El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, acompañado por el vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, en una imagen de archivo
La fórmula con la que Castilla y León busca expulsar a los menas ante la «dejadez» del Gobierno de Sánchez
El Ejecutivo autonómico ha reiterado que la Comunidad seguirá siendo «tierra de acogida» para la inmigración regular
La Junta de Castilla y León explorará acuerdos con terceros países para facilitar el retorno con sus familias de los menas llegados a la Comunidad, que tutela en este momento a 164, lo que supera en un 26 % las 130 plazas de acogida disponibles. «Nosotros lo que no nos vamos es a quedar parados ante la inacción del Gobierno», ha dicho el portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, quien ha considerado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez debería liderar esta cuestión.
En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, Fernández Carriedo se ha remitido al artículo 35.2 de la Ley de Extranjería que habilita a las Comunidades Autónomas para promover acuerdos con países de origen de los menores extranjeros no acompañados y ha denunciado la «dejadez» del Gobierno, porque a su juicio, como en la crisis de Ceuta, son las autonomías las que están defendiendo los intereses del país y no el Ejecutivo central.
De hecho, la norma a la que alude la Junta establece que las comunidades «podrán establecer acuerdos con los países de origen dirigidos a procurar que la atención e integración social de los menores se realice en su entorno de procedencia». Estos convenios, añade, «deberán asegurar debidamente la protección del interés de los menores y contemplarán mecanismos para un adecuado seguimiento por las Comunidades Autónomas de la situación de los mismos», según recoge Ical.
Asimismo, Fernández Carriedo ha argumentado que Castilla y León tiene «superadas» sus capacidades de atención en los centros de acogida, que disponen en total de 130 plazas. Sin embargo, apuntó que quieren dar una atención «adecuada» a estos niños por lo que defendió la necesidad de hacer un «esfuerzo» para facilitar la «reagrupación familiar» con el fin de que estos menores puedan volver a su hogar. Al respecto, ha evitado precisar el estado de la negociación o conversaciones con otros países hasta que se autoricen los traslados.
De la misma forma, el portavoz ha evitado hablar de los «costes» de estos trámites y ha insistido en que la posición de la Junta responde a que consideran que los menores deben regresar con sus familias. Además, al ser preguntado por si se consultará la preferencia del menor, garantizó que se harán «análisis individualizados», «caso por por caso» sobre los «hechos concretos» para estudiar cada una de las circunstancias.
«Tierra de acogida»
Igualmente, el consejero portavoz ha reiterado que Castilla y León sigue siendo una «tierra de acogida» para las personas que vienen a trabajar, integrarse, a pagar impuestos y a cotizar a la Seguridad Social, ya que ha recordado que en agosto se incrementó la afiliación por parte de extranjeros en un 2,1 %, hasta los 121.517 respecto al mes anterior, lo que supone una subida interanual del 19,7 %, cinco puntos por encima de la media nacional (15,7 %).
«Creemos firmemente en la existencia de una emigración legal, ordenada, de personas que vienen a contribuir al futuro de la Comunidad y que vienen a integrarse, desde el punto de vista social y laboral», ha trasladado el consejero portavoz quien ha reiterado que la Junta mantiene su posición también sobre que los menores migrantes no acompañados están «mejor» con sus padres o familias, por lo que trabajan con esa «prioridad».