Las medidas con las que el nuevo Gobierno de Mañueco contrarrestará la inmigración masiva

En 2022, Partido Popular y Vox firmaron un acuerdo de gobierno en Castilla y León con 32 medidas, de las cuales apenas una versaba sobre inmigración. El acuerdo despachaba el tema con que «promoveremos una inmigración ordenada que, desde la integración cultural, económica y social, y en contra de las mafias ilegales, contribuya al futuro de Castilla y León». El asunto migratorio fue lo que dinamitó aquel primer Ejecutivo de coalición entre las dos principales fuerzas políticas de la derecha por el reparto de menores extranjeros no acompañados (menas) y ahora ambos partidos quieren evitarlo a toda costa dejando negro sobre blanco y de manera extensa una postura común para evitar futuros desencuentros.

Así, el nuevo entendimiento comprehende más de 300 medidas repartidas en 19 bloques de actuación y una parte no pequeña está enfocada en este tema, que llega en pleno proceso de regularización masivo de inmigrantes ilegales impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez. El más esperado es el que recoge la «prioridad nacional en el acceso a las ayudas públicas», que entrará en vigor «desde el arranque del Gobierno», como señala el escrito. En concreto, PP y Vox apuntan a que «el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas se inspirará en el principio de prioridad nacional, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio».

Si vamos al detalle, el acuerdo contempla el «establecimiento de un periodo mínimo reforzado de arraigo, empadronamiento y vinculación con el territorio»; la «vinculación del acceso a ayudas a la trayectoria de cotización, permanencia y contribución al sistema; la «exclusión del acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales a quienes se encuentren en situación irregular, limitando su acceso exclusivamente a supuestos de urgencia vital»; y, asimismo «se instará la modificación de la ley Orgánica 4/2000 y cuantas disposiciones normativas dificulten la consecución efectiva de lo anterior». El texto suscrito, sin embargo, no se queda ni de lejos ahí en relación a la inmigración.

Repatriaciones de menas

Otro de los puntos se titula «Plan de retorno y repatriación de inmigración ilegal» y está encaminado a combatir las políticas del Ejecutivo central. «Frente al Gobierno de Pedro Sánchez, que promueve la llegada masiva de menores ilegales mientras hipoteca el futuro de nuestros jóvenes, la Junta de Castilla y León trabajará activamente por devolver a los menores no acompañados a sus países de origen. Para ello, en el ejercicio de sus limitadas competencias en materia de relaciones internacionales [...], promoverá acuerdos con los países de origen, que faciliten y agilicen las repatriaciones y retornos efectivos de los menores con sus padres», reza.

Además, se verificará la edad de los inmigrantes ilegales, mediante la habilitación de «la oportuna consignación presupuestaria destinada a la realización de pruebas de determinación de edad». «Estas pruebas –sigue el texto– se aplicarán para evitar fraudes en la condición de menor y el colapso de los servicios». Asimismo, el acuerdo contempla la «supresión total de subvenciones a ONGs que favorezcan la inmigración ilegal».

«Se suprimirán todas las subvenciones, ayudas, convenios y conciertos con ONG u otras entidades que participen directa o indirectamente en la promoción, facilitación o sostenimiento de la inmigración ilegal, o que actúen como cooperadores necesarios de las mafias de tráfico de personas. La Junta de Castilla y León no destinará ni un solo euro público a estructuras que incentiven el efecto llamada», asegura el pacto sobre una medida que entrará en vigor «desde el primer presupuesto».

Otro de los puntos del acuerdo anuncia una «auditoria anual de todos los gastos vinculados a la inmigración masiva» con la que se garantizará «el mínimo desembolso de acuerdo con el marco legal vigente». «El objetivo es evitar destinar dinero público a organizaciones dedicadas al tráfico de personas tanto en origen como en destino, o que tengan como negocio principal la inmigración. La Junta de Castilla y León pondrá el máximo celo en esto y hará pública una auditoría anual que así lo acredite», indica el documento, de 62 páginas.

El entendimiento entre los 'populares' de Alfonso Fernández Mañueco y el Vox de Carlos Pollán avanza, asimismo, que «no se habilitará ningún nuevo centro de acogida de inmigrantes durante la legislatura ni se ampliarán las plazas en los existentes». «Se llevará a cabo una auditoría anual de todos los gastos vinculados a inmigración ilegal, con el objetivo de reducirlos al mínimo imprescindible para el cumplimiento del marco legal vigente», agrega el escrito.

Otro de los puntos del acuerdo contempla la «adaptación del nuevo Reglamento Europeo de Retornos»: «Los grupos parlamentarios que sostienen al Gobierno de Castilla y León instarán al Gobierno de España a adaptar, de forma inmediata, a la legislación nacional, el nuevo Reglamento Europeo de retornos aprobado por el Parlamento Europeo en marzo de este año, orientado a endurecer la política migratoria».

Finalmente, el pacto firmado por PP y Vox insta a la «prohibición del uso del burka y nicab en espacios públicos», como ya han hecho algunos ayuntamientos españoles y de la propia Castilla y León, como es el caso del de Burgos. El texto apunta a que, «en el ámbito de sus competencias, la Junta de Castilla y León prohibirá el uso del burka y nicab y de cualquier prenda similar que oculte completamente el rostro en espacios, edificios y servicios públicos autonómicos, por ser incompatible con la seguridad, la identificación personal y los principios básicos de convivencia». «No se permitirá la imposición de prácticas que invisibilizan a la mujer y vulneran los valores de igualdad y dignidad sobre los que se sustenta nuestra sociedad», aseveran sobre estas prendas islámicas.