Mañueco, investido presidente de la Junta de Castilla y León con el apoyo de un Vox que augura «muchos éxitos»

Casi en paralelo a que el PP comenzara sus negociaciones con Vox en Andalucía, en Castilla y León se ponía fin a casi tres meses de espera, desde las elecciones autonómicas del pasado 15 de marzo, para investir al 'popular' Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la Junta de Castilla y León con los 14 'síes' de los de Santiago Abascal en las Cortes.

Al igual que se barrunta en el sur, y como ya pasó en tierras aragonesas o extremeñas, las negociaciones entre las dos formaciones de derechas han sido «arduas», en palabras del portavoz de Vox en la Cámara castellano y leonesa, Carlos Pollán, que se erigirá como vicepresidente primero de un Ejecutivo de coalición al que le ha augurado «muchos éxitos».

Por el momento, y tras una campaña llena de reproches, Partido Popular y Vox no solo sellan la paz en la Comunidad, tras dos años de desavenencias tras la salida de los segundos de los Gobiernos autonómicos que cogobernaban con los 'populares', sino que presentan un extenso pacto con 324 medidas que sintetizan los puntales de los programas electorales con los que se presentaron el 15-M.

«Prioridad nacional»

En base a estos acuerdos han desarrollado tanto Mañueco como Pollán buena parte de sus intervenciones, este martes, en el parlamento sito en Valladolid. Uno de esos ejes, la «prioridad nacional» en el acceso a las ayudas y servicio públicos autonómicos, la han explicado con profusión los dos dirigentes y ha sido precisamente este asunto el que ha sobrevolado buena parte de los discursos de los portavoces parlamentarios de los otros grupos, especialmente los socialistas de Carlos Martínez, los más duros con Mañueco y con el PP, al que han acusado de «entregarse» a Vox.

La realidad es que este «principio inspirador» –Mañueco dixit– se traducirá en la práctica en una vinculación al «arraigo real» a España y Castilla y León, mediante exigencias de empadronamientos y otras medidas para que un recién llegado no pueda beneficiarse de las mismas bondades del Estado del Bienestar que alguien que haya estado cotizando toda la vida en Castilla y León.

En este sentido, Pollán ha invitado a los «detractores de la prioridad nacional» que «expliquen a los castellanos, leoneses y al resto de compatriotas su empeño por verles los últimos en la cola de las ayudas sociales o en el acceso a la vivienda». «En definitiva, que expliquen su empeño en convertir a los españoles en extranjeros en su propia patria», ha sostenido.

Previamente, Mañueco había desmontado los argumentos de la izquierda, encarnada exclusivamente en el PSOE en el Hemiciclo castellano y leonés, a través de algunas de las medidas tomadas por ellos mismos en distintas instituciones. Hubo repaso especialmente para Martínez, tras casi dos décadas como alcalde de Soria, pero también para la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, quien se reía desde la tribuna de autoridades, e incluso para el Ejecutivo de Pedro Sánchez, al recordar que el propio ingreso mínimo vital estipula que para recibirlo hay que haber residido en España durante al menos el año anterior.

El Gobierno, ojo avizor

Lo tendrán difícil desde el Ejecutivo central para enmarcar como inconstitucionales las medidas que se aterricen desde el nuevo Ejecutivo de la Junta en este sentido. Y eso que el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, advertía de que revisarían «cada documento y decreto» para constatar que se cumplía con la Ley.

«Si prescindimos de las demagogias interesadas –ha apuntado Mañueco durante su largo discurso–, vemos que se trata de algo fácil de entender: quienes reciban nuestras prestaciones deben acreditar, sea cual sea su procedencia, una vinculación legal, efectiva y estable con Castilla y León». En una sesión larga, que arrancaba al mediodía y finalizaba casi a las nueve de la noche, con un parón intermedio de unas dos horas y media para comer, la votación arrojaba un resultado claro: Mañueco seguirá al frente de la Junta, aunque mientras Vox quiera.

El dirigente salmantino ha recibido el apoyo de 47 procuradores –los 33 del PP y los 14 de Vox–, y los 'noes' de PSOE, UPL, Soria ¡Ya! y Por Ávila, partidos todos ellos, salvo los socialistas, con los que, en base a lo explicitado en el debate de investidura de este martes, el nuevo Ejecutivo podría alcanzar acuerdos puntuales en el futuro. En concreto, en el tercer y más que posible último mandato de un Mañueco que ha logrado su mayoría más holgada gracias al crecimiento experimentado por la derecha en los últimos comicios. Este jueves, el líder del PPCyL jurará el cargo.