Castilla y León activa la alerta por riesgo de incendios desde el jueves: hasta 37 grados y fuertes rachas de viento

Castilla y León vuelve a estar en alerta por peligro meteorológico de incendios forestales. La Dirección General de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de la Junta ha declarado la situación de alerta en toda la Comunidad para los días 3, 4, 5 y 6 de septiembre.

La medida, adoptada mediante resolución firmada el 1 de septiembre por el director general del departamento, Ángel Manuel Sánchez Martín, atiende a un escenario meteorológico especialmente desfavorable provocado por la presencia de una dorsal anticiclónica y la entrada, a partir del jueves 3 de septiembre, de una masa de aire tropical continental de origen norteafricano, según recoge el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).

Este episodio dará lugar a altas temperaturas que alcanzarán valores de entre 35 y 37 grados, acompañadas de un descenso general de la humedad relativa con mínimos por debajo del 15 %.

Asimismo, y según detalla Europa Press, entre el viernes 4 y el sábado 5 de septiembre se prevé la formación de tormentas por una dana o vaguada al oeste de la península, junto a rachas máximas de viento superiores a los 30 o 40 kilómetros por hora durante todo el periodo, pudiendo rebasar los 50 kilómetros por hora el sábado 5.

Las prohibiciones

Ante el incremento de la probabilidad de ignición y de la capacidad de propagación del fuego, la resolución prohíbe encender fuego en el monte en todo tipo de espacios abiertos, zonas recreativas y de acampada, así como el uso de barbacoas en espacios abiertos. Paralelamente, quedan suspendidas todas las autorizaciones para el uso del fuego y se prohíbe la introducción y uso de material pirotécnico o el lanzamiento de cohetes.

Por último, la normativa prohíbe el uso en el monte y en la franja periurbana de 400 metros de maquinaria que genere fuego, chispas o descargas eléctricas, tales como sopletes, soldadores o radiales. Quedan exceptuadas las actuaciones de emergencia para la reparación urgente de infraestructuras públicas y servicios esenciales previamente comunicadas a los Servicios Territoriales de Medio Ambiente, así como los trabajos necesarios para la extinción de incendios.