Fila de inmigrantes para beneficiarse de la regularización extraordinaria, en una imagen de recurso
El Gobierno de Mañueco recurre la regularización de Sánchez, que ya han pedido 40.000 inmigrantes en Castilla y León
«Las cosas se podían haber hecho de otra forma», apuntan desde el Ejecutivo autonómico, que apuesta por una inmigración «ordenada» e insiste que lo contrario puede beneficiar a las «mafias ilegales»
La Junta de Castilla y León ya ha presentado su recurso ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto que establece el procedimiento para la regularización masiva de inmigrantes impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez, que finalizó ayer y que recibió en Castilla y León casi 40.000 solicitudes. «Las cosas se podían haber hecho de otra forma», aseguró hoy el portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, en la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno.
En ese sentido, explicó que el recurso se centra, como habían adelantado, en la posible vulneración de la legislación comunitaria referida, unas «dudas» que señaló parece que también ha apreciado el Tribunal Supremo una vez que ha dictado una providencia, en respuesta a los recursos de los gobiernos de Aragón y la Comunidad Valenciana, para pedir a las partes que se pronuncien antes de decidir si envía una consulta prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
«Queremos que se garantice el cumplimiento de la normativa», afirmó el portavoz de la Junta quien recordó que bajo la última Presidencia española se firmó el Pacto de Inmigración en Europa. Además, Fernández Carriedo cuestionó el procedimiento por que se han visto –dijo– «muchas» colas por parte de «muchas» personas porque no había medios para atenderles a su juicio «adecuadamente», lo que además, recordó, generó «problemas» con otros países.
El portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, a la derecha, comparece en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno
De esta forma, el consejero portavoz sostuvo que todo ello ha complicado la cuantificación de los posibles beneficiarios, puesto que de los 600.000 que se habló en un inicio, la cifra final de solicitudes se ha acercado en todo el país a los 1,2 millones. En Castilla y León, según el Gobierno, se han recibido 39.981 peticiones y se asignaron 18.646 citas en el conjunto de la Comunidad, donde las oficinas han atendido entre el 30 % y el 40 % de las solicitudes, según la provincia.
Al respecto, Fernández Carriedo aseguró que la información no está «fluyendo» de una forma lo «suficientemente transparente» ya que insistió en que no tenían más datos que los conocidos por los medios de comunicación. Además, sobre la cifra de solicitudes insistió en que la Junta mantiene su apuesta por una inmigración «ordenada» de personas que vengan a la Comunidad a integrarse, trabajar y pagar impuestos y cotizaciones sociales.
Finalmente, insistió en que el «mejor procedimiento» es el basado en un flujo «ordenado», por lo contrario puede beneficiar a las mafias ilegales que se dedican a la trata de personas.