Las familias de los mineros leoneses muertos en Cerredo le reclaman más de un millón de euros a Asturias

Novedades en torno a la tragedia de la mina de Cerredo (Asturias) en la que murieron cinco mineros leoneses. Las familias de cuatro de los fallecidos en la explosión de grisú, registrada el 31 de marzo de 2025, mantienen abierta una reclamación de responsabilidad patrimonial contra el Principado por una cantidad que supera ya el millón de euros.

En concreto, los cuatro procedimientos suman de manera provisional 1.074.130,39 euros, según publica La Nueva España, que ha tenido acceso a los escritos remitidos a la Administración autonómica. La cantidad no es definitiva, ya que las familias se reservan la posibilidad de ampliarla o actualizarla conforme avancen tanto la tramitación administrativa como la investigación judicial, según detalla el citado medio.

Las reclamaciones corresponden a las familias de Jorge Carro André, Rubén José Souto Robla, Amadeo Augusto Bernabé Castelao y David Álvarez Núñez. El periódico detalla que los expedientes están siendo tramitados de forma independiente y que las distintas circunstancias personales, familiares y económicas de las víctimas explican las diferencias entre las cantidades solicitadas en cada caso.

Según la información adelantada, las cuatro familias sostienen la tesis de que pudo existir un «funcionamiento anormal» de los servicios públicos encargados de la inspección, vigilancia y seguridad minera que habría permitido que continuaran trabajos de extracción de carbón en una explotación en la que esa actividad no estaba autorizada.

Cerredo se encontraba en fase de cierre y clausura y una resolución de noviembre de 2023 había establecido el cese de la producción de carbón. Según adelanta el citado diario, en los escritos presentados por las familias, tras la explosión los técnicos localizaron en el tercer piso de la mina, conocido como Mangueiro, indicios y equipamiento relacionados con labores extractivas.

Entre ellos figuraban huecos generados por trabajos de deshulle, maquinaria, sistemas de sostenimiento y equipos destinados al arranque y evacuación del mineral, además de instalaciones de aire comprimido, turbinas y tuberías. El Servicio de Minas determinó que en esa zona se efectuaban trabajos de deshulle y evacuación.

Las inspecciones

La reclamación pone también el foco sobre las inspecciones realizadas anteriormente por técnicos del Principado. En concreto, las familias argumentan que Cerredo había sido objeto de distintas visitas por parte del Servicio de Minas, la última de ellas unos seis meses antes del accidente, y sostienen que existían elementos suficientes para haber detectado la realización de trabajos extractivos no autorizados y ordenar su paralización.

Los escritos mencionan igualmente advertencias previas, entre ellas una denuncia vecinal y una comunicación remitida por la empresa Promining en marzo de 2025, poco antes del accidente, en la que se alertaba de la existencia de actividades irregulares en Cerredo, según La Nueva España.

Las familias no sostienen que los funcionarios pudieran haber previsto específicamente la explosión de grisú. Su argumentación se centra en que las competencias de inspección, las visitas efectuadas y las informaciones recibidas podrían haber permitido descubrir y detener una actividad extractiva que, según mantienen, no podía desarrollarse en esas instalaciones.

La vía patrimonial contra el Principado discurre en paralelo a la investigación judicial sobre el accidente. En ella figuran como investigados el empresario leonés Jesús Manuel Rodríguez Morán, su esposa, su hijo y el director facultativo de la explotación Las familias consideran que las eventuales responsabilidades de quienes gestionaban la mina no excluirían una posible responsabilidad de la Administración si se acreditara un funcionamiento anormal de sus servicios de vigilancia.