Absuelto un guardia civil acusado de consultar los datos de su inquilino y el avalista en Valladolid

La Audiencia de Valladolid ha dictado sentencia absolutoria en el caso del agente de la Guardia Civil que husmear en el fichero INTPOL datos personales de la persona a la que había arrendado un piso en Valladolid capital y también del tío de éste, quien figuraba como avalista en el contrato.

Pese a que el fiscal del caso había pedido para el funcionario público una condena de tres años y medio de cárcel, multa de 7.200 euros e inhabilitación profesional por espacio de nueve años por un delito continuado de descubrimiento y revelación de secretos, la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Provincial ha optado finalmente por la absolución.

La Audiencia entiende que, aun estando acreditados los accesos a la base de datos, no queda acreditado que se realizaran sin autorización, además de que no resulta probado que se produjera perjuicio alguno, y en consecuencia no se acreditan los requisitos exigidos por el tipo penal aplicado, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

La acusación pública lo tenía difícil después de que el denunciante de los hechos, el arrendatario del inmueble no compareciera en la vista por encontrarse en paradero desconocido (se le sitúa en EE.UU) y la segunda supuesta víctima, su tío y avalista, Ricardo Amador, testificara en favor del acusado al asegurar que éste había sido autorizado tanto por él como por su sobrino para que consultara sus datos, a su antojo y en cualquier momento, a fin de que pudiera comprobar que eran gente de fiar.

De hecho, el funcionario del Instituto Armado, destinado en Medina de Rioseco, se declaró inocente y mantuvo que la consulta de datos de ambas personas en el referido fichero policial con carácter previo a la formalización del alquiler de la vivienda de su propiedad, sita en la calle Jacinto Benavente de Valladolid, como a posteriori, dos años después de que expirase el contrato, contó con la aquiescencia expresa de sus investigados.

El guardia civil se refirió al encuentro mantenido con su arrendatario y el tío de éste, a su vez avalista de la operación, varios días antes del 19 de julio de 2021, día de la firma del contrato, en el que las partes suscribieron un contrato de arras en el que el agente dejó reflejada dicha condición de servidor público.

«Tanto Rubén como su tío Andrés me dijeron ya entonces que como era guardia civil podía hacer las comprobaciones necesarias para certificar que eran gente de fiar y que estaban garantizados los pagos», insistió M.V.M, quien incluso apuntó que su inquilino le pidió un día expresamente, poco antes de que venciera el contrato, que entrara en la base de datos para comprobar si contaba con alguna denuncia tras verse implicado en un accidente de tráfico.

En el caso de su arrendatario, el agente consultó sus datos en cinco ocasiones, una de ellas ya expirado el contrato tras dejarle una serie de impagos y entonces descubrió que contaba con una denuncia por el hurto de teléfonos móviles en el Mediamarkt, mientras que respecto de su tío y avalista las entradas se elevaron a casi una decena, en todos los casos, como así ha insistido el funcionario, con el consentimiento de los dos.

No comparece el denunciante

En ausencia en el juicio del denunciante, el tribunal tan sólo contó con la versión de los hechos facilitada por el tío del desaparecido, Ricardo Amador, quien corroboró el alegato exculpatorio del guardia civil al asegurar que desde un principio tanto él como su sobrino facultaron al funcionario husmear en sus datos personales para asegurarse de que eran fiables.

«Soy fontanero, tengo clientes guardias civiles y no pongo ningún problema para que hagan las consultas que quieran porque no tengo nada que ocultar», explicó el avalista, quien, notablemente molesto con su sobrino, del que asegura no tener ya relación alguna, le calificó de «sinvergüenza» e incluso le reprochó haber denunciado al ahora absuelto.

Pese a las versiones coincidentes del agente y del referido testigo y la petición absolutoria de la defensa, el fiscal del caso había mantenido invariable su petición de condena al considerar acreditado que el primero realizó «accesos no justificados, un uso completamente ilegal de la base de datos reservados, sensibles y protegidos por la Constitución, vulnerando la intimidad informática de los dos perjudicados», prevaliéndose además de su condición de servidor público y sin que ninguno de ambos estuviera siendo investigado por la comisión de un delito.

El acusador público se lamentó ya en su informe final de la dificultad probatoria de los hechos como consecuencia de la incomparecencia de la persona que alquiló el inmueble, de ahí su petición inicial de suspensión del juicio que fue denegada por el tribunal, al tiempo que puso en solfa la versión ofrecida por su tío, «que no tenía una relación amigable con su sobrino», y puso el acento, sobre todo, en las búsquedas de datos en el fichero INTPOL que el guardia civil realizó a la conclusión del contrato una vez que comenzó a tener problemas para cobrar.

«El arrendatario denunció en 2023 al agente y pidió una orden de alejamiento porque comenzó a recibir presiones para pagar en las que el acusado le dijo que sabía lo del hurto en Mediamarkt y le amenazó con meterle en prisión al decirle que tenía amigos en la judicatura», reprochó el acusador público.