Dónde está Lorenza, la desaparecida líder de una red paraguaya que prostituía incluso a sus familiares

La Audiencia de Valladolid celebra desde este martes el juicio contra los cinco presuntos integrantes de una red de trata de seres humanos que fue desarticulada en noviembre de 2022 por traer a la ciudad castellana mujeres desde Paraguay con el fin de someterlas a explotación sexual, actividad que ejercían en condiciones de verdadera esclavitud y bajo un control férreo de los acusados, quienes se enfrentan a un conjunto de penas que suman más de 112 años de cárcel.

El juicio por la 'Operación Tentaciones' en la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia de Valladolid se extenderá hasta el viernes, y al mismo la Fiscalía vallisoletana se presenta con un escrito en el que, en distinto grado, imputa al clan paraguayo encausado un total de 14 delitos, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

De ellos, cinco son por trata de seres humanos con la finalidad de la explotación sexual de la víctima, en concurso medial con otros tantos de prostitución coactiva, uno de ellos en grado de tentativa; tres delitos de aprovechamiento de la prostitución ajena, un delito de tráfico de drogas en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud, un delito continuado contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, un delito de blanqueo de capitales y un delito de grupo criminal.

La mayor de las penas solicitadas recae en la presunta jefa del entramado, Lorenza C. P., alias 'Lorena' o 'Nicole', quien se expone a un total de 52 años de cárcel, multa de 9.300 euros, libertad vigilada por espacio de diez años una vez cumplida la sentencia y la inhabilitación especial por espacio de veinte años para cualquier profesión, oficio o actividad, sea o no retribuido, que suponga contacto regular y directo con menores de edad, mientras que su prima, M.A.P. G., podría ser condenada a 25 años, con idénticas medidas que la anterior, y multa de 15.600 euros. Para los otros tres acusados, M.G.G., H. J. A. A. y J.R.A., la acusación pública interesa condenas de 18, nueve años y ocho meses y ocho años de cárcel, respectivamente.

Además, en concepto de responsabilidad civil, se solicita que los cinco, de forma conjunta y solidaria, indemnicen a cada una de sus víctimas con 80.000 euros por daños morales. A mayores, la supuesta jefa de la organización tendría también que abonar 50.000 euros a las víctimas de cuya prostitución se ha aprovechado.

¿Se llegará a celebrar?

El juicio tenía que haberse celebrado el pasado mes de marzo, pero tuvo que suspenderse ante la incomparecencia de la principal cabecilla, Lorenza C.P, contra la que el tribunal dictó una Euroorden con el fin de lograr su localización y detención para asegurar su presencia en la presente vista oral. Sin embargo, fuentes consultadas por Europa Press apuntan que dicha mujer sigue en paradero desconocido y no ha podido ser citada en forma, con lo cual planea una nueva suspensión.

Por auto de fecha 24 de noviembre de 2022, se autorizó la entrada y registro en varios domicilios de la organización que al menos desde la segunda mitad del año 2021 y hasta finales de noviembre del año 2022 se habría estado dedicando a la captación de mujeres jóvenes con graves problemas económicos y familiares, procedentes de zonas deprimidas de Paraguay, al objeto de financiar y facilitar su llegada, a territorio español, donde eran explotadas en una vivienda en la Avenida de Burgos.

A la cabeza de dicho entramado, tomando todas las decisiones principales, se encuentra la acusada Lorenza C.P, natural de Paraguay, alias 'Lorena y Nicole', residente legalmente en España con un permiso de larga duración y principal beneficiaria de toda la actividad delictiva.

Según informó en su día la Policía Nacional, la investigación comenzó el mes de septiembre del 2021 cuando los agentes contaron con el testimonio de una de las víctimas, que les permitió iniciar las pesquisas para detectar la posible existencia de una organización criminal dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual.

Los investigadores pudieron comprobar que existían anuncios de prostitución en páginas web que eran insertados por uno de los integrantes de la red criminal y que para la realización de las fotografías de los anuncios, de contenido sexual, había contratado a un fotógrafo profesional. También pudieron comprobar que disponían de una red de captadores en Paraguay, Valladolid y Madrid, que se encargaban de localizar en su país de origen a mujeres en situación de extrema pobreza y necesidad para que viajaran a España a ejercer la prostitución.

Las más vulnerables de sus familias

En la mayoría de los casos, los implicados captaban a las mujeres entre las más jóvenes y vulnerables de sus propias familias, lo que suponía un mayor lucro económico para los miembros de la organización criminal. Las víctimas desconocían las condiciones tan miserables en las que les obligarían a prostituirse, así como el hecho de que tendrían que entregar a sus tratantes al menos la mitad del dinero obtenido por los servicios sexuales, incluso en su totalidad hasta que saldaran la deuda. Una de las víctimas también desconocía que fuera a ser prostituida, dado que su captor la engañó ofreciéndole trabajo como limpiadora.

Los integrantes de la red proporcionaban el dinero y todo lo necesario, conocido como el viático, para viajar desde Paraguay hasta España e instruían a las mujeres para que viajaran en el avión simulando ser turistas, portando un billete de vuelta y una reserva de hotel que no llegarían a utilizar. Según los investigadores, los integrantes del grupo criminal pretendían que las víctimas permanecieran en España en situación irregular, para así acentuar el control sobre ellas infundiéndolas temor sobre su posible expulsión o detención si acudían a la policía. La organización criminal contaba con infraestructura en Madrid para recoger a las víctimas en el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas, su alojamiento durante los primeros días y su posterior traslado hasta Valladolid.

Los investigadores detectaron que cuando las víctimas eran trasladadas al piso de Valladolid, la persona máxima responsable de la red o la mujer de su confianza, les retiraba el dinero que habían llevado en el viaje y les informaba del alcance de la deuda que habían contraído con sus tratantes, siendo una cantidad superior a lo que había costado el viaje. Además, obligaban a las mujeres a firmar un falso contrato de arrendamiento para poder justificar, ante una posible acción policial, la apariencia de que las mujeres se encontraban ejerciendo la prostitución de forma libre en una habitación alquilada.

Hacinadas y vigiladas

Las víctimas debían estar disponibles las veinticuatro horas del día, por lo que apenas dormían, acudiendo los clientes especialmente de madrugada, por lo que las mujeres debían levantarse sin poder negarse a cumplir ningún servicio. También se pudo constatar que debían pedir permiso a la encargada si querían salir del piso, pero nunca podían alejarse mucho ni estar fuera más de un par de horas, debiendo volver rápidamente si algún cliente las solicitaba.

El piso donde llevaban a las víctimas estaba vigilado con cámaras y micrófonos, que visualizaba en su teléfono móvil la máxima responsable del entramado, controlando todo lo que sucedía en el interior del domicilio e imposibilitando que las víctimas hablaran libremente. Cuando se realizaron las pesquisas en el edificio donde se encontraban las víctimas, pudieron comprobar que dormían hacinadas en el cuarto de la caldera, en seis literas encajadas, a pesar de que el piso había sido un antiguo hostal y tenía una decena de habitaciones.