Una plataforma en defensa del tren inicia una ofensiva judicial en León contra Transportes y el Ayuntamiento

La Plataforma en Defensa del Ferrocarril de Vía Estrecha (Feve) de León, que reclama la llegada del tren a la Estación de Matallana en el centro de la capital y rechaza el proyectado tapado de las vías para realizar el último tramo del recorrido en autobús eléctrico, mantiene el pulso de sus reivindicaciones a través de la vía judicial, con tres procesos abiertos con los que esperan lograr una solución.

El colectivo reconoció este viernes que hasta el momento no se ha logrado ningún avance y arremetió especialmente contra el Ayuntamiento de la capital, reprochando que incumpla sus obligaciones de defender sus derechos, rechace que los servicios jurídicos se interesen por las causas abiertas y atribuyéndoles, en palabras de un portavoz, César Prieto, «mucha responsabilidad» en el estancamiento del proyecto inicial que ven más acentuado en los últimos ocho años de gobierno del PSOE.

«La ejecución es responsabilidad del Ministerio, pero la reclamación lo es del Ayuntamiento» señaló antes de anunciar que el PP municipal presenta este mismo viernes una moción que solicita que el Consistorio se persone en uno de los procesos abiertos. «Curiosamente, la única parte exitosa del Convenio Marco es la relacionada con el aprovechamiento urbanístico» comentó Prieto.

En concreto, se pide esa implicación sobre el recurso presentado en la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional contra el Ministerio de Transportes dirigido por Óscar Puente por su inactividad en el cumplimiento del Convenio Marco de 2010 que atañe a la integración de Feve en la ciudad. Lamentaron que por decisión de la Alcaldía el Ayuntamiento haya decidido no personarse en una causa «que se sigue en su beneficio incumpliendo con la obligación de ejercer las acciones necesarias para la defensa de sus bienes y derechos».

El Ayuntamiento de León, añadieron, no sólo no ha defendido, como es su obligación, la ejecución del Convenio obligando a la ciudadanía a hacerlo en su lugar, sino que incumple las obligaciones que le marca la ley para que dicha sustitución pueda hacerse con las máximas garantías. Transcurridos casi cuatro meses desde la interposición del recurso, el Ayuntamiento de León sigue incumpliendo los reiterados requerimientos del juzgado situándose las autoridades o funcionarios responsables de dichos incumplimientos en situación de desobediencia y el colectivo no descarta una cuarta posible acción judicial para reclamar responsabilidad penal a alguna autoridad o funcionario del Consistorio.

Querella contra un director general de Transportes

La Plataforma presentó también una querella en la Sección de lo penal del Tribunal de Instancia de Madrid por presunta desobediencia, prevaricación y falsedad documental contra un director general del Ministerio de Transportes, en un procedimiento, señalan, que ilustra las «enormes trabas interpuestas por las administraciones a la hora de dar acceso a la ciudadanía, como es su derecho, a los distintos expedientes».

Además, formalizó un recurso en la Sección de lo contencioso-administrativo del Tribunal de Instancia de León contra el Ayuntamiento de la capital por su inactividad en su obligación de comunicar, a quien le sustituye procesalmente en la acción anterior, cuanta información obre en su poder en vista de la preparación de la demanda y para lograr, por la vía judicial, que el Consistorio cumpla con su obligación de reclamar el cumplimiento del Convenio Marco de 2010.

«Las mociones y los frentes comunes políticos sirven para blanquear una clase política que ha abandonado hace años la causa. La Plataforma no ha nacido para ser un factor más del folclore político leonés. La integración es un compromiso jurídico del pasado sobre el que se deben depurar responsabilidades», remarcó el portavoz.