Castilla y León pedirá a la Fiscalía pruebas de edad de los supuestos menas de Ceuta que le endose el Gobierno

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha insistido este jueves en que el Ejecutivo autonómico examinará cada expediente de los menas (menores extranjeros no acompañados) de Ceuta que el Gobierno de Pedro Sánchez le intente endosar a la Comunidad y, en caso de recibir alguno incompleto, pedirá, en primer lugar, que se complete, y, de ser necesario, solicitará a la Fiscalía que realice pruebas de edad a estas personas, «si esta edad no ha sido aportada por el Gobierno».

Fernández Carriedo ha realizado esta declaraciones, recogidas por Ical, tras el Consejo de Gobierno, el día que Castilla y León se ausentó de la Conferencia Sectorial de la Infancia y Adolescencia, en la que se ha debatido el reparto de menas entre las distintas comunidades autónomas y ha insistido en que el Gobierno encabezado por Alfonso Fernández Mañueco exigirá la documentación completa de cada uno de ellos.

La prioridad para la Junta, ha explicado, es que los menores que entraron en España de forma ilegal puedan regresar junto a sus padres, o familiares. «Si se aprecia del expediente que no se han establecido todos los cauces para garantizar que el menor retorna con sus familias, lo que le pedimos al Gobierno es que el menor pueda retornar con su familia, que es con quien mejor puede estar, y presentamos el correspondiente recurso para que esto pueda hacerse efectivo», ha resumido.

Un expediente en el que, ha insistido Carriedo, es importante que se aporte la edad del menor. «Si de la documentación que se remite por parte del Gobierno no figura acreditada, lo que pedimos a través en este caso de Fiscalía es que se puedan hacer las pruebas correspondientes. Nosotros no tenemos competencias en el ámbito de justicia, pero sí pedimos a Fiscalía que cuando la edad no sea conocida, no esté acreditada, no figura en el expediente, pueda ser analizada con los correspondientes procedimientos», ha señalado en este sentido.

«Un fracaso de gestión»

Ahora Carriedo espera que el Gobierno analice bien la situación y tome las decisiones que corresponden en función de sus competencias, que esencialmente se refiere al control de fronteras. «Estamos ante una crisis que supone un fracaso de gestión por la incapacidad de establecer un adecuado control de fronteras. y la inacción desde aquel momento en el que en torno a 80.000 personas cruzaron la frontera española de forma ilegal», ha sentenciado.

Según ha destacado el portavoz de la Junta, gobernada en coalición por PP y Vox, «a día de hoy no se saben los datos precisos, no se sabe la documentación de estas personas, no se ha resuelto el problema» y, por otro lado, ha apuntado a una disparidad de criterios en el seno del Consejo de Ministros, en alusión a la titular de Defensa, Margarita Robles, y al de Interior, Fernando Grande-Marlaska. «Vemos en el Gobierno diferentes interpretaciones en función del ministro que tiene la palabra y esto refleja en definitiva un fracaso de gestión en una cuestión de seguridad nacional donde tendría que haberse actuado», ha apostillado.

Por tanto, Carriedo ha exigido al Ejecutivo central que «actúe en relación con sus competencias» y que, en consecuencia, proceda al cumplimiento de la normativa, que, desde su punto de vista, reside en la realización de un «análisis individual» de las personas que han cruzado la frontera y que, «en aplicación de la normativa, procedan a retornar al país de origen».

El recurso de la Junta

El portavoz ha aludido, además, a la doble capacidad de recurso jurídico que activará la Junta de Castilla y León: «Ante las normas de carácter general, como ya hemos hecho en más de una ocasión cuando la norma es contraria a los intereses de nuestra comunidad autónoma y también contraria a la normativa establecida al efecto, y luego, ante la aplicación de los expedientes individuales, examinamos si hay necesidad de algún recurso y, por tanto, en la medida que nos corresponda también procederemos a recurrir esos expedientes de carácter individual».

En este último caso, se recurrirán, ha agregado, si no están «suficientemente elaborados» y no se han completado todos los procedimientos, En definitiva, «si no se ha garantizado que estas personas retornan a sus familias como primer objetivo, que es lo que está en este momento como necesidad encima de la mesa».

«Llevamos ya bastantes semanas de crisis y ni siquiera el Gobierno es capaz de dar una visión general de lo que quiere hacer. Unos dicen que hay que retornar a estas personas, otros ministros no coinciden con esa visión, unos ministros tienen una visión de lo que ha pasado, otros ministros tienen otra distinta y, realmente, lo que vemos es un fracaso de gestión en una cuestión de seguridad nacional», ha zanjado, cuando está a punto de cumplirse un mes de la invasión.