La corrupción en el Ayuntamiento de Soria hunde a un Martínez al que se le va a hacer eterna la Legislatura

El líder del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, se las va a ver y desear durante los próximos cuatro años, en los que, a priori, ejercerá como líder de la oposición al Gobierno de PP y Vox encabezado por Alfonso Fernández Mañueco, quien, si nada lo remedia, afronta el final de su periplo al frente del Ejecutivo autonómico.

Martínez, un perfil que no ha sido aupado por el sanchismo, cosechó un buen resultado en las pasadas elecciones autonómicas, con casi el 31 % de los votos, que le permitieron quedarse a solo tres escaños de los obtenidos por el PP. Unos mimbres con los que los socialistas afrontaban una Legislatura que, anhelan, derive en un cambio de Gobierno tras cuatro décadas de dominio 'popular' en la región. Sin embargo, este martes todo ha saltado por los aires.

El registro llevado a cabo por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil en el Ayuntamiento de Soria, que se ha saldado, por ahora, con seis detenciones, hunde su aval como gestor, tras 19 años al frente del Consistorio soriano. Una etapa que, como apuntan las primeras informaciones sobre una operación bajo unas diligencias declaradas secretas, es en la que se ha producido el enésimo caso de corrupción socialista, que se extiende ahora a Castilla y León solamente un día después del duro golpe al Gobierno que supone la condena a José Luis Ábalos, la otrora mano derecha del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tanto en el Ejecutivo central como en el PSOE.

Si ya Martínez optó durante la campaña por no hacer demasiada sangre con la trama fotovoltaica, en la que participaron altos cargos de la Junta durante la etapa de Gobierno del predecesor de Mañueco, Juan Vicente Herrera, ahora le va a resultar imposible optar por esa estrategia política de intentar relacionar de forma equilibrista al presidente de la Junta con la corrupción por eso de que «siempre estuvo ahí». La ciénaga de corrupción que afecta a los socialistas y al entorno político y familiar de Sánchez ya dificultaba esa opción, pero este nuevo escándalo deja totalmente minada su credibilidad. Y eso si este caso no acaba salpicándolo también a él mismo.

Por ahora, todo lo que se conoce sobre este presunto latrocinio a los ciudadanos recién desvelado mancha a una de las personas de confianza de Martínez en el Ayuntamiento soriano, la concejal Yolanda Santos, una de las personas detenidas en el marco de unas actuaciones por la presunta comisión de delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, falsedad documental, blanqueo de capitales y organización criminal. Según ha trascendido, y recogen varios periódicos de Soria, el origen de la investigación, originada tras la denuncia de un empresario, han sido las adjudicaciones desde el Consistorio a la empresa de Santos, Biosfera Soria.

Según los datos del Registro Mercantil consultados por El Debate, la concejal dimitió de su cargo de administradora solidaria en la empresa centrada en la educación ambiental el 8 de julio de 2019, que es cuando entró a formar parte de la Corporación Municipal soriana liderada por Martínez. Según avanza El Día de Soria, la detenida vendió el 33 % de las participaciones de la empresa que poseía, pero el Consistorio realizó contrataciones a la empresa pese a que la ley prohíbe que los concejales tengan más de un 10 % de acciones en cualquier compañía.

De acuerdo con esta información, la edil tiene una dedicación del 75 % en su cargo como concejal, aunque, como ha comprobado este diario, Santos dejó sin rellenar campo alguno en su Declaración de Incompatibilidades y Actividades. En todo caso, los vínculos con Biosfera Soria S.L. seguirían vigentes y eso es lo que ha motivado la operación de la Guardia Civil, que, de acuerdo con Heraldo-Diario de Soria, se habría centrado durante el registro en el Ayuntamiento específicamente en esta empresa.

Como apunta ese periódico, en los últimos años ha acumulado cinco expedientes de contratación pública, sobre todo de servicios, adjudicados por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Soria. Entre ellos, uno de 32.588 euros y otro de 37.000 euros, entre 2023 y este año, que es cuando abandona el Consistorio Martínez, al que se le va a hacer eterna una Legislatura que apenas da sus primeros pasos y que, por ahora, calla ante los graves hechos sucedidos.