada una intervención quirúrgica o pruebas clínicas importantes el día de la votación o el día anterior.