Las políticas de vivienda con las que los partidos tratan de persuadir al votante joven de Castilla y León

El acceso a la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los ciudadanos –especialmente de los más jóvenes–, debido al incesante alza de precios y a las barreras de financiación. Está realidad ha situado a la vivienda en uno principales focos del debate político, y también de la campaña electoral de Castilla y León, donde los partidos buscan con sus propuestas atraer al tan disputado voto joven, decisivo de cara a los comicios autonómicos del 15 de marzo.

En el caso del Partido Popular, su programa electoral incluye más de 30 medidas en materia de vivienda y urbanismo, con el foco puesto en los jóvenes, el alquiler asequible, la generación de suelo o la colaboración-público. «Todas las medidas en materia de vivienda tendrán como destinatarios prioritarios o bonificados a los jóvenes de Castilla y León y como destino preferente nuestro medio rural», dice el texto.

En concreto, la formación de Alfonso Fernández Mañueco, candidato a la reelección, apuesta por facilitar el acceso a la vivienda a menores de 40 años y fomentar el arraigo en municipios rurales, para ello, ofrece «impuestos cero» en la compra de la primera vivienda habitual para todos residentes del mundo rural, con independencia de la edad.

El programa también incluye ayudas al alquiler, amplía la edad de los beneficiarios hasta los 40 años y aumenta los avales hipotecarios hasta el 20 %. Asimismo, plantea construir y rehabilitar vivienda pública, comprar vivienda existente y generar suelo urbanizado para al menos 5.000 nuevas viviendas protegidas. El texto cita mecanismos como la 'Locomotora de suelo residencial' para incentivar la inversión en vivienda, los Planes Regionales de Ámbito Territorial y la obligación de desarrollar vivienda protegida en suelos públicos.

Asimismo, los 'populares' también apuestan por concesiones a largo plazo, apoyo a promotores privados y programas de ayudas para fomentar vivienda en alquiler asequible tanto en suelo público como privado. En materia de rehabilitación, eficiencia energética y accesibilidad, incluye el 'Plan Rehabitare Plus 5.000' para impulsar la rehabilitación en municipios inferiores a 5.000 habitantes, regeneración de barrios vulnerables, subvenciones para eficiencia energética, accesibilidad y creación de un sello de calidad para vivienda protegida conforme a estándares europeos.

Por último, mantienen sus medidas contra la okupación, que incluyen asesoramiento a la víctima en colaboración con la Administración Local, actualizan los precios máximos de VPO, y prometen implantar entidades certificadoras urbanísticas. También proponen activar la declaración de urgencia en suelos residenciales y poner en marcha una reforma normativa para reducir plazos y simplificar los trámites.

El PSOE y la intervención pública

El PSOE de Castilla y León, liderado por el soriano Carlos Martínez, apuestan por reforzar la intervención pública mediante la creación de un Consorcio Autonómico de Vivienda y Suelo que coordine la Junta de Castilla y León, ayuntamientos y diputaciones.

La propuesta, que se presentó en el Consejo de Alcaldes celebrado el pasado mes de enero y que se incluye en el programa electoral socialista, recoge el compromiso de desarrollar políticas que garanticen el denominado «derecho subjetivo a la vivienda», vinculando los precios del alquiler a los ingresos de la unidad familiar y limitando el acceso a viviendas protegidas a quienes no superen determinados umbrales de renta.

Junto a ello, el PSOE plantea un Pacto Social por la Vivienda con entidades sociales, colegios profesionales y la universidad, así como un programa de intermediación para movilizar viviendas vacías del mercado privado, con el objetivo de que el alquiler no supere el 30 % de los ingresos de los adjudicatarios.

Además del consorcio, también apuestan por incrementar el parque público de vivienda, impulsar el alquiler asequible para mayores, crear un programa de rehabilitación de viviendas rurales, ceder suelo público en condiciones ventajosas, o, entre otras medidas, favorecer las fórmulas de multipropiedad que posibiliten nuevas modalidades residenciales".

«La vivienda no puede limitarse a ser un bien de mercado. Es la condición material que hace posible el derecho a quedarse y el derecho a volver. La emancipación juvenil, el retorno del talento y la estabilidad para las familias, no es posible sin el acceso a una vivienda digna y asequible. La política de vivienda en Castilla y León es una política estructural de cohesión territorial y de competitividad económica», recoge el programa electoral del PSOE, que apuesta por aplicar la ley de vivienda para controlar el precio de los alquileres en las zonas tensionadas.

Vox, rebajas fiscales y financiación

En cuanto a Vox, su programa electoral contempla rebajas en impuestos ligados a la vivienda, sucesiones y donaciones, así como la implantación de una fiscalidad diferenciada para el medio rural. «En referencia al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, aplicaremos bonificaciones en cuota del 100 % para compra de vivienda habitual y, en su defecto, diferiremos el pago del impuesto para eliminar barreras de acceso a la vivienda», dice el texto de la formación conservadora.

Además, facilitará la financiación para la compra de vivienda con avales públicos y créditos blandos orientados, principalmente, a parejas jóvenes (dicho avales estarán vinculados al número de hijos).

Asimismo, la formación liderada por Carlos Pollán se comprometen a «inundar» de bloques de vivienda protegida la Comunidad, ampliar suelo disponible «poniendo fin al secuestro del suelo por parte de las Administraciones públicas», acelerar su proceso de transformación y agilitar la tramitación urbanística, entre otras medidas.

«Es urgente un Gobierno que afronte con valentía los problemas de la vivienda, que anteponga las necesidades de los españoles, que inunde nuestra región de vivienda protegida, que baje masivamente los impuestos, que reduzca drásticamente la burocracia, que amplíe el suelo disponible y que haga frente la inmigración masiva, porque fronteras seguras con pisos asequibles», dice el texto de Vox.

Pisos turísticos y fondos de inversión

La vivienda también es uno de los ejes principales de la propuesta de Izquierda Unida-Movimiento Sumar-Verdes Equo, que plantea crear un plan de vivienda pública en Castilla y León capaz de movilizar 20.000 pisos en cuatro años, limitar el alquiler a un máximo del 30 % de la renta, declarar zonas tensionadas y restringir la vivienda turística. Además, también plantea destinar el 25% del parque público al medio rural.

Por su parte, la coalición Podemos -Alianza Verde quiere crear un nuevo impuesto sobre el patrimonio inmobiliario para gravar a los fondos de inversión que especulen con la vivienda, crear un servicio público de vivienda, incrementar el parque público y limitar el precio del alquiler por ley.