El Gobierno va a por Valladolid por ampliar el acceso a la vivienda a todas las víctimas de violencia doméstica

Hace ya más de tres años que el pacto entre Partido Popular y Vox en Valladolid desalojó del Ayuntamiento de Valladolid al equipo de gobierno liderado por Óscar Puente y del que también formaba parte la actual ministra de Igualdad, Ana Redondo. Un mal trago para los dirigentes socialistas, que pusieron rumbo a Madrid pese a haber ganado por la mínima frente a los 'populares' de Jesús Julio Carnero, al que parecen no haber perdonado y al que desprecian a la menor ocasión, sobre todo en el caso de Puente.

Ahora, es Redondo quien busca entrometerse en la política municipal ejercida por el Ejecutivo que han votado los vallisoletanos. Cabe recordar que a día de hoy Puente sigue siendo el secretario general del PSOE de Valladolid a nivel provincial y Ana Redondo la presidenta de los socialistas castellanos y leoneses.

Hace escasas jornadas, trascendía que el Consistorio había modificado el protocolo para acceder a una vivienda pública en la capital, modificando el criterio para priorizar a las víctimas de violencia de género por las de violencia doméstica. Esto es, para que, por ejemplo, también puedan verse beneficiados víctimas varones, o hijos, o padres, hermanos... en definitiva, todos aquellas personas que sufran agresiones dentro del seno familiar.

Los primeros en salir a denunciar el cambio fueron los miembros del Grupo Municipal Socialista, quienes, de la mano de su portavoz, Pedro Herrero, quien acusaba al Consistorio de dejar «desprotegidas» a las mujeres, de «romper el consenso», de haber cometido un hecho de «extraordinaria gravedad» o una «barbaridad» por poner el acento «en la relación familiar o de convivencia». «Una mujer víctima de violencia de género no tiene por qué ser víctima de violencia doméstica», apuntaba. Más tarde era la Coordinadora de Mujeres de Valladolid, afín a Izquierda Unida –partido que conforma Valladolid Toma la Palabra, antiguos socios del PSOE de Puente en el Ayuntamiento– quienes cargaban contra el Gobierno municipal de derechas con los mismos argumentos.

No ha sido hasta este sábado cuando la polémica local ha escalado hasta el punto de que Redondo ha avisado a PP y Vox de que desde el Gobierno de Pedro Sánchez y, en concreto, desde su Ministerio, iban a estudiar cómo «revertir» la decisión, según anunciaba en la red social X.

«Un Ayuntamiento que se ha aferrado al negacionismo de la ultraderecha y que está dando la espalda a muchas mujeres que pueden tener en una vivienda la salida a una situación de violencia», describía la situación la titular del Departamento de Igualdad, quien avisaba de que «es un retroceso que no vamos a consentir». «La igualdad no se negocia», señalaba, tras indicar que la modificación de criterios «no es una batalla semántica, es la negación de derechos conseguidos y puede dejar fuera de la protección específica a mujeres, por ejemplo, cuando no conviven con su agresor».

«La violencia de género trae causa del machismo y de la cultura patriarcal, que es estructural y transversal. No es violencia común ni violencia doméstica», teorizaba, además, Redondo.

Para el Ayuntamiento de Valladolid, ninguna de estas acusaciones vertidas desde la izquierda tienen fundamento alguno. «El Ayuntamiento de Valladolid reafirma su compromiso firme e inequívoco con la igualdad y con la protección de las mujeres víctimas de violencia de género y desmiente de forma tajante que el nuevo protocolo de acceso al parque público de viviendas», apuntaba esta semana en un comunicado en el que el equipo de gobierno consideraba «especialmente grave» que se utilice una cuestión «tan sensible» como la violencia de género para generar una «alarma» que, a su juicio, «no se corresponde ni con la legislación vigente ni con el contenido» del protocolo aprobado por el Consejo de Administración de VIVA –la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda de Valladolid– el pasado 28 de mayo.

«Ninguna mujer víctima de violencia de género queda excluida de la protección que establece la legislación por el hecho de que el término 'violencia de género' no aparezca literalmente en un protocolo municipal», abundaban desde el Consistorio, que recordaba que la Ley Orgánica 1/2004 y, por tanto, su aplicación es «obligatoria y plenamente vigente».

Asimismo, argumentaba que la utilización en el protocolo del concepto de violencia doméstica responde precisamente a una voluntad de ampliar la protección, al contemplar situaciones de violencia que pueden producirse entre familiares o convivientes y que afectan a personas en circunstancias diversas, con independencia del género de la víctima o del agresor.

«Por tanto, no se elimina la protección de las mujeres víctimas de violencia de género, sino que se amplían los supuestos de atención a personas que se encuentran en situaciones de violencia y vulnerabilidad», añadían, antes de zanjar que «ninguna mujer que tenga la condición de víctima queda desprotegida por el nuevo protocolo».

La portavoz del equipo de gobierno, Blanca Jiménez, agregaba que «el nuevo protocolo nace también para dar una respuesta mucho más rápida a quienes necesitan una vivienda» y defendía que «de poco sirve un procedimiento pensado para atender situaciones de vulnerabilidad si la respuesta se demora durante un año».

Y es que, como recordaba el Ayuntamiento, el anterior sistema exigía una documentación «excesivamente amplia y particularizada» para acreditar las circunstancias personales, familiares, laborales, económicas y residenciales de los solicitantes, que provocaba que la aprobación de las listas definitivas pudiera demorarse hasta 12 meses precisamente en unos procedimientos dirigidos a atender situaciones de necesidad habitacional.