La trama de los ataúdes de Valladolid llegó a dar el cambiazo incluso con los féretros más baratos

Una de las muchas afectadas por la supuesta trama que se juzga en la Audiencia de Valladolid por el 'caso ataúdes' y que llevan compareciendo desde hace días en el juicio ha mostrado este miércoles su incredulidad por el hecho de que incluso el féretro barato contratado para la incineración de su marido pudiera haber sido también utilizado supuestamente por los acusados para revenderlo tras fingir su quema.

La testigo, Agustina L, ha insistido en que cuando la familia recibió comunicación del juzgado de que pudiera ser una de las afectadas por la 'Operación Ignis' no se lo podía creer, sobre todo porque para costear los servicios funerarios tuvo que recibir ayuda y la caja finalmente contratada era muy sencilla.

Por ese motivo, no podía entender que el ataúd de su marido, fallecido el 30 de diciembre de 2002, también hubiera sido «reciclado», término que, presuntamente, utilizaban los empleados del grupo funerario El Salvador para referirse a aquellas cajas a las que se daba el cambiazo para su reutilización.

«Me quedé pasmada»

«Me quedé pasmada, no pensé en ningún momento que pudiera figurar en la lista y que cometieran la estafa también con una caja barata», ha insistido la perjudicada, en declaraciones recogidas por Europa Press.

La mujer ha asegurado que no llegó a ver entrar en el horno a su marido. Con carácter previo, Agustina ha advertido de que ella y su hija quisieron meter unas flores en el interior pero empleados del grupo funerario investigado se lo impidieron con la excusa de que tal deseo podía suponer una «contaminación».

Otra de las damnificadas, María Elena J, perdió a su madre el 5 de junio de 2010 y, al igual que otras muchas, no pudo presenciar su incineración porque se lo impidieron. La mujer, muy afectada, ha explicado que cuando se enteró de la supuesta estafa del cambiazo del féretro lo pasó fatal porque la muerte de su progenitora había supuesto un duro mazazo, ya que no superó una intervención quirúrgica y por eso no había tenido tiempo de despedirse de ella.

«La herida por la muerte de un ser querido no se cierra nunca y lo sucedido supone volver a revivir aquel duro momento al pensar que han utilizado a mi madre como un desecho», ha lamentado la declarante.

A su lamento se ha sumado también Francisco Javier H.A, que contrató personalmente los servicios de El Salvador para el velatorio e incineración de su padre Elviro, fallecido el 12 de mayo de 2013, ya que éste carecía de póliza. Si vio acercar el féretro al horno y llegó a ver lo que ha calificado como «el color del fuego», si bien luego se enteró de que el ataúd contratado no había sido utilizado en dicho proceso sino uno blanco.

De hecho, al perjudicado se le ha exhibido en sala la foto de su padre camino del horno en un féretro blanco, totalmente distinto del costeado, y con la particularidad de que a los pies de su progenitor, dentro del mismo féretro, los empleados habían metido una pequeña caja, como si supuestamente contuviera unas últimas pertenencias del finado que su hijo asegura desconocer.

Un «quebranto moral muy grande»

El afectado también ha mostrado su dolor por todo lo ocurrido ya que, como así ha precisado, pertenece a una familia religiosa y el enterarse de estos hechos ha supuesto para ella un «quebranto moral muy grande».

La nueva sesión del 'caso ataúdes' ha servido otro día más para acercar al tribunal el testimonio de un total de once perjudicados, como Luis Antonio M.L, Miguel Ángel M, Jesús G.N, Jaime N, María del P.B, José Andrés S.J. (en este caso contrató los servicios para sus padres, un tío y un hermano); Natividad G.P, Antonio F.A, Juliana F. y Antonio F.A, quienes ha compartido sentimientos de «rabia», «dolor», «impotencia», «indignación» y «decepción».

El último de ellos, Antonio F.A, afectado por el caso de su padre, fallecido el 31 de diciembre de 2014, ha añadido que al enterarse decidió «ir a por todas» contra los hoy 23 ocupantes del banquillo, entre ellos la viuda del magnate funerario ya fallecido y tres de sus hijos, así como empleados, al entender que lo que han hecho con los muertos y sus familias es ya «cuestión de dignidad, una estafa y una tomadura de pelo» que requiere la intervención de la justicia.

El juicio se toma ya un respiro y la Audiencia de Valladolid no lo reanudará hasta el día 6 de abril, fecha en la que los perjudicados de las dos acusaciones particulares tomarán el relevo a los que hasta el momento ha presentado el representante del Ministerio Fiscal.

Con carácter provisional, la Fiscalía de Valladolid solicita penas que, en su conjunto, superan los 200 años de prisión por delitos de organización criminal, estafa agravada, apropiación indebida, blanqueo de capitales, falsedad documental y contra el respeto a los difuntos.

Han quedado fuera de la causa por fallecimiento el patriarca y propietario del negocio, Ignacio Morchón Alonso, y el extrabajador de dicho grupo y principal testigo, Justo Martín, quien a lo largo de años fue anotando en libretas la actividad supuestamente delictiva.