Los agricultores de Castilla y León piden una autorización excepcional para combatir la enfermedad más peligrosa para la remolacha

Los responsables de UPA en Castilla y León han pedido a la Dirección General de Producción Agrícola que solicite al Ministerio de Agricultura la autorización excepcional en la campaña 2026 de un producto para uso contra la cercospora en remolacha, como ya ocurrió en 2025, «a modo de medicamento para las plantas que permita la sostenibilidad y el mantenimiento de la remolacha azucarera en Castilla y León».

UPA ha trasladado su preocupación por el «riesgo tan elevado» para la producción remolachera en Castilla y León en el caso de que no se autorice de forma excepcional y como en 2025 el uso de UNIVOQ, «único producto con las materias activas adecuadas para atajar la enfermedad de la cercospora».

«Estamos hablando de la enfermedad más peligrosa para este cultivo con la evidencia constatada de que otros fungicidas pueden ser inútiles habiendo muestras de que hay cepas resistentes a los mismos, lo que nos lleva a pensar que el único tratamiento eficaz solo sea el UNIVOQ», ha explicado la organización agraria.

La OPA ha insistido en que le «preocupa sobremanera» que no se permita utilizar «la única herramienta útil» que tienen los profesionales remolacheros para reducir el riesgo de desarrollo de esta enfermedad fúngica, «cuya plaga supone la devastación del cultivo entero» y «cuando está demostrada su eficacia como herramienta de sanidad vegetal».

En este sentido, ha recordado a la Consejería de Agricultura la necesidad de que Castilla y León, «una de las regiones más importantes en producción de remolacha», encabece la petición de que España para solicitar a las autoridades europeas «el uso de emergencia del único producto que puede acabar con la cercospora».

UPA ha hecho un llamamiento al «sentido común» para que no se pongan cortapisas a lo que dice la ciencia en cuanto a seguridad en el uso de la tecnología e innovación agrícola en materia de herramientas de sanidad vegetal para la protección de cultivos ante enfermedades cada vez más severas y resistentes.

«Cada vez son más las plagas y enfermedades de nuestras plantas y menos las soluciones disponibles en materia de sanidad vegetal y de herramientas fitosanitarias testadas y que garantizan los protocolos sanitarios y la seguridad alimentaria», ha reiterado la OPA.