Castilla y León recibe nueve euros por habitante para gestionar sus competencias singulares, frente a los 450 de Cataluña

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha publicado en el pasado mes de agosto un trabajo de su Director Ejecutivo, Ángel de la Fuente, en el que se ilustra la manera de financiar las competencias singulares en las comunidades autónomas y subraya «problemas de equidad» que son «prácticamente invisibles» aunque según su gráfica se sitúa Cataluña como la comunidad que más recursos recibió, con 450 euros por habitante, frente a los nueve euros ‘per cápita’ que recibió Castilla y León.

Las competencias singulares de las comunidades autónomas en España se financian a través del Sistema de Financiación Autonómica (SFA) con recursos del Estado mediante un criterio de coste histórico y Fedea insiste en eliminar gradualmente las posibles inconsistencias de esta valoración para realizar una transición suave hacia su integración en el sistema general. Más generalmente, se aboga por aprovechar la reforma del SFA para abordar una revisión general del listado y valoración de las actuales competencias singulares.

Fedea ha recopilado los datos del ejercicio de 2023, en los que Cataluña lidera la financiación con 3.563 millones de euros, un volumen que equivale a 450 euros por habitante. En cuanto a la mayor dotación por habitante, siguen a Cataluña las comunidades autónomas de Cantabria y La Rioja, con 320 y 318 euros, respectivamente, y en cuarto lugar está Madrid con 220 euros por habitante.

Por el contrario, en el extremo opuesto del listado aparecen las comunidades que apenas han asumido transferencias singulares, como es el caso de Castilla-La Mancha, con ocho euros por habitante; Castilla y León, con nueve euros, y Extremadura, con once euros por habitante.

Fedea ha señalado en sus estudio que el gasto en competencias singulares que solo asumen algunas autonomías es de 8.319 millones de euros. La competencia singular más cara es la policía autonómica catalana, con 1.855 millones, luego el personal de la Administración de Justicia, con 1.765 millones de euros, y después la participación provincial en los ingresos del Estado, con 1.329 millones.

El estudio ha detallado que a estas partidas les siguen los fondos para la normalización lingüística, que ascienden a 813 millones, los hospitales provinciales, con 606 millones, y las instituciones penitenciarias de Cataluña, con 603 millones.

En este contexto, el informe de Fedea asegura que hay ejemplos de costes dispares por el mismo servicio, que considera «difícilmente justificables».

El listado completo de las competencias consideradas singulares en la actualidad son los medios materiales y personales al servicio de la Administración de Justicia; instalaciones y personal de apoyo a los órganos judiciales; la formación de ocupados y gestión de la formación continua; el pago del profesorado de religión en centros públicos de educación; la financiación para centros sanitarios originalmente dependientes de las diputaciones provinciales o entes asimilados cuya gestión ha sido asumida por las CCAA; la financiación para comunidades provinciales que han asumido las competencias de las diputaciones provinciales; la gestión de los parques nacionales; las Transferencias a Canarias para financiar inversiones en infraestructuras de transporte; el transporte interinsular; las Confederaciones Hidrográficas; las obras hidráulicas que no afectan a otras comunidades; las actividades de enseñanza y fomento de las segundas lenguas cooficiales en ciertas comunidades autónomas. (Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana y Galicia); Policía Autonómica con competencias de seguridad ciudadana, orden público y policía judicial (Cataluña); la vigilancia y control del tráfico de vehículos de motor en vías interurbanas (Cataluña); instituciones penitenciarias (Cataluña); autorizaciones iniciales de trabajo para extranjeros (Cataluña); inspección de Trabajo y Seguridad Social (Cataluña); Cercanías y Media Distancia (se ha traspasado a Cataluña la regulación, planificación, gestión e inspección de los servicios ferroviarios de transporte de pasajeros de Cercanías); y las becas y ayudas al estudio.

El sistema utilizado en España para financiar las competencias singulares (las asumidas por sólo algunas autonomías) tiende a generar valoraciones muy diferentes para una misma competencia en distintos territorios, lo que plantea «obvios problemas de equidad que además son prácticamente invisibles para el público general y para los analistas dado que los datos detallados de financiación de estas competencias no se publican regularmente», han subrayado desde Fedea.

En el caso de aquellas competencias que presumiblemente terminarán siendo asumidas por todas las CCAA e integrándose en el mecanismo general de financiación (como los profesores de religión o los medios al servicio de la administración de justicia), sería recomendable, apuntan desde Fedea, ir adaptando gradualmente su financiación a la fórmula de necesidades de gasto prevista para el bloque de competencias relevante en cada caso (Sanidad, Educación, Servicios Sociales o Servicios Generales). Los nuevos traspasos podrían entrar en el sistema a su coste presupuestario para el Estado, como hasta ahora, pero a partir de ahí, su financiación se iría homogeneizando, han concluido.